Jacinto Gómez Domínguez

Expediente 1253/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1253/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2016

Partes del expediente

  • Jacinto Gómez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 81 de la Ley de Amparo contra la sentencia de diez de octubre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado.Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, aplicable al presente asunto, en términos del transitorio tercero de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.Por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas.Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, pues los mismo establecen."SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por:(.)XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución"."VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos:I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia.Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.Notifíquese.Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1253/2016-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, Jacinto Gómez Domínguez, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." "ACTO RECLAMADO La abstención de emitir el acuerdo correspondiente a la solicitud de ejecución laboral de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis en el expediente 2148/2009,." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales previstos en los preceptos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de mérito, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual -previos diferimientos-, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el acto reclamado constituye una omisión por parte de la autoridad responsable que tiene su residencia dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional procede a la fijación de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que en términos del mencionado ordenamiento legal, mediante el análisis íntegro de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se desprende que el acto reclamado es la omisión de acordar la solicitud del quejoso presentada mediante escrito de cuatro de julio de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el ámbito de sus respectivas atribuciones. A lo anterior le es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, del registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 61 y 62, de la Ley de Amparo. Lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia II.1o.J/5, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 95, tomo VII, del mes de mayo de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación, de la octava época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En primer lugar debe precisarse que la omisión de dar respuesta a una solicitud dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio no puede reclamarse de manera autónoma. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J.7/2015 (10ª.), publicada en la página 480, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Administrativa sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2008884, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Por otro lado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado. En el caso la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si se acordara lo conducente, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce del derecho fundamental infringido, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En la especie, el ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, emitió el acuerdo respecto de la solicitud del quejoso presentada el cuatro de julio del mismo año en el expediente laboral 2148/2006. Por consiguiente, es patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en la medida que cesaron los efectos de la omisión reclamada al satisfacerse a plenitud la pretensión del quejoso, esto es, que se acordara lo solicitado respecto al requerimiento de pago y embargo en contra de la demanda. En tales condiciones es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad en la fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento. