Jacob Banman Peters

Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Jacob Banman Peters

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto dictado en este asunto; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se sobreseyó por todos los actos reclamados, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente es destruible en un plazo de tres años, contado a partir de la notificación de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Delegada de la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua Chihuahua, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del título de concesión con número de registro 06CHI113040, relativo al expediente CH-L-3775-24-11-14 así como su respectiva notificación. Ahora, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por la autoridad responsable anexas al oficio de cuenta, la Titular de este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, cabe destacar la jurisprudencia 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De lo anterior, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en el artículo anteriormente transcrito, se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la omisión de emitir acuerdo y/o contestación a su petición de Modificación Técnica de Título de Concesión, asignado bajo el número de expediente CHI-L-3775-24-11-14. Ahora, de las constancias allegadas al expediente mediante oficio BOO.906.00.1.-6691, en que se actúa, pone de manifiesto que la autoridad responsable, mediante oficio BOO.090601.-5436 E, remitió el título de concesión con número de registro 06CHI113040, derivado del expediente CHI-L-3775-24-11-14, y notificó, según se advierte del acta de notificación practicada a la parte quejosa, por el notificador adscrito a la Comisión Nacional del Agua, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, y la cual cuenta con firma autógrafa de recibido. En ese contexto, es evidente que han cesado los efectos de la omisión de emitir acuerdo y/o contestación a su petición bajo el número de expediente CHI-L-3775-24-11-14., restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la invocada causa de improcedencia, por lo que con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia I.7o.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito, consultable a página mil seiscientos, del Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional.". Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio de la garantía de administración de justicia pronta y expedita tutelada por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Dado la determinación que antecede, se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas con trece minutos del siete de diciembre de dos mil veinte.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del tres de agosto del año en curso se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los diversos acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del propio cuerpo colegiado. SE LEVANTA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera 22/03/21 12:36:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.cb SANDRA GUADALUPE PARDO MUÑIZ presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO PROCEDIMIENTO PARA OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular (614) 235 6031; licenciada Sandra Guadalupe Pardo Muñiz, Secretaria de Juzgado a quien le corresponde la tramitación del presente juicio de amparo. Correo electrónico 7:45 A 12:45 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo 22/03/21 12:36:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.cb SANDRA GUADALUPE PARDO MUÑIZ 1jdo17cto@correo.cjf.gob.mx y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico del juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. d) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Chihuahua Capital, la promoción u oficio, la cual estará ubicada en la explanada del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva, a través del sistema "Agenda OJ". y c) Para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor, que necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. De los presentes autos, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con treinta minutos del dos de abril de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional, misma que no se pudo verificar debido a la pandemia generada por el virus Covid-19. En consecuencia, se reanuda el trámite del presente juicio de amparo; Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con trece minutos del siete de diciembre de dos mil veinte. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto.

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