Jacinto Perez Gutierrez
Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jacinto Perez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto: agréguese a estos autos el oficio de cuenta SSP/DJ/21348/2022, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo anterior, así como del diverso oficio de la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, y anexo que acompañó, recibidos por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós; lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada y cúmplase.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 469/2022-IV-B, promovido por GABRIEL PALAFOX ÁVILA; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Recepción del asunto. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se recibió en este Juzgado por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, la demanda de amparo presentada por GABRIEL PALAFOX ÁVILA, que por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. SEGUNDO.- La citada demanda de amparo la promovió GABRIEL PALAFOX ÁVILA, en contra de las siguientes autoridades: AUTORIDADES ORDENADORAS: 1. Juez Primero de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. 2. Juez Segundo de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. 3. Juez Tercero de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; y, 4. Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. AUTORIDADES EJECUTORAS: 5. Comandante de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 7. Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; y, 8. Comandante en Turno de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Todas las autoridades residentes en esta ciudad. TERCERO.- Admisión de la demanda. En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que señalara nombre y domicilio de la parte tercero interesada así como para que precisara a qué autoridad atribuía uno de los actos reclamados; lo cual desahogó favorablemente, por lo que en acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la demanda de amparo y del informe justificado, se precisa que el acto reclamado, se hace consistir en lo siguiente: ? Las órdenes de reaprehensión y detención dictadas en su contra; y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Juez Primero de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; Juez Segundo de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y Juez Tercero de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; todos con residencia en esta ciudad, negaron los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, por tanto procede sobreseer en el presente juicio en lo que respecta a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Primera Parte, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, pues así lo señaló al rendir su informe de ley. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, las restantes autoridades Comandante de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; y, el Comandante en Turno de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, los mismos deben tenerse como ciertos, dado que por su carácter de autoridades ejecutoras, por cuestión de jerarquía pudieran realizar actos de ejecución, y en el caso una de las autoridades judiciales reconoció que sí existe una orden de reaprehensión emitida en contra del quejoso. Aplica al tema, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el Registro IUS 227890, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no le causa perjuicio al peticionario de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan sustancialmente fundados los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa. Debiendo precisar que en el presente caso opera lo relativo a la suplencia de la queja que prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en favor del quejoso ya que es el sentenciado en la causa penal de origen, por lo que en las partes conducentes se aplicará dicho principio. Ahora bien, cabe precisar que en el presente asunto está involucrado una menor de edad, que resulta ser la víctima directa del delito, y siendo que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, en virtud de que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo que, a fin de resguardar la identidad de la menor de edad, se determina como medida para proteger la intimidad de la misma, que se suprima de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo, de ahí que en lo sucesivo únicamente se procederá a mencionarla por sus iniciales G.M.S.R. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento además, en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, a continuación se impone en un principio atender el contenido de las constancias remitidas por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, correspondientes a la causa penal actualmente con el número 2922/2006, anteriormente número 1214/2006 del Juzgado Segundo Penal, e inicialmente radicada como 396/2006, del extinto Juzgado Sexto Penal del Estado. Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1.- En el entonces Juzgado Sexto Penal de Primer Departamento Judicial del Estado, se radicó la causa penal 396/2006, en contra de GABRIEL PALAFOX ÁVILA, en la que una vez seguida la secuela procesal, el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, se dictó sentencia en la que se absolvió al encausado, determinación que culminó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO: GABRIEL PALAFOX ÁVILA, no es penalmente responsable por el delito de VIOLACIÓN, previsto y sancionado por el artículo 313 trescientos trece del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por la menor G.M.S.R., acompañada de su madre, la ciudadana ANA LUCERO ROSADO MORALES, e imputado por la Representación Social, por lo tanto se le ABSUELVE de dicho ilícito. SEGUNDO: Como consecuencia del fallo absolutorio, y por cuanto de autos se advierte que el precitado sentenciado se encuentra en la actualidad privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social del Estado, se decreta la inmediata y absoluta libertad de GABRIEL PALAFOX ÁVILA, por lo tanto, gírese el oficio respectivo al Director de ese centro penitenciario haciendo de su conocimiento la determinación adoptada. [.]". (Fojas 1143 a 1183, del Anexo Tomo III). 