Jacob Flores Crisanto

Expediente 1202/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1202/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
31/12/2015

Partes del expediente

  • Jacob Flores Crisanto
  • Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A Vista la diligencia de notificación de veintinueve de diciembre del presente año, asentada por el actuario de la adscripción, se advierte que, notificó a los quejosos a excepción de ELÍ CRUZ REYES, el proveído de veintiuno del mes y año en curso, dictado en este juicio de amparo. Por otra parte, en cuanto al quejoso MOISÉS DELGADO RÍOS, ténganse por hecha su manifestación de desistirse del presente asunto; lo que será tomado en consideración al momento de dictarse la sentencia. El Actuario de este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a ELÍ CRUZ REYES, en virtud de que el veintisiete de noviembre pasado, fue trasladado al Cefereso 14 "CPS-Durango"; en consecuencia, a fin de dictar acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias relativas de las cuales se advierta el quejoso ELÍ CRUZ REYES, fue trasladado al Cefereso 14 "CPS-Durango"; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense los informes rendidos por la Encargada del Despacho de la Dirección General; Jefa del Departamento del Centro de Observación y Clasificación; Encargada del Departamento de Actividades Educativas; Jefe del Departamento de Actividades Laborales; Director del Área Jurídica, Secretario Técnico y Representante Legal, todos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en contestación a la suspensión de plano decretada en este asunto. Por otra parte, agréguese el escrito suscrito por los quejosos y firmado por siete de ellos; visto su contenido, se le tiene revocando el domicilio que se encuentra señalado en autos para recibir notificaciones, y designando como nuevo domicilio el ubicado en calle Violetas número ciento cuatro, colonia Reforma, en esta ciudad, teniéndose por autorizadas con las amplias facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por así solicitarlo y tratarse este asunto de la materia penal. En otro aspecto, agréguese el escrito del Defensor Público Federal Florentino Francisco Pimentel Girón, por el que manifiesta que practicó visita carcelaria a ERICK RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, quien le indicó que él no había firmado la demanda de amparo y que no reconoce la firma como suya; consecuentemente, con fundamento en los artículos 204 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, a efecto de acordar lo procedente, por conducto del Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, requiérase al quejoso ERICK RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, para que en el momento de la notificación o dentro del plazo de tres días manifieste bajo protesta de decir verdad, si la firma que aparece en la demanda de amparo la reconoce como suya o no; apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Agréguese el escrito del Defensor Público Federal Florentino Francisco Pimentel Girón, por el que manifiesta que respecto del quejoso ELÍ CRUZ REYES, ya no se encuentra en ese centro federal, en virtud de que ya fue dado de baja sin obtener mayores datos, por lo que solicita se requiera al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca, para que, informe la situación actual del aludido quejoso; al respecto dígasele que se está a lo acordado en este propio auto. En cuanto al escrito del Defensor Público Federal Florentino Francisco Pimentel Girón, por el que manifiesta que practicó visita carcelaria al quejoso EDUARDO DAVID REQUENES ORTIZ, quien le informó que ha sido maltratado y le mostro lesiones que presenta en los tobillos y en las muñecas, esto debido a las esposas que le son puestas por personal de seguridad penitenciaría del aludido cefereso, por lo que solicita se adopte las medidas necesarias para que cesen las vejaciones que sufre el citado quejoso; al respecto, dígasele que en auto de veintiuno de diciembre actual, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, en términos del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en virtud de que los quejosos referían haber sido objeto de tortura. Finalmente agréguense los tres últimos escritos de los quejosos y Defensor Público Federal; vistos sus contenidos, por lo que hace a las pruebas que ofrece, se reserva proveer, hasta en tanto obre en autos los informes justificados de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MESA II A Agréguese el escrito del quejoso Jacob Flores Crisanto, por el que cumple con el requerimiento que se le hizo en auto de veintidós de los corrientes; al efecto se provee: Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En este tenor, se advierte que contra los actos que reclama el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Ese numeral establece lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, de ahí que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el juicio de amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios; por ello, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Ahora, en el caso, la quejosa reclama el acuerdo de seis de julio de dos mil quince dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio, por el que se ordena la publicación por edictos respecto de la apertura del término probatorio. De la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa, indica como antecedentes del acto reclamado los siguientes: ".con fecha 19 de agosto del año en curso hasta mi domicilio se me entregó una notificación en donde se me dice que para poder abrir el juicio a prueba en el expediente civil número 412/2014 del Jugado 8º de lo civil del distrito judicial del centro se me pide que deberé acudir ante una oficina alterna que se encuentra en el edificio que ocupan los juzgados civiles familiares denominado CENTRAL DE ACTUARIOS para solicitar que me expida los edictos respectivos para la publicación de los edictos en los periódicos de mayor circulación del estado y en el periódico oficial del estado, para que se lleve (sic) se abra el juicio a prueba respecto al juicio ordinario civil reivindicatorio, a pesar de haber transcurrido muchos meses sin que se me haya notificado con anterioridad como medida preventiva ya que yo constantemente he acudido ante el juzgado que conoce del asunto pero jamás se me ha notificado o se me haya hecho alguna observación de que debería hacer las publicaciones, desde que yo solicité que se abriera el juicio a prueba pero en ningún momento se mencionó nada al respecto.". Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado al procedimiento que rige el acto impugnado, mismo que tiene por objeto que se revoque el auto impugnado. Tal dispositivo establece: Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De la transcripción de dicho numeral se advierte que los autos que no son apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó. En la especie, el peticionario del amparo contra el auto de seis de julio de dos mil quince dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 412/2014, por el que se ordena la publicación por edictos del proveído por el que se apertura el término probatorio, estaba en aptitud de interponer en forma oportuna aquél medio de defensa, porque es parte en el procedimiento natural, y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó precisado en el párrafo que antecede, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA II A Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mesa II. Notificación personal por lista. (Quejoso) Vista la demanda de amparo promovida por Jacob Flores Crisanto, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de del Centro, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1202/2015. Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que la aclare, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En tales condiciones, con fundamento en el invocado numeral 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente a fin de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y, de conformidad con lo previsto por el artículo 108, fracción II, de la misma ley, regularice su demanda de la siguiente manera: a) Proporcione el domicilio de la parte demandada en el expediente civil 412/2014 del índice del Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial del Centro; toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercera interesada en esta instancia. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente y cúmplase

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