JACKSON UBER RAMOS POLANCO y Otros.
Expediente 359/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- JACKSON UBER RAMOS POLANCO y Otros.
- Claudia Prieto Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés.********************Causa ejecutoria.********************Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Tomos de pruebas.********************Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes.********************Archivo.********************Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.********************Valoración. ********************Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto.********************No relevancia documental.********************Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. ********************Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, por medio del cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La detención, aseguramiento o prolongación de la privación de su libertad mediante la institución jurídica denominada alojamiento temporal; Tortura, tormento e incomunicación; y, La orden de deportación, retorno asistido o retorno voluntario. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y anexos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte: Que a través de los diversos oficios signados por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, los aquí quejosos quedaron en libertad materialmente de la siguiente manera: Jackson Uber Ramos Polanco a las nueve horas con cinco minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós. Luis Adan Aleman Sevilla a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós. Claudia Prieto Rodríguez a las doce horas con cinco minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós. Orgenis del Toro Guerra a las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós. Alexander Perez Herrera a las doce horas con veinticinco minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós. Alejandro Rodríguez Lima a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós. Julio Cesar Denis Oliva a las nueve horas con cinco minutos del siete de abril del dos mil veintidós. Leonardo Luis Martínez Izquierdo a las nueve horas con veinticinco minutos del siete de abril del dos mil veintidós. Duviel Yanes Martin a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de abril del dos mil veintidós. Boris Valle Hernandez a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de abril del dos mil veintidós. Laura Noda Rodriguez a las ocho horas con veinticinco minutos del ocho de abril del dos mil veintidós. Kleivys Fernández González a las once horas con cinco minutos del doce de abril del dos mil veintidós. Daelsio de Jesús Martínez Nazco, a las diez horas con cinco minutos del siete de abril del dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada de los acuerdos dictados el veintidós y veintinueve de abril del dos mil veintidós, y seis de mayo del año en curso, en los expedientes administrativos migratorios aperturados a los aquí quejosos, en los que se declaró que dichos extranjeros se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de tales procedimientos, determinando que estos últimos se tuvieran por concluidos. Documentales las precisadas en los incisos c) y d), a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento y un sello expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que Jackson Uber Ramos Polanco, Luis Adán Alemán Sevilla, Claudia Prieto Rodríguez, Orgenis del Toro Guerra, Alexander Perez Herrera, Alejandro Rodríguez Lima, Julio Cesar Denis Oliva, Leonardo Luis Martínez Izquierdo, Duviel Yanes Martin, Boris Valle Hernández, Laura Noda Rodríguez, Kleivys Fernández González y Daelsio de Jesus Martinez Nazco, quedaron en libertad el treinta de marzo, siete, ocho y doce de abril del año en curso, y en virtud de que se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el veintidós y veintinueve de abril del dos mil veintidós, y seis de mayo del año en curso, se dictó respectivamente en los procedimientos administrativos migratorios, seguidos a dichos quejosos, un acuerdo en el que se determinó tener concluidos tales procedimientos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraban ha sido sustituida por las nuevas determinaciones emitidas el veintidós y veintinueve de abril del dos mil veintidós, y seis de mayo del año en curso, en los procedimientos administrativos migratorios, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. Se agrega inspección. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la inspección judicial de once de mayo de dos mil veintidós; con su contenido, dése vista a las partes. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se otorgó a las partes en auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, sin que al efecto hayan desahogado el requerimiento ahí realizado. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo referido, por tanto, la inspección judicial ofertada por la parte quejosa, se desahogará al tenor de los puntos que precisó en el escrito de demanda, los cuales se califican de legales en términos del artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Encomienda diligencia al actuario. En conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a la actuario adscrita a este Juzgado a fin de que proceda a su desahogo en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de San Luis Potosí, y para tal efecto, se programan las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, autorizándolo para que obtenga imágenes fotográficas de lo que observe en relación con los puntos sobre los que versará la inspección (de ser necesario); fecha que atiende a la carga laboral con la que cuentan los actuarios de la adscripción. Hágase del conocimiento de las partes que para el desahogo de la referida probanza deberán presentarse cinco minutos antes de la hora precisada en el párrafo que antecede, en la puerta principal del edificio en el que se localiza la Estación Migratoria referida, a efecto de que ingresen acompañados del actuario de la adscripción, quien tiene el número de contacto 444-421-01-65. Apercibimiento a las partes. Hágase lo anterior del conocimiento de las demás partes, para que si lo consideran conveniente estén presentes en el desahogo de dicha prueba; con la precisión de que aún ante su inasistencia se llevará a cabo tal diligencia. Requerimiento a la autoridad responsable. Requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que permita al actuario de la adscripción la consulta de las constancias a que se refieren los puntos materia de la inspección judicial, y se le permita la toma de fotografías a efecto de desahogar la probanza citada. Asimismo, para que autorice a las partes de este asunto a que se encuentren presentes en la referida diligencia. Apercibimiento. En caso de no atender el requerimiento que antecede, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Diferimiento. Para dar oportunidad al desahogo de la inspección judicial multicitada, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
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