Jackerman Israel García Méndez

Expediente 476/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
476/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Jackerman Israel García Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    INC. 476/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. 1. Se agrega copia a este expediente. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, del que se agrega copia a este expediente. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones, deja de surtir efectos la suspensión concedida en interlocutoria emitida el cinco de octubre de dos mil veinte, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original (depurable). Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva respecto de un acto reclamado, el original de este expediente es depurable una vez que transcurran tres años, periodo durante el cual estará en resguardo en este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 18, inciso a), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los noventa días siguientes, se ordenará la depuración el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. 4. Destino de duplicado. En el entendido de que en interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veinte se determinó el destino del duplicado de este incidente de suspensión. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 476/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo promovido por ***, dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, sin que dicha parte hubiere interpuesto algún medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, este expediente es destruible, porque lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 7. Incidente de suspensión. Acuérdese sobre el archivo relativo en el incidente de suspensión respectivo, si ello resultara procedente. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así como en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Devolución de tomo anexo. Devuélvase a la autoridad judicial responsable la copia certificada de diversas constancias relacionadas con el juicio 65/2020 de su índice, que en la vía de controversias del orden familiar, promovió **** por sí, y en representación de la menor de iniciales *** y con el que en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se ordenó formar el tomo anexo. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA - PREVIO AVISO- PRAL.476/2020 MESA 1-B Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 476/2020; y, R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra 1º el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente familiar 65/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia y alimentos, promovido por **** a favor de su menor hija, en el que se fijó como medida provisional la pensión alimenticia equivalente al cuarenta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe como empleado del****, con excepción de viáticos y gastos de representación, el cual se fijó el veinte por ciento a la cónyuge *** y el otro veinte por ciento a la menor de iniciales **atribuido a la jueza Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, b) la ejecución de dicho acto, que se reclama del director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    INC. 476/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veinte. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de catorce de octubre último se tuvo por emplazada a esta instancia constitucional a la tercera interesada *** por sí y en representación de la menor de iniciales ***; misma que, al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez o en este municipio o solicitara se le realizaran vía electrónica, se ordenó que éstas se efectuaran mediante lista de acuerdos. Se notifica interlocutoria. En esas condiciones, se ordena que la interlocutoria dictada el cinco de octubre de dos mil veinte, se notifique a la tercera interesada de esa forma. Notifíquese; por lista electrónica a la parte tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.Número de expediente: 476/2020 Acuerdo: INC. 476/2020 1 [] I) Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Y vistos los autos, advirtiéndose que no obra constancia de notificación que acredite que la autoridad judicial responsable hubiere quedado notificada del requerimiento formulado el veintitrés de septiembre de este año; sin embargo, como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por tramitarse en este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 476/2020, del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que la jueza Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como justificación de su informe, exhibió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el juicio 65/2020, de su índice, que en la vía de controversias del orden familiar promovió Edith Cortés Serrano, por sí, y en representación de la menor de iniciales A.C.G.C., entre las que se encuentra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte; por lo que se ordena deducir tal constancia para agregarla a este incidente, para los fines legales procedentes. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba las actuaciones judiciales y la presuncional legal y humana. A lo que se acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas dichas pruebas, que se desahogan dada su propia especial naturaleza, para ser consideradas oportunamente; se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que las partes no los formularon, se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: Interlocutoria. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 476/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Radicación. Mediante auto de tres de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento al proveído de esa fecha dictado en el juicio de amparo 476/2020, se formó el incidente de suspensión solicitado por Jackerman Israel García Méndez, por propio derecho, contra el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente familiar 65/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia y alimentos, promovido por Edith Cortés Serrano, consistente en la fijación del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, que se atribuyó al: 1º Juez Séptimo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Sexto Civil del distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Y su ejecución al: 2º Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Segundo. Medida cautelar. En el referido auto se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 122 a 144 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1º Juez Séptimo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Sexto Civil del distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y, 2º Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Al rendir sus respectivos informes previos, convinieron en la existencia del acto que se les atribuye, al señalar que: 1. En la vía de controversias del orden familiar fue demandado Jackerman Israel García Méndez, por Edith Cortés Serrano; asunto que se radicó con el número 65/2020, del índice del Juzgado responsable y en el que, mediante auto inicial