Jacinto Gómez Varillas

Expediente 97/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
97/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
18/10/2016

Partes del expediente

  • Jacinto Gómez Varillas
  • Jacinto Gómez Varillas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y devuélvasele el testimonio deducido del expediente mercantil 25/2012 de su índice, el cual obra en cuaderno por separado (anexo I), para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de los quejosos ... y ... por medio del cual solicita la devolución de la copia certificada de la cédula profesional 5328995 expedida a favor de ...; en consecuencia, como lo solicita, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvasele el documento de que se trata, debiendo quedar en autos copia de la identificación y razón que de su entrega.

  3. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, y la parte quejosa mediante ocurso recibido el doce de mayo del año en curso, realizó diversas manifestaciones al respecto; por lo tanto, procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el ocho de junio de dos mil quince (fojas 42 a 50), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ... y ..., para que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la interlocutoria reclamada de treinta de diciembre de dos mil catorce, dictada en el incidente de liquidación de sentencia respecto del pago de gastos y costas, promovido por los quejosos en el juicio ejecutivo mercantil 25/2012, de su índice; y Emita otra en la que siguiendo las consideraciones expresadas en este fallo, resuelva la incidencia de mérito dejándola en plenitud de jurisdicción en lo que no fue materia de esta sentencia, por lo que podrá reiterar o modificar el sentido del acto reclamado, siempre y cuando sus consideraciones no se contrapongan a lo aquí decidido. Las consideraciones expresadas en el fallo protector fueron: 1. Del contenido de la copia certificada de la cédula profesional de Jessica Jeanett Cruz Cruz, exhibida ante la autoridad responsable, se advierte que se trata de un duplicado y no del original, pues contiene la leyenda "DUPLICADO"; por tanto, resulta insostenible el argumento de la autoridad responsable en el sentido de que la citada profesionista obtuvo su cédula profesional en la fecha que aparece en dicha documental, cuando de su texto se advierte que se trata de la copia certificada del duplicado de la referida cédula y en ella lo que aparece es la fecha de expedición de dicho duplicado; por tanto, lo procedente era que la autoridad responsable, mediante la exhibición del referido documento, tuviera por acreditado que ..., se trata de una abogada con título y que demostró el legal ejercicio de su profesión, aun cuando lo hizo en la etapa de ejecución de sentencia; puesto que dicha etapa se trata de una extensión del juicio, por lo que no resultaba un impedimento para tener por demostrada dicha calidad, que los actores no lo hubieren hecho al presentar la demanda que dio inicio al juicio ejecutivo mercantil. 2. Que la legislación mercantil que rige en el juicio de origen no determina en forma taxativa que la asesoría legal tenga que acreditarse con la intervención material del licenciado en derecho en alguna audiencia, comparecencia o actuación judicial, por lo que basta con la autorización del profesionista para oír y recibir notificaciones y documentos para probar en forma plena que la parte vencedora en este caso fueron asesorados por un licenciado en derecho, ya que esa autorización no puede entenderse de otra forma en la que tales quejosos designaron a la citada profesionista y cuya circunstancia indica la labor efectuada por la misma dentro del juicio probando su participación y, como consecuencia, el derecho a recibir el pago de honorarios correspondientes. 3. Que la sola autorización para recibir notificaciones es útil para constituir la figura del abogado patrono y a la vez dicha autorización confiere a éste facultades de representación, equiparables a las otorgadas en un mandato judicial, ya que le permite llevar a cabo, directamente y en representación de la parte que lo designó, todos aquellos actos procesales que corresponden a dicha parte, como son intervenir directamente en el juicio de que se trata en representación de su autorizante no solamente dirigiendo el asunto o asesorando técnicamente a quien lo designó sino que bajo su firma puede interponer recursos, promover incidentes, ofrecer y rendir pruebas, alegar e intervenir en la sentencia; y por tanto, es claro que su actuar es analógico con el de un mandatario judicial; de ahí que ambas figuras jurídicas son análogas para efectos del cobro de honorarios, ya que representan los intereses y llevan a cabo actos procesales de la parte que los designó ostentando la misma calidad de abogados, ya sea porque exista una representación directa en el juicio o sólo la dirección técnica que puede prestarse al que actúa por propio derecho. 