2.- Inconformes con tal determinación, la representación social y la coadyuvante Ana Lucero Rosado Morales, apelaron el fallo de primera instancia, del cual correspondió conocer a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde fue radicado el Toca 1480/2008, el cual fue resuelto el veintinueve de octubre de dos mil nueve, mediante resolución que culminó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Son fundados los agravios formulados por la Representación Social y se advirtieron motivos para suplir la deficiencia de la defensa del sentenciado. SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. GABRIEL PALAFOX ÁVILA es penalmente responsable del delito de VIOLACIÓN, denunciado por la menor G.M.S.R., acompañada de su madre, la ciudadana Ana Lucero Rosado Morales e imputado por la Representación Social. CUARTO. Por esa responsabilidad y culpabilidad en el delito de corrupción de menores (sic), se impone a GABRIEL PALAFOX ÁVILA, la acción privativa de la libertad de 9 NUEVE AÑOS y 6 SEIS MESES y la pecuniaria de 275 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE en la época de la comisión del delito, equivalente a la suma de $12,597.75 doce mil quinientos noventa y siete pesos, con setenta y cinco centavos, moneda nacional; y en caso de que el sentenciado acredite que no puede pagar la multa impuesta o solamente puede cubrir parte de ella, dicha sanción pecuniaria se substituirá por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en la inteligencia de que cada jornada de trabajo salda 2 dos días-multa, en el caso, por 137 CIENTO TREINTA Y SISTE JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, y sólo cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por la prestación del servicio, o bien el sentenciado se niegue a ello, dicha pena pecuniaria se sustituirá por 550 QUINIENTOS CINCUENTA DÍAS MÁS DE RECLUSIÓN. Condena que deberá compurgar el acusado, en el lugar que para tal efecto señale el Ejecutor Estatal, y contará a partir del día que se presente a cumplirla o sea lograda su reaprehensión, debiendo descontársele el tiempo que estuvo privado de su libertad antes de que se otorgara ésta. [.]". Asimismo, en dicha resolución de Alzada se determinó no conceder al sentenciado la remisión parcial de la pena; se le condenó a pagar la cantidad de $10,994.40 (diez mil novecientos noventa y cuatro pesos 40/100 moneda nacional) por concepto de reparación de daño moral para la víctima; y no se le concedieron los beneficios sustitutivos de prisión, consistentes en trabajos en favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento en libertad o multa, o bien, la condena condicional, por no reunir los requisitos para ello. (Fojas 1204 a 1252, del Anexo Tomo III). 3.- En contra de la resolución de segunda instancia, el sentenciado GABRIEL PALAFOX ÁVILA, promovió juicio de amparo directo, solicitando la suspensión del acto reclamado, medida cautelar que fue concedida por el tribunal de alzada responsable mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, quien después de integrar el juicio de amparo emplazando a las partes, lo remitió a la Superioridad para su sustanciación, correspondiendo conocer del mismo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, donde se radicó con el número 31/2010 de su índice, y fue resuelto en sesión de dieciocho de agosto de dos mil diez mediante sentencia en la que se le NEGÓ el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso. (Fojas 1352 a 1455, del Anexo Tomo III). 4.- Cabe precisar que, con motivo de la resolución de segunda instancia, la cual fue señalada en el punto dos (2), la cual revocó la sentencia absolutoria dictada en primer grado, y antes de la incoación del juicio de amparo directo, el asunto regresó al Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el juez A quo dictó una orden de reaprehensión en los siguientes términos: "JUZGADO SEXTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. Mérida, Yucatán a 18 dieciocho de Noviembre del año 2009 dos mil nueve.------ VISTOS: Tiénese por recibido del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Raúl Antonio Villanueva Jiménez, el oficio número 2248, de fecha 17 diecisiete de Noviembre del año 2009 dos mil nueve, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de fecha 29 veintinueve de Octubre de 2008 dos mil ocho, junto con sus constancias de notificación, dictada por esa Sala en el Toca Penal número 1480/2008, y en 55 cincuenta y cinco fojas útiles copia certificada de la sentencia de Segunda Instancia de fecha 29 veintinueve de Octubre de 2009 dos mil nueve, junto con sus constancias de notificación, dictada por esa Sala, en el toca penal 1480/2008 relativo al recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Agente del Ministerio Público de la Adscripción y por la coadyuvante ciudadana Ana Lucero Rosado Morales, en contra de la sentencia de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2008 dos mil ocho, dictada por el entonces titular de este Juzgado, en la causa penal 396/2006 en III tres tomos, en la que se ABSOLVIÓ al sentenciado GABRIEL PALAFOX ÁVILA del delito de VIOLACIÓN, denunciado por la menor G.M.S.R., acompañada de su madre la ciudadana Ana Lucero