Jacinto Radilla Ríos
Expediente 891/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jacinto Radilla Ríos
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por **********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número ************** y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia definitiva de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***************, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo. Atento a lo anterior, el que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo, dispone: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por sentencias definitivas debe entenderse aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales sentencias definitivas, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que la la sentencia definitiva de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ************, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, constituye una resolución definitiva en razón de dos cuestiones fundamentales: a) Porque resolvió el juicio en lo principal, como se advierte de los antecedentes que expuso la parte quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad; y b) Porque la codificación adjetiva procesal, que es el ordenamiento común que regula el juicio mercantil de donde parte la sentencia reclamada, no contempla ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado. Aunado al punto anterior, del escrito de la demanda se advierte que la cantidad que reclama la parte quejosa es de $177.000.00 (ciento setenta y siete mil pesos 00/100 monada nacional) cantidad que al ser inferior a la prevista en el artículo 1339 del Código de Comercio, no se puede impugnar a través de algún recurso ordinario como lo establece el citado artículo mismo que para una mejor apreciación se transcribe: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Tiene aplicación al caso, la tesis Jurisprudencial en materia común, número 1ª./J.78/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2001739, página 428 que a la letra dice: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTIA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ESTA SE DESECHE Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia." De ahí que la demanda debe ser examinada mediante el juicio de amparo directo por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. En tal virtud, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo propuesta por ****************, por propio derecho y determina que sea remitida en original y copias, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien determinar solicitando informe a este órgano jurisdiccional la determinación que tome en consideración a lo antes expuesto. Tiene aplicación al caso, aplicada en sentido contrario la Jurisprudencia por contradicción de tesis 21/96 P./J., aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Sesión de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, visible en la página seis, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere para tal efecto; sin embargo, no ha lugar a tener como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de demanda, toda vez que no proporciona los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo prevé el citado artículo que dice: Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. En tal virtud, sólo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios.
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