Jacinto Medina Corrales
Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jacinto Medina Corrales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Visto el oficio remitido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda; y, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintidós. Se agrega oficio sin mayor proveído. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio presentado por el Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; sin mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante auto de quince de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio que remite el Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual rinde informe justificado por sí, en representación de las autoridades responsables; agréguense a sus autos para conocimiento de las partes y para que surtan sus efectos legales conducentes. Con apoyo en lo establecido en los artículos 117 y 119 se tiene por rendido el informe justificado y por exhibidas las documentales que adjunta a su oficio. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la citada responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de suministrar el medicamento que el quejoso requiere para el tratamiento del padecimiento de diabetes mellitus (no insulinodependiente) y cardiomiopatía que refiere padecer, y concretamente de surtir los medicamentos "Rosuvastatina tabletas 10 mg c/30" e "Insulina Glargina c/5 cartuchos con 3 ml, prescritos en la receta vale pendiente 417982. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, ésto es, al dos de junio en curso, no le habían surtido el medicamento indicado descrito en la demanda de amparo y que refirió se le prescribió mediante receta médica 417982; de modo que existe certidumbre del acto omisivo reclamado por el quejoso. No obstante lo anterior, a través del oficio SSA/1100/2022, la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien rindió por sí, y por el restante de las autoridades responsables, hizo patente que el siete de junio de dos mil veintidós, se efectuó la entrega del medicamento, cuya omisión en suministrarle reclamó el quejoso, con excepción del medicamento insulina glargina, pues el instituto no contaba con inventario de dicho fármaco; sin embargo, en el oficio que se agrega, remitido por la citada autoridad responsable, se acreditó que el nueve de los actuales, hizo entrega de la medicina que faltaba surtir; lo anterior, acompañó la constancia de recibido por el aquí quejoso, con lo que se evidencia que han cesado los actos reclamados. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba al impetrante fue en específico la omisión de surtir el medicamento señalado con antelación, y durante el sumario constitucional le fue suministrado; por tanto, tal actuar de las responsables torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del siete de julio del año en curso). En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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