Rosado Morales; mismo fallo en el que aparece que se REVOCÓ la sentencia impugnada y, en consecuencia, se encontró a GABRIEL PALAFOX ÁVILA, penalmente responsable en la comisión del delito de VIOLACIÓN, denunciado por la citada Suárez Rosado. Y con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código Adjetivo de la Materia, glósense los documentos de mérito a los autos de la presente causa penal, para todos los efectos legales que procedan. En consecuencia a lo anterior, estése a lo ordenado por la Superioridad y a fin de dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, gírense atentos oficios a los ciudadanos Director del Centro de Readaptación Social y Director de Identificación y Servicios Periciales del Estado, al primero, para su conocimiento y efectos legales que correspondan, y al segundo para que se sirva hacer las anotaciones respectivas en la hoja de antecedentes penales del ahora sentenciado; asimismo con apoyo en lo dispuesto por el numeral 352 trescientos cincuenta y dos del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, se decreta ORDEN DE REAPREHENSIÓN en contra del inculpado GABRIEL PALAFOX ÁVILA, a fin de que sea reingresado al centro de Readaptación Social con sede en esta Entidad, para que compurgue la sanción corporal a que fue condenado. En las condiciones apuntadas, envíese atento oficio al ciudadano Agente del Ministerio Público de la adscripción junto con copia certificada del presente acuerdo y de la resolución de Segunda Instancia, a fin de que dé el debido cumplimiento a la orden de captura de que se trata por medio de Agentes de la Policía Judicial del Estado, una vez que fuere ejecutada dicha orden, póngase al sentenciado a disposición del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, en cumplimiento a los dispuesto en el numeral 7º Séptimo de la Ley de Ejecución de Sanciones vigente en la Entidad. NOTÍFIQUESE únicamente a la Representación Social y CÚMPLASE.- [.]". (Foja 1258 del Anexo Tomo III). La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso señala que en el presente caso ya operó a su favor la prescripción de la sanción a la que fue sentenciado, por lo que se viola en su perjuicio el derecho humano de legalidad previsto en el artículo 14 Constitucional. Lo anterior es sustancialmente fundado. Sobre el tema de la prescripción, es preciso mencionar que de acuerdo con las reglas establecidas por los artículos 116 y 117 del Código Penal del Estado, la prescripción extingue la acción penal y las sanciones; para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, y los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. Al respecto, es menester invocar el contenido de los artículos 129, 130, 131 y 132, del Código Penal del Estado, cuyo texto dice: "ARTÍCULO 129. Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se substraiga a la acción de la autoridad, si las sanciones son privativas de libertad; y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria. ARTÍCULO 130. La sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena más una cuarta parte de su duración, pero nunca será menor de tres años. ARTÍCULO 131. Cuando el sentenciado hubiere cumplido una parte de la sanción privativa de libertad, se necesitará para la prescripción, tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más de ese lapso, pero nunca será inferior a dos años. ARTÍCULO 132. La sanción pecuniaria consistente en multa prescribirá en dos años y la relativa a la reparación del daño en cinco. Las demás sanciones prescribirán por el transcurso de un término igual al de su duración y una cuarta parte más sin que pueda ser inferior a dos años y las que no tengan temporalidad, prescribirán en tres años". De los numerales transcritos, se desprende que la prescripción es un modo de extinguir tanto la acción -o persecución-, como la sanción penal, por el simple transcurso del tiempo. Estos modos de "extinción penal" se actualizan de distintas formas, en función de la etapa en que se encuentre el proceso penal. El término para la prescripción de la pretensión punitiva será continuo y se contará a partir del día en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si fueren privativas de libertad y, si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria. Para el caso, específico de la prescripción de la pretensión punitiva del Estado de las personas sentenciadas, se señala que ésta se computará en la forma siguiente: a) La sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena más una cuarta parte de su duración, pero nunca será menor de tres años; y, b) Cuando el sentenciado hubiere cumplido una parte de la sanción privativa de libertad, la prescripción operará por un plazo igual al que falte de la condena y una cuarta parte más de ese lapso, pero nunca será inferior a dos años. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente de origen se tiene que el quejoso GABRIEL PALAFOX ÁVILA, en primera instancia se le absolvió por el delito de VIOLACIÓN, previsto y sancionado por el artículo 313 trescientos trece del Código Penal del Estado en vigor, denunciado por la menor G.M.S.R., acompañada de su madre, la ciudadana ANA LUCERO ROSADO MORALES, e imputado por la Representación Social. Pero el Tribunal de apelación revocó dicha determinación y le impuso una sanción privativa de libertad de nueve (9) años y seis (6) meses; y una pecuniaria de doscientos setenta y cinco (275) días de salario mínimo vigente en la época de la comisión del delito, equivalente a la suma de $12,597.75 (doce mil quinientos noventa y siete pesos, 75/100, moneda nacional). Luego, se tiene que el aquí amparista ya compurgó una parte de esa condena privativa de libertad al haber estado detenido durante el proceso penal que se siguió en su contra, desde el veintiséis de agosto de dos mil seis hasta el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, en que se emitió la sentencia absolutoria por parte del juez de primer grado, es decir, el sentenciado estuvo privado de su libertad dos (2) años y veinticinco (25) días. Por lo que atendiendo al contenido del artículo 131 del Código Penal del Estado de Yucatán, para que opere la prescripción se necesitará un tiempo igual al que falte de la condena más una cuarta parte de ese lapso. Consecuentemente, partiendo de la base que la sanción privativa de libertad correspondiente a la sentencia precisada en segunda instancia, es de nueve (9) años y seis (6) meses, a dicha temporalidad hay que restarle el tiempo que el sentenciado estuvo detenido en razón del proceso, que son dos (2) años y veinticinco (25) días, lo que arroja como resultado siete (7) años, cinco (5) meses, con cinco (5) días. A lo anterior, hay que agregar una cuarta parte de esa condena, por tanto, el cuarto que se obtiene de la misma es un (1) año, diez (10) meses, con nueve (9) días. Por tanto, la temporalidad total de la prescripción, considerando ya el plazo compurgado por el sentenciado, más la cuarta parte del plazo restante es de NUEVE (9) AÑOS, TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DÍAS. Los cuales deben empezar a computarse a partir de que fue dictada la resolución de segunda instancia que revocó la sentencia de primer grado, debiendo descontar lo relativo al periodo en que al sentenciado le fue concedida la suspensión de dicho acto con motivo del amparo directo que promovió en contra del fallo de segundo grado. Apoya lo anterior, por el principio que contiene, la jurisprudencia que a continuación se invoca: "Registro digital: 2003877 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 15/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 497 Tipo: Jurisprudencia PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA). La institución de la prescripción constituye la adquisición o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. En este tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la prescripción de la acción penal, ha sostenido que supone una inactividad del Ministerio Público en relación con el derecho de investigación y persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción, esto es, representa una condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo estatal, cuyo fundamento radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder sancionador, sino también en la seguridad que todas las personas deben tener ante éste. Así, la institución mencionada, más que un beneficio para el inculpado, constituye una sanción para la autoridad ministerial ante su inactividad o deficiente desempeño, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. De ahí que conforme a los artículos 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 128 y 129 del Código Penal para el Estado de Durango, y 125, 126, 129 a 131, 134, 137 y 138 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, respectivamente, la sola presentación de la demanda de amparo indirecto contra una orden de aprehensión o de comparecencia no interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la acción penal, sin embargo, si se concede la suspensión, el tiempo que ésta subsista deberá descontarse del necesario para que opere la prescripción, pues no libera a la autoridad de su omisión, ya que el referido proceso constitucional autónomo de amparo es el principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que puede promover un particular, por lo que sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus derechos fundamentales, beneficie al órgano estatal obligado a actuar para no caer en la prescripción; sostener lo contrario equivaldría a desincentivar a los gobernados de hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitución General de la República, como los tratados internacionales establecen para tutelar y proteger sus derechos humanos. En consecuencia, si mediante la promoción del amparo se obtiene la suspensión, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista deberá descontarse del plazo necesario para que opere la prescripción de la acción penal, en tanto que en ese lapso la autoridad estatal no pudo cumplimentar la orden de aprehensión o de comparecencia reclamadas, porque la inactividad no resultó imputable al propio Estado, sino que deriva de la existencia de un mandato de suspensión decretado por el juzgador de amparo, a instancias del propio gobernado". Luego, retomando el cálculo del cómputo de la prescripción, se tiene que inició, como ya se dijo, a partir del veintinueve de octubre de dos mil nueve (data de emisión de la sentencia de alzada), por lo que desde ese momento hasta la concesión de la suspensión otorgada por la incoación del amparo uniinstancial, que fue el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, se observa que entre ambas fechas transcurrieron veintiséis (26) días. Esto último, debe descontarse a los nueve (9) años, tres (3) meses y catorce (14) días que es el plazo total de prescripción; por lo que restan (9) años, dos (2) meses y dieciocho (18) días, temporalidad que de nueva cuenta comenzó a correr a partir de que la suspensión dejó de surtir efectos. Y para definir este nuevo punto de partida, se establece que el término de la prescripción no corrió del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve al dieciocho de agosto de dos mil diez, esta última data correspondiendo a la del dictado de la sentencia de amparo directo -que negó la protección constitucional al quejoso-; pues en toda esta temporalidad el amparista gozó de la suspensión del acto reclamado, y por ende, no podía ejecutarse la orden de reaprehensión. De lo que se obtiene, que el lapso en que operó la suspensión aludida fue de ocho (8) meses con seis (6) días, el cual no se computa para efectos de la prescripción por las razones antes señaladas. Así, se tiene que el plazo prescriptivo se reanudó el diecinueve de agosto de dos mil diez, en la parte que restaba de (9) años, dos (2) meses y dieciocho (18) días, tal como se precisó en párrafos precedentes. Temporalidad que culminó el CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que obste a lo anterior, lo que señaló el entonces Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el auto de veinticinco de octubre de dos mil diez (foja 1459, Tomo Anexo III), dictado al recibir los autos de la causa penal de origen, ya después de haberse resuelto el amparo directo tramitado por el sentenciado, proveído cuya parte conducente refiere: "[.] En mérito de lo anterior, déjese sin efecto legal alguno la suspensión de la sentencia de segunda instancia, decretada en acuerdo de fecha 26 veintiséis de noviembre del año próximo pasado. [.]". Pues dicha determinación sobre la suspensión no es la que rige sobre este punto, en razón de que la medida cautelar dejó de tener efectos no cuando el juez de primer grado aludido hizo esta declaratoria, sino cuando la sentencia de segunda instancia quedó firme, es decir, al momento en que se resolvió el juicio de amparo directo 031/2010 promovido por el quejoso, lo cual aconteció, como ya quedó apuntado, el dieciocho de agosto de dos mil diez. Realizada la precisión anterior, es menester señalar que a la fecha en que se dicta la presente sentencia (veintitrés de mayo de dos mil veintidós) ha transcurrido en exceso el plazo para que se actualizara la prescripción de la sanción privativa de libertad impuesta al aquí quejoso en sentencia, impuesta por su plena responsabilidad en la comisión del delito de VIOLACIÓN, previsto y sancionado por el artículo 313 del Código Penal del Estado, denunciado por la menor G.M.S.R., representada por su madre Ana Lucero Rosado Morales. En consecuencia, se tiene por extinguida la responsabilidad penal del quejoso con fundamento en el artículo 116 del Código Penal del Estado de Yucatán, que señala: "ARTÍCULO 116. La prescripción extingue la acción penal y las sanciones". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Sustantivo, Materia(s): Penal, Tesis 209, en la página 193, con número de Registro 1005586, cuyo rubro y texto disponen: "PRISIÓN PREVENTIVA. EL TIEMPO DE RECLUSIÓN DEBE CONSIDERARSE COMO CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESCRIPCIÓN. Para el cómputo de la prescripción de una sanción privativa de libertad, debe considerarse el tiempo que el reo estuvo recluido en prisión preventiva, en atención a que con su ejecución se afecta de manera inmediata y directa el derecho sustantivo de la libertad, y toda vez que aquélla puede convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención, con lo que la mencionada prisión preventiva pierde su carácter de provisional, pues se estima como idéntica a la prisión impuesta como pena o sanción, esto es, como si se hubiera compurgado parte de la sentencia condenatoria." Asimismo, ilustra al tema, la jurisprudencia emitida al resolver la Contradicción de Tesis 56/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se trae a colación: "Registro digital: 194068 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 18/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 328 Tipo: Jurisprudencia PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen". EFECTOS DEL AMPARO En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión impetrado por el quejoso GABRIEL PALAFOX ÁVILA, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán: 1.- Deje sin efecto la orden de reaprehensión dictada el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, por el otrora Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, 2.- Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto a las sanciones pecuniaria y de reparación del daño impuestas al aquí quejoso. Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia en contra del acto reclamado, atribuido a la autoridad responsable ordenadora, dicha concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución de las autoridades ejecutoras, en vía de consecuencia al no atribuírseles vicios propios. Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 218867 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 55, Julio de 1992 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/12 Página: 41 AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GABRIEL PALAFOX ÁVILA, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; Juez Segundo de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y Juez Tercero de Ejecución de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a GABRIEL PALAFOX ÁVILA, en contra del acto que reclama del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de las autoridades ejecutoras, por las razones vertidas en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos precisados en la parte final del mismo. TERCERO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
ELECT En dieciocho de mayo de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el informe previo, registrado con el número 11355. Conste.Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe previo rendido por el Fiscal General del Estado de Colima, sin hacer mayor pronunciamiento en relación a su contenido, toda vez que el veintiséis de abril pasado se tuvo por recibido el aludido informe vía correo electrónico. Notifíquese y cúmplase.
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