de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda y se fijó como medida provisional la pensión alimenticia equivalente al cuarenta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe como empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, con excepción de viáticos y gastos de representación, el cual corresponde el veinte por ciento a la cónyuge Edith Cortés Serrano y el otro veinte por ciento a la menor de iniciales A.C.G.C. 2. Señala la responsable que por error se fijó pensión alimenticia a favor de la cónyuge, pues en su carácter de promovente únicamente solicitó el otorgamiento de una pensión alimenticia en favor de la menor, sin que pueda revocar sus propias determinaciones, lo que, en el caso, dijo, corresponde realizar a través del medio ordinario Tercero. Estudio de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, para que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación de sus derechos. En el caso, se analizará sobre tal suspensión, con base en los datos aportados por la parte quejosa, así como en las constancias que remitió la responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la que se advierte que en el juicio familiar 65/2020 se dictó auto el dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se fijó la pensión alimenticia provisional a favor de: 1º Edith Cortés Serrano; y, 2º Menor de iniciales A.C.G.C. En primer término, se realizará el pronunciamiento de la pensión alimenticia provisional fijado a favor de la actora Edith Cortés Serrano. De la interpretación armónica y sistemática del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 131 y 147, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza cautelar de la suspensión, se permite paralizar los efectos de los actos reclamados en un juicio de amparo, al ser su objeto primordial mantener viva la materia del juicio, impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente. Por su parte, el diverso numeral 147, párrafo segundo, de la ley invocada prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, debiendo el juez fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. Así, los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión provisional o definitiva y los actos que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, a saber: I. Que el quejoso hubiere solicitado la apertura del incidente. II. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. III. Que el solicitante de la suspensión acredite el interés para obtenerla, de manera indiciaria, es decir, analizado sin rigorismos, que tiene como finalidad que la suspensión no sea un modo de constituir derechos. IV. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Si con la suspensión puede ocasionar daño o perjuicio a terceros y si es necesario o no garantizar su reparación. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. Así, el invocado numeral 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se decretará, en todas las materias, salvo la de telecomunicaciones y competencia económica, siempre que concurran los requisitos ahí exigidos; esto es, que la solicite el quejoso y que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo señala que se seguirán perjuicios al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se impida el pago de alimentos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al atenderse los supuestos previstos en ese precepto 129, el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público; a fin de maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar al margen el interés social; y, tratándose del pago de alimentos, se está en la obligación de estudiar cada caso con la finalidad de determinar si el acto reclamado se encuentra en esas hipótesis de la referida disposición legal, a fin de establecer si el cobro de la pensión no tiene justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios; o si, por el contrario, con la suspensión se impediría que estos últimos reciban lo necesario para subsistir. Como así se advierte de la jurisprudencia de datos de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010137 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 56/2015 (10a.) Página: 1594 SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir". En el caso, se advierte que: 1. Edith Cortés Serrano, por propio derecho, demandó en la vía de controversias del orden familiar a Jackerman Israel García Méndez a) la guarda y custodia provisional y definitiva de su menor hija A.C.G.C, así como b) el pago de una pensión alimenticia a favor de dicha menor, y señaló la actora que trabaja para el Gobierno del Estado de Oaxaca. 2. Esa demanda se radicó con el número 65/2020, del índice del Juzgado responsable, misma que en auto inicial de dieciocho de febrero de dos mil veinte, como medida provisional, se fijó pensión alimenticia del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, con excepción de viáticos y gastos de representación, el cual corresponde el veinte por ciento a la cónyuge Edith Cortés Serrano y, el otro veinte por ciento, a la menor de iniciales A.C.G.C. Ahora, ponderando la apariencia del buen derecho, que consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, también se analiza el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, se podrá ponderar, finalmente, su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. En el caso, como lo sostuvo la responsable, fijó una pensión alimenticia en favor de Edith Cortés Serrano, en el juicio familiar 65/2020, por el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso, no obstante que dicha promovente no solicitó esa pensión para sí, pues únicamente lo pidió en favor de su menor hija A.C.G.C. Por ello, aunque se trata de una cuestión de alimentos, el cobro de la pensión no tiene justificación, en tanto que la promovente del juicio natural no solicitó para sí misma esa pensión alimenticia; pese a ello, la autoridad judicial responsable lo determinó de esa forma; por lo que, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al quejoso Jackerman Israel García Méndez, para el efecto de que se suspenda la pensión alimenticia provisional decretada únicamente en favor de Edith Cortés Serrano, en el juicio familiar 65/2020, equivalente al veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe. Cuarto. Estudio de la suspensión. En relación a la suspensión definitiva de los actos reclamados que solicita la parte quejosa, para que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación de sus derechos, respecto del auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante el cual se fijó la pensión alimenticia provisional a favor de la menor de iniciales A.C.G.C. en el juicio familiar 65/2020, se establece lo siguiente: De lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 y 147, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza cautelar de la suspensión, se permite paralizar los efectos de los actos reclamados en un juicio de amparo, al ser su objeto primordial mantener viva la materia del juicio, impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente. Además, el numeral 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, debiendo el juez fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. Así, los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión provisional o definitiva y los actos que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, a saber: I. Que el quejoso hubiere solicitado la apertura del incidente. II. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. III. Que el solicitante de la suspensión acredite el interés para obtenerla, de manera indiciaria, es decir, analizado sin rigorismos, que tiene como finalidad que la suspensión no sea un modo de constituir derechos. IV. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Si con la suspensión puede ocasionar daño o perjuicio a terceros y si es necesario o no garantizar su reparación. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. El numeral 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se decretará, en todas las materias, salvo la de telecomunicaciones y competencia económica, siempre que concurran los requisitos ahí exigidos; esto es, que la solicite el quejoso y que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo señala que se seguirán perjuicios al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se impida el pago de alimentos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al atenderse los supuestos previstos en ese precepto 129, el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público; a fin de maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar al margen el interés social; y, tratándose del pago de alimentos, se está en la obligación de estudiar cada caso con la finalidad de determinar si el acto reclamado se encuentra en esas hipótesis de la referida disposición legal, a fin de establecer si el cobro de la pensión no tiene justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios; o si, por el contrario, con la suspensión se impediría que estos últimos reciban lo necesario para subsistir; atento a la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO". De las constancias que remitió la responsable, justipreciadas de forma plena, como lo establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: 1. Edith Cortés Serrano, por propio derecho, demandó en la vía de controversias del orden familiar a Jackerman Israel García Méndez a) la guarda y custodia provisional y definitiva de su menor hija A.C.G.C, así como b) el pago de una pensión alimenticia a favor de dicha menor. 2. Esa demanda se radicó con el número 65/2020, del índice del Juzgado responsable, misma que en auto inicial de dieciocho de febrero de dos mil veinte, como medida provisional, fijó pensión alimenticia del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, con excepción de viáticos y gastos de representación, el cual corresponde el veinte por ciento a la cónyuge Edith Cortés Serrano y, el otro veinte por ciento, a la menor de iniciales A.C.G.C. Ahora, el efecto por el cual el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado, es el de impedir el pago de alimentos a favor de su menor hija, pues pretende que con dicha medida cautelar la autoridad judicial responsable retenga ese descuento ordenado. En efecto, en la demanda de amparo analizada de forma integral, el quejoso refiere que ese porcentaje no pudo haber sido determinado de esa forma por la responsable, porque la progenitora de su hija tiene a cargo su alimentación, misma que también tiene su salario como empleada, por tanto, dice, la obligación de proporcionar los alimentos debe ser equitativo. Esto es, pretende con la suspensión definitiva, que no se le realice descuento alguno, al pedir que las cosas se mantengan en el estado que guardaban antes de que se determinara tal pensión provisional, porque, dice, le causan perjuicios de difícil reparación, sin que aportara prueba alguna de tal argumento. Ante ello, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, respecto de la fijación de la pensión alimenticia provisional en favor de la menor, pues de concederse se contravendrían el interés social y disposiciones de orden público, ya que se impediría a la menor acreedora recibir la protección necesaria para su subsistencia, contraviniendo las disposiciones legales de orden público que la han establecido, pues equivaldría a dejar sin efecto dicha pensión alimenticia provisional, y los perjuicios que con ésta se le ocasionarían a la parte acreedora alimentaria, serían irreparables y mayores a las que el quejoso alega; como así lo ilustra la tesis con los datos de localización siguientes: "Registro No. 270220 Localización: Sexta ÉpocaInstancia: Tercera SalaFuente: Semanario Judicial de la FederaciónCuarta Parte, LXXXIPágina: 10Tesis AisladaMateria(s): Civil Rubro: ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCION QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSION. Texto: Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión. Quinto. Notificación a la parte tercera interesada. Una vez que quede emplazada la tercera interesada en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, notifíquesele esta determinación, para los efectos legales procedentes. Sexto. Archivo del duplicado del expediente. Con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes, con la remisión del acta de baja documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se: Resuelve: Primero. Se concede la suspensión definitiva al quejoso Jackerman Israel García Méndez, contra el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente familiar 65/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia y alimentos, promovido por Edith Cortés Serrano, ante el Juzgado Séptimo Familiar y de Conclusiones de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la fijación del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en favor de Edith Cortés Serrano, por propio derecho, que se atribuyó a la 1) jueza Séptimo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Sexto Civil del distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y su ejecución al 2) director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se niega la suspensión definitiva al quejoso Jackerman Israel García Méndez, contra el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente familiar 65/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar sobre guarda y custodia y alimentos, promovido por Edith Cortés Serrano, ante el Juzgado Séptimo Familiar y de Conclusiones de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la fijación del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en favor de la menor de edad de iniciales A.C.G.C; que se atribuyó a la 1) jueza Séptimo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Sexto Civil del distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y su ejecución al 2) director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Tercero. En su momento, notifíquese esta resolución a la tercera interesada, como se establece en el considerando quinto. Cuarto. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando sexto de esta resolución; háganse las anotaciones en los libros relativos. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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