Jacinto Sánchez Muñoz

Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
937/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Jacinto Sánchez Muñoz
  • Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por JACINTO SÁNCHEZ MUÑOZ; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 937/2022-4, promovido por Jacinto Sánchez Muñoz, contra el acto que reclama del Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diez posterior, Jacinto Sánchez Muñoz solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) El ilegal e inconstitucional acuerdo de fecha siete de junio del año dos mil veintidós en el cual la autoridad responsable señala de manera infundada y sin motivo legal alguno fecha lejana para la celebración de la audiencia incidental de liquidación, para LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 937/2022-4; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito dada la naturaleza del acto omisivo reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ?El acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente laboral 1724/2014 del índice de la Junta responsable, por medio del cual señaló las diez horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación. I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado señalado en el considerando precedente, dado que así lo manifestó el presidente de la Junta responsable, al rendir el informe justificado. [Foja 22] Lo anterior se corrobora con la copia certificada del proveído de uno de julio de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 1724/2014 de su índice, del cual se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -ocho de junio de dos mil veintidós- efectivamente había señalado fecha y hora lejana (diez horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós) para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación en el citado procedimiento laboral. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de 3 Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en relación al acto reclamado identificado con el considerando segundo de esta sentencia, de la copia certificada del auto de uno de julio de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral 1724/2014 del índice de la Junta responsable se advierte que, señaló las nueve horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -ocho de junio de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable ya que había señalado las diez horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la referida diligencia incidental, dentro del procedimiento laboral de origen; sin embargo, en la fecha en que órgano de amparo resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado ha cesado, en consideración a lo antes plasmado. Sin que a lo anterior, pase inadvertido para quien resuelve, que la nueva fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental no atiende del todo los principios previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo5 Sin embargo, hasta esta fecha en que se resuelve el presente juicio y considerando que la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, fijó fecha para la audiencia incidental de liquidación, las nueve horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil veintidós, a ningún efecto práctico ni benéfico recaería en favor de la parte quejosa, si se le concediera el amparo en contra de la dilación en estudio. Lo anterior obedece, a que de hacerlo se ocasionaría un retraso y perjuicio, pues ordenar que se deje sin efecto la fecha señalada por la autoridad, y que señale una nueva, ésta última sería posterior a la ya indicada por la Junta laboral, efecto contrario a lo pretendido por la parte quejosa. Asimismo, hay que tener en consideración que la fecha señalada para la celebración de la diligencia en comento, tiene que hacerse del conocimiento de las partes con anticipación, Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." 5 Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. pues de no hacerlo ocasionaría que, cuando cause ejecutoria la presente sentencia, en el caso de que ésta no fuera recurrida, estuviere muy cerca la fecha de desahogo de la audiencia de mérito. En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 636 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)7, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 6 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." 7 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del proveído de uno de julio actual, dictado en el expediente laboral 1724/2014, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de trece de junio del presente año, se reservó acordar en relación a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistentes en la instrumental de actuaciones e informe justificado que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, se ordenó remitir el oficio 20688/2022, dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a través del cual se le remitió copia simple de la demanda de amparo, para efecto de que esté en aptitud de rendir su informe justificado, mismo que fue recepcionado el quince de junio siguiente; por tanto, el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto, transcurre del dieciséis de junio al seis de julio de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. No obstante, hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor, acorde con el imperativo de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional y los numerales 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se exhorta a la responsable que, en la inteligencia de que deberá rendir el informe que se le solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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