4. Por lo que, no obstante que por resolución judicial se hubiese limitado la intervención de la licenciada ...., a sólo recibir notificaciones; ello no imposibilita a poderla considerar como abogada asesora de la parte actora, pues como se ha señalado, doctrinariamente se ha distinguido las actividades de abogado patrono y procurador, en la circunstancia de que el primero se limita a aconsejar a su cliente y prepararle los escritos que debe firmar, es decir, no tiene intervención procesal activa en el procedimiento, mientras que el segundo sí actúa procesalmente en defensa de los intereses de su cliente, e incluso promueve la demanda. El tercero interesado ..., ..., Oaxaca, interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia mediante ocurso presentado el veintitrés de junio de dos mil quince (fojas 56 a 59). Mediante ejecutoria de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el amparo en revisión 381/2015, confirmó la aludida sentencia (fojas 96 a 112); por lo que en auto de dieciocho del mismo mes y año, este órgano de control constitucional requirió su debido cumplimiento al juez responsable. En acatamiento al fallo protector, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, emitió resolución el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en el incidente de liquidación de sentencia relativo al juicio ejecutivo mercantil 25/2012 -lo que hizo del conocimiento de este juzgado mediante oficio 4189- en la que: Dejó insubsistente la interlocutoria de treinta de diciembre de dos mil catorce, dictada en el incidente de liquidación de sentencia, respecto del pago de gastos y costas, promovido por la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 25/2012. Procedió al dictado de una nueva resolución, siguiendo los lineamientos referidos en el fallo protector, ya que, en lo que interesa señaló que en autos quedó acreditado que ..., brindó asesoría legal a los actores, aquí quejosos, en el juicio ejecutivo mercantil 25/2012, de su índice, y Con plenitud de jurisdicción, resolvió la incidencia de mérito, en el sentido de no aprobar la planilla planteada, pero ahora porque señaló que para que asista el derecho a recibir el pago de honorarios al ser condenada la parte demandada, en la planilla de liquidación exhibida debió desglosar las actuaciones que se realizaron para obtener fallo favorable, empero al no hacerlo, aun cuando se exhibió el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre la licenciada ..., en su calidad de prestadora de servicios y ..., de apellidos .., de uno de octubre del año dos mil ocho, no procedía el pago de gastos y costas, por la razón apuntada. Ahora bien, al realizar el análisis de la sentencia ejecutoria de amparo y el cumplimiento que dio la autoridad responsable, en resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se conoce que aquélla ha quedado cumplida, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la interlocutoria que fue materia de estudio en la sentencia protectora y, en su lugar, emitió otra en la que siguió las consideraciones de dicho fallo, ya que señaló que en autos quedó acreditado que ..., brindó asesoría legal a los actores, aquí quejosos, en el juicio ejecutivo mercantil 25/2012, de su índice y, con plenitud de jurisdicción, determinó no aprobar la planilla de liquidación de pago de gastos y costas presentada por los actores, pero ahora porque destacó que para que asista el derecho a recibir el pago de honorarios al ser condenada la parte demandada, en la planilla de liquidación exhibida debió desglosar las actuaciones que se realizaron para obtener el fallo favorable, empero al no hacerlo, no procedía el pago de gastos y costas y, por ende, no aprobaba la planilla planteada, aun cuando se exhibió el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre la licenciada ..., en su calidad de prestadora de servicios y .. y .. de apellidos ..., de fecha uno de octubre del año dos mil ocho. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, puesto que como se vio el juez responsable con la nueva resolución que emitió acató dicho fallo; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Ahora, con relación a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el doce de mayo del año en curso, no le asiste razón, ya que contrario a lo que afirmó no se advierte que el juez responsable haya incurrido en exceso en su determinación y tampoco en repetición del acto reclamado, toda vez que, como se vio, del análisis de la nueva resolución se advierte que el juez responsable tuvo por acreditado que ..., brindó asesoría legal a los actores, aquí quejosos, en el juicio ejecutivo mercantil 25/2012, de su índice, empero ahora determinó no aprobar la planilla planteada, porque no se desglosaron las actuaciones que se realizaron para obtener fallo favorable; argumento distinto del que fue materia de estudio en la sentencia de amparo para no aprobar la planilla de liquidación; de ahí que, dígasele a la quejosa que deberá estarse a este determinación en la que estima cumplida la sentencia protectora. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de JACINTO GÓMEZ VARILLAS y ADELAIDO GÓMEZ VARILLAS, por el que en atención a la vista que se le dio en proveído de cuatro de mayo del año en curso, hace diversas manifestaciones con relación al cumplimiento que dio la responsable a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; en consecuencia, se reserva proveer respecto de su contenido, hasta en tanto fenezca el plazo que se concedió en dicho proveído a la parte tercera interesada. Por lo anterior, vistos los autos, se advierte que no existe constancia que acredite que la tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, haya quedado notificada del proveído de cuatro de mayo del año en curso, por el que se le dio vista con el cumplimiento del fallo protector que dio la responsable en este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase al Jefe de Correos de México en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación de este auto, tenga a bien remitir el acuse de recibo que hubiese recabado al hacer entrega del oficio 28979 dirigido a la autoridad responsable mencionada, depositado el nueve del mes en curso, en la oficina a su cargo. Apercíbasele que de no hacerlo o indicar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.

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