Jacinto Osuna Morales
Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jacinto Osuna Morales
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte promovente no recurrió en queja el auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jacinto Osuna Morales, por derecho propio, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, por considerarlo como violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 640/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexados; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, porque el promovente carece de legitimación procesal activa para acudir al juicio constitucional en reclamo de un acto dirigido a diversa persona, como se verá. Los numerales invocados en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora bien, de acuerdo con el sistema consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional y 6° de su Ley Reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Asimismo, se establece que esa parte perjudicada podrá promover el juicio de amparo por sí, por su representante legal, por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo, como son los establecidos en su artículo 15, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, circunstancias estas últimas que no se actualizan en la especie. En la especie, el promovente reclama el cobro por servicio de energía respecto del domicilio ubicado en calle Río de la Plata 402, Fraccionamiento Gaviotas, de esta ciudad, contenido en el ajuste 1608/2018, oficio número 1608/2018, de diez de septiembre de dos mil dieciocho, expedido a nombre de Medrano Bernal Lorena. De lo anterior, se advierte que el acto que por esta vía se reclama, está dirigido a diversa persona, esto es, a Lorena Medrano Bernal, a quien se le está requiriendo el pago por el consumo de energía eléctrica contenido en el citado oficio. Luego, conforme a lo establecido en los numerales indicados, Lorena Medrano Bernal es la parte agraviada con la emisión del acto reclamado; por ende, es quien podrá ejercer la acción de amparo, lo que podrá realizar por sí, por su representante o apoderado legal. Bajo esa tesitura, para que el promovente esté en posibilidad de acudir al amparo en reclamo de un acto dirigido a diversa persona como acontece, deberá demostrar con documento fehaciente que tiene la representación de ésta, es decir, que es apoderado o representante legal de Lorena Medrano Bernal, lo cual no ocurre en la especie, ya que del escrito de demanda se advierte que Jacinto Osuna Morales, promueve la demanda por derecho propio, en la que reclama un acto que agravia a otra persona, sin demostrar que sea representante de ésta, en tanto de las constancias que exhibe no se desprende tal circunstancia. Por tanto, es inconcuso que no tiene legitimación procesal activa para acudir en defensa de los derechos correspondientes a dicha persona. Máxime, que del oficio de ajuste reclamado se advierte que la consecuencia de la falta de pago del cobro por el servicio de energía eléctrica efectuado a Lorena Medrano Bernal, es el cobro de intereses sobre el adeudo de la cantidad que se le requiere, lo que implica que dicha persona tendrá que soportar, en su caso, la secuela del acto en comento. Lo que se corrobora, con lo expresado bajo protesta de decir verdad por el propio promovente, en el sentido de que él no tiene celebrado contrato de energía eléctrica con la autoridad que señala como responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia y tesis de contenido: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." (Novena Época. Registro 196956. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998, materia común, tesis 2a./J. 75/97, página 351). "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." (Séptima Época. Registro 232899. Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, materia común, página 45). Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. IV. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio procesal de la parte promovente, el indicado en la demanda de amparo; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Bernardo Tenorio Arce, toda vez que, como se indicó en la certificación secretarial de cuenta, sí se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a once de octubre de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de cinco de octubre de dos mil dieciocho, para conocimiento de la parte promovente Jacinto Osuna Morales, como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jacinto Osuna Morales, por derecho propio, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, por considerarlo como violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 640/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexados; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, porque el promovente carece de legitimación procesal activa para acudir al juicio constitucional en reclamo de un acto dirigido a diversa persona, como se verá. Los numerales invocados en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora bien, de acuerdo con el sistema consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional y 6° de su Ley Reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Asimismo, se establece que esa parte perjudicada podrá promover el juicio de amparo por sí, por su representante legal, por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo, como son los establecidos en su artículo 15, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, circunstancias estas últimas que no se actualizan en la especie. En la especie, el promovente reclama el cobro por servicio de energía respecto del domicilio ubicado en calle Río de la Plata 402, Fraccionamiento Gaviotas, de esta ciudad, contenido en el ajuste 1608/2018, oficio número 1608/2018, de diez de septiembre de dos mil dieciocho, expedido a nombre de Medrano Bernal Lorena. De lo anterior, se advierte que el acto que por esta vía se reclama, está dirigido a diversa persona, esto es, a Lorena Medrano Bernal, a quien se le está requiriendo el pago por el consumo de energía eléctrica contenido en el citado oficio. Luego, conforme a lo establecido en los numerales indicados, Lorena Medrano Bernal es la parte agraviada con la emisión del acto reclamado; por ende, es quien podrá ejercer la acción de amparo, lo que podrá realizar por sí, por su representante o apoderado legal. Bajo esa tesitura, para que el promovente esté en posibilidad de acudir al amparo en reclamo de un acto dirigido a diversa persona como acontece, deberá demostrar con documento fehaciente que tiene la representación de ésta, es decir, que es apoderado o representante legal de Lorena Medrano Bernal, lo cual no ocurre en la especie, ya que del escrito de demanda se advierte que Jacinto Osuna Morales, promueve la demanda por derecho propio, en la que reclama un acto que agravia a otra persona, sin demostrar que sea representante de ésta, en tanto de las constancias que exhibe no se desprende tal circunstancia. Por tanto, es inconcuso que no tiene legitimación procesal activa para acudir en defensa de los derechos correspondientes a dicha persona. Máxime, que del oficio de ajuste reclamado se advierte que la consecuencia de la falta de pago del cobro por el servicio de energía eléctrica efectuado a Lorena Medrano Bernal, es el cobro de intereses sobre el adeudo de la cantidad que se le requiere, lo que implica que dicha persona tendrá que soportar, en su caso, la secuela del acto en comento. Lo que se corrobora, con lo expresado bajo protesta de decir verdad por el propio promovente, en el sentido de que él no tiene celebrado contrato de energía eléctrica con la autoridad que señala como responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia y tesis de contenido: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." (Novena Época. Registro 196956. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998, materia común, tesis 2a./J. 75/97, página 351). "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." (Séptima Época. Registro 232899. Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, materia común, página 45). Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. IV. Domicilio y autorizado. Téngase como domicilio procesal de la parte promovente, el indicado en la demanda de amparo; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Bernardo Tenorio Arce, toda vez que, como se indicó en la certificación secretarial de cuenta, sí se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial
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