Jacob Eduardo Thomas Sanchez
Expediente 2267/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 47 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2267/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jacob Eduardo Thomas Sanchez
- Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona Uno, Tuxtla, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
MESA 2-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de tres de abril año en curso, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; agréguese a sus autos el original del incidente de suspensión respectivo y continúese con el folio correspondiente; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, en sus puntos Vigésimo, y Vigésimo Primero, en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. No obstante lo anterior, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo que se ordenó glosar a los autos en líneas que anteceden, de conformidad a la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo vigésimo primero, es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, así como el original del incidente de suspensión, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, mediante oficio, para que esta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Decimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la depuración del presente juicio de amparo y a la destrucción del incidente de suspensión, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido. De conformidad con la fracción III del ordinal Vigésimo del Acuerdo General Conjunto referido destrúyase únicamente el duplicado del referido incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos. Finalmente, devuélvase al Juzgado responsable, la documental que acompañó a respectivo informe con justificación, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
MESA 2-B Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Cabe precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: a) Deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en el toca 400-A-2P01/2015, relativo al cuarto recurso de apelación subsecuente interpuesto por Jacob Eduardo Thomas Sánchez, por conducto de su defensor particular Freddy Soto Ulloa, que confirmó la determinación de cuatro de mayo de la citada anualidad, en la que se declaró improcedente el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inimputabilidad promovido por el aquí quejoso, dentro del proceso penal 231/2015, instruida en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de Reyna Edid Pérez Castañeda; b) En su lugar, dicte una nueva resolución, en la que, siguiendo los lineamientos de esa ejecutoria, revoque el auto pronunciado el cuatro de mayo de la citada anualidad, en el que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, declaró improcedente el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inimputabilidad promovido por el aquí quejoso, a efecto de que dicho juez admita a trámite la citada incidencia y provea sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el procesado para acreditar su pretensión, es decir, su estado de salud mental; y, en su momento, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda. Ahora, mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 271 a 273), causó ejecutoria la sentencia dictada el siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 183 a 215), por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, Tuxtla, con sede en esa ciudad y Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Tonalá, Chiapas (fojas 271 a 273). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De lo anterior deriva, que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Atento a lo expuesto, mediante oficio 396-A-2P01/2018, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, la secretaria general de acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, Tuxtla, con sede en esa ciudad, remitió la interlocutoria de esa propia fecha, dictada en el toca 400-A-2P01/2015, en la que declaró insubsistente y sin valor jurídico, la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, pronunciado con motivo al recurso de apelación interpuesto por el licenciado Freddy Soto Ulloa, en su carácter de defensor particular del procesado Jacob Eduardo Thomas Sánchez, en contra de la sentencia interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, al resolverse de plano el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inculpabilidad, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, en la causa penal 231/2015. Asimismo, revocó la sentencia interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada al resolverse de plano el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inculpabilidad, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, en la causa penal 231/2015. Además, ordenó la reposición del procedimiento a efecto de admitir a trámite la incidencia planteada por el defensor particular del procesado y proveer sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el procesado para acreditar su pretensión; es decir, su estado mental. Y, apuntó también, en su momento se dicte la sentencia interlocutoria con plenitud de jurisdicción, resolviendo lo que en derecho proceda (fojas 288-297). Por su parte, el Juez responsable, por auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, tuvo por recibida la resolución antes referida -de ocho de agosto de dos mil dieciocho-, y con fundamento en los artículos 509, 511 y 512 y demás relativos al Código de Procedimientos Penales, admitió el incidente planteado por el ocursante, asimismo, proveyó sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el procesado, a saber, giró sendos oficios al Director de la Unidad de Atención a la Salud Mental "San Agustín", con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Director del Centro Estatal Para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, Director del Hospital General de Tonalá, Chiapas y Subdirector de Servicios Periciales Istmo Costa, ello, para acreditar la pretensión del oferente, es decir, su estado de salud mental (fojas 305-306). Así, seguido el trámite para el desahogo de las mismas, se obtuvo el dictamen del médico psiquiatra Gonzalo Ordaz Cruz, en el cual argumentó que probablemente el procesado tiene disminuida inteligencia en grado leve, dictamen que fue debidamente ratificado por el citado galeno (fojas 355 y 372). Finalmente, por oficio 216-A/2019, de trece de marzo de dos mil diecinueve, el secretario de acuerdos encargado del despacho del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Tonalá, Chiapas, allegó a este órgano jurisdiccional la resolución interlocutoria de esa data, en la que con libertad de jurisdicción determinó que no es procedente el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inculpabilidad promovido por Fredy Soto Ulloa en su carácter de defensor particular del procesado Jacob Thomas Sánchez (fojas 458 a 465). Documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o, tienen valor probatorio pleno al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, si la Sala responsable dejó insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en el toca 400-A-2P01/2015, relativo al cuarto recurso de apelación subsecuente interpuesto por Jacob Eduardo Thomas Sánchez, por conducto de su defensor particular Freddy Soto Ulloa y en su lugar, dictó una nueva resolución, en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, ordenó revocar el auto pronunciado el cuatro de mayo de la citada anualidad, en el que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, declaró improcedente el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inimputabilidad promovido por el aquí quejoso, a efecto de que dicho juez admitiera a trámite la citada incidencia y proveyera sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por el procesado para acreditar su pretensión, es decir, su estado de salud mental; y, en su momento, el Juez de instancia, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho corresponde, es inconcuso que dicho proceder se ajusta a los lineamientos determinados en el fallo protector. Por tanto, es indudable que la ejecutoria de amparo, ha sido cumplida. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.
- Principal
MESA 2-B Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Primer Secretario de Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada de la resolución de trece del mes y año en curso, dictada en el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inculpabilidad, promovido por el licenciado Fredy Soto Ulloa, en su carácter de defensor particular del procesado Jacob Thomas Sánchez, dentro de la causa penal 231/2015 de su índice. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta y anexo, consistente en copia certificada de la resolución de trece del mes y año en curso, dictada en el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inculpabilidad, promovido por el licenciado Fredy Soto Ulloa, en su carácter de defensor particular del procesado Jacob Thomas Sánchez, dentro de la causa penal 231/2015 del índice del juzgado responsable, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; en apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1º.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo."
- Principal
Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el telegrama enviado por el Primer Secretario de Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad, por medio del en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, informa que dicho órgano jurisdiccional dictó resolución en el incidente no especificado de suspensión del procedimiento por causa de inculpabilidad, promovido por el licenciado Fredy Soto Ulloa, en su carácter de defensor particular del procesado Jacob Thomas Sánchez, de la cual refiere remitirá copia certificada ordinariamente. En atención a lo anterior, se tiene en vías de cumplimiento la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo por parte de dicha autoridad responsable; asimismo, este órgano de control constitucional se encuentra en espera de recibir por la vía ordinaria copia certificada de la resolución que se menciona en el telegrama de cuenta.
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