Jacob Israel Guaman Toaza
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jacob Israel Guaman Toaza
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Se ordena el archivo del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos, sin mayor pronunciamiento el escrito del promovente del juicio de amparo; toda vez que, mediante proveído de veintiocho de mayo del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. MESA I. EJSR.
- Principal
SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, veintisiete de mayo. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA Vista la demanda de garantías promovida por Raúl Alejandro López Navarro, en representación de Jacob Israel Guaman Toaza; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 294/2021-I. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del contenido de la demanda de amparo, se tiene que los actos de autoridad que se reclaman son: I). La incomunicación. II). La privación de la libertad (alojamiento, resguardo, retención). III). Deportación. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 15, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO Al versar la demanda de amparo sobre la posible existencia de actos de autoridad a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, la tramitación es de naturaleza urgente; por lo que a ellos se refiere, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, tiene a bien conceder la suspensión de plano respecto de la incomunicación o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que la promovente del juicio dice que es objeto el quejoso Jacob Israel Guaman Toaza, para que cesen de inmediato. En relación a los actos que señaló como actos de tortura, de los que dice el promovente es objeto el directo quejoso Jacobo Israel Guaman Toaza, se concede la suspensión de plano o de oficio para el efecto de que no se lleven a cabo, o en su caso, cesen de inmediato. De igual manera, se concede la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecute la orden de deportación del quejoso en cita, quedando a disposición de este órgano de control constitucional en el lugar donde se encuentre, sólo por cuanto a su libertad personal se refiere, de conformidad con el artículo 160 de La Ley de Amparo. Ahora bien, ante la posible existencia de una privación de la libertad fuera de procedimiento (alojamiento, resguardo, retención) del directamente agraviado, por parte de las autoridades señaladas como responsables, se concede la suspensión de plano, para lo siguiente: Si la detención de Jacob Israel Guaman Toaza fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención; poniéndolos en libertad o a disposición del Ministerio Público. Si la detención del agraviado fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, pero no tiene relación con la comisión de un delito; entonces la suspensión se concede para el efecto que sea puesto en libertad, tal y como lo previene el artículo 164 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo. Por otra parte, como lo establece el artículo 165 de la Ley de Amparo, si la parte quejosa se encuentra a disposición de una autoridad relacionada con la institución del Ministerio Público, en cumplimiento de una orden de detención, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, contadas a partir del momento de la detención del quejoso, éste sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Asimismo, si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público, por haber sido detenido en flagrancia, el plazo de las cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de que el amparista sean puesto o haya sido puesto a su disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad y a la vez se le hagan entrega de sus pertenencias; o consignado al juez correspondiente. Se precisa que esta suspensión no surtirá efectos si la restricción de la libertad emana de un acto de autoridad distinta de las que se señalan expresamente en la demanda de amparo como autoridades responsables o si deviene de un mandamiento judicial. RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN RECLAMADA En cuanto a la incomunicación que la promovente refiere son objeto el quejoso, debe decirse que ésta se traduce, en todo caso, en la omisión de las autoridades de permitirles comunicarse con algún familiar o con persona de su confianza, para hacerle saber sobre su detención y sobre el lugar en que se encuentra detenido; e incluso, tendiente a poder designar libremente a un defensor para que lo asista. Así como también, en su caso, la omisión de las autoridades de facilitarles al quejoso los medios adecuados para que pueda designar libremente a un defensor previo a llevar a cabo cualquier diligencia en la que intervenga la parte agraviada; o bien, el no permitirle comunicarse y/o entrevistarse con su defensor. Además, el no permitirle ser visitado, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por la reglamentación respectiva que rija para el lugar de su detención. Por tanto, las autoridades responsables que estén involucradas en la detención y/o retención del impetrante de garantías, con el informe relativo a la suspensión de plano, deberá manifestar y en su caso justificar, con las constancias respectivas: 1.- Si permitieron al directamente quejoso comunicarse con algún familiar o persona de su confianza, para hacerle saber sobre su detención y sobre el lugar en que se encuentra detenido; e incluso, tendente a poder designar libremente a un defensor para que lo asista. 2.- Si le facilitaron al quejoso los medios adecuados para que en su caso designe libremente a un defensor; sin menoscabo de la obligación de las autoridades de nombrarle un defensor de oficio, en caso de que el quejoso no disponga de asistencia de un abogado de su elección. 3.- Si le han permitido comunicarse y/o entrevistarse con su defensor, en caso de tener uno ya designado. 4.- Si le ha permitido ser visitado, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por la reglamentación respectiva del lugar de su detención. En la inteligencia de que si las autoridades involucradas en la privación de la libertad, al momento en que reciban la notificación de esta determinación, aún no hubiesen procedido de esta manera; entonces, como efecto de la suspensión concedida, deberán de inmediato proceder a realizar las acciones arriba indicadas, o bien, girar las instrucciones respectivas, con el objeto de que cese la posible incomunicación o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De igual forma, se requiere a las responsables que ante la contingencia de COVID19, procuren que se respete la sana distancia que debe existir entre cada uno de los sujetos que se encuentran en reclusión, o bien, de ser necesario, aislar al quejoso y otorgarle un lugar de confinamiento especial con las medidas sanitarias y en su caso de salud que requiera. En la inteligencia de que las autoridades responsables tienen la obligación de llevar a cabo cualquier otra medida que consideren pertinente, con la finalidad de evitar el posible contagio o propagación del virus en mención. RESPECTO A LA NACIONALIDAD EXTRANJERA DEL QUEJOSO En la inteligencia de que el promovente del juicio en la demanda de garantías señala que el quejoso es de nacionalidad extranjera -ecuatoriana-, por lo que las autoridades responsables involucradas en su privación de la libertad, deberán, de inmediato, comunicar al consulado de ese país sobre su detención. VERIFICACIÓN DE CESE DE ACTOS RECLAMADOS Y REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE DEMANDA Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya en Estación Migratoria Provisional, ubicada en la calle Cuba número 101, colonia Josefa Zozaya, en Guadalupe, Nuevo León; y en su caso en la Estación Migratoria, sito en avenida Lázaro Cárdenas número 1817, Jardín de las Torres, primer sector, en esta ciudad; ambas pertenecientes a la Oficina Representación del Instituto Nacional de Migración, y se cerciore que efectivamente cesen los actos por los que esta suspensión se concede. Además, para que interrogue al agraviado con la finalidad de que éste le informe si ha peticionado comunicarse con algún familiar o persona de su confianza y, en su caso, a cuál autoridad lo solicitó y si ésta, contrario a su requerimiento, lo ha mantenido oculto o incomunicado. Debiendo el actuario asentar en el acta respectiva cualquier circunstancia o incidencia que esté relacionada con estos actos y que pueda ser conocida o apreciada a través de los sentidos. Además, deberá requerir al quejoso para que en ese momento o dentro del plazo de tres días, ratifique la demanda de amparo presentada a su favor por el promovente; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias tomadas. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables y encargadas del sitio en que se encuentra el quejoso, que deberá facilitar el acceso al actuario judicial adscrito para que pueda desahogar la diligencia con la parte agraviada; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a la autoridad que físicamente tenga bajo su guarda o custodia al amparista, para que de necesitar éste atención médica, le sea proporcionada de inmediato; y de acreditarse los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. PETICIÓN DE INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO Comuníquese a las autoridades responsables, por parte del personal autorizado de este juzgado, sin demora, esta determinación, para su inmediato cumplimiento. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables, a fin de que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que reciban la comunicación que derive de este proveído, rindan sus informes sobre la presente suspensión de plano y, en su caso, manifiesten las acciones que hubiesen llevado a cabo para acatar esta suspensión, así como cualquier otra incidencia en torno a ella. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo concedido, se les impondrá una medida de apremio, consistente en una multa por el equivalente entre cincuenta a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en concordancia con el 259 de la Ley de Amparo. Independientemente de que pudiera incurrir con su desacato en algún delito. NO SE APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se precisa que toda vez que los actos reclamados en la demanda de amparo fueron materia de suspensión de plano, no es el caso aperturar incidente de suspensión. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación; y córrasele traslado con copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de garantías. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contado a partir de que se encuentren legalmente notificadas, al que, en su caso, deberán acompañar copia certificada legible de las constancias en que apoyen su informe, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en la sentencia que resuelva el presente juicio, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo; además, hágase de su conocimiento que dicho informe deberá estar rendido y agregado a los autos cuando menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta a trescientos valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se les envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con sus informes justificados. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Alejandro López Navarro, ello en virtud de que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, a nombre de dicho profesionista; y consecuentemente, se encuentra acreditada legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. DOMICILIO PROCESAL Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en la demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o existiendo no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. HABILITACIÓN DE HORAS Y SERVICIOS GRATUITOS Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo y 17 constitucional, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que resulten en este expediente, con el fin de lograr una justicia pronta y expedita; también que al tenor de lo dispuesto por el párrafo segundo del ya citado artículo constitucional, los servicios que este juzgado de distrito presta en lo atinente a la administración de justicia, son gratuitos. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. SERVICIOS EN LÍNEA Se autoriza el acceso y envío de promociones de manera virtual, mediante el sistema de servicios el línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario "licrauol_lopez", en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo y con apoyo además en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Consecuentemente, instrúyase a la analista jurídico de sistema integral del seguimiento de expedientes (S.I.S.E.) y al personal actuarial de este juzgado, para que tome las medidas correspondientes. VISTA LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará sí tal oposición puede surtir efectos. Asimismo, se les hace saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes del dictado del fallo correspondiente, de manifestar su voluntad para que en la publicación respectiva se supriman datos personales e información confidencial o reservada que se genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier título, con el propósito de garantizar el derecho de la privacidad de los gobernados y el interés público. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; personalmente a los quejosos y a la promovente del juicio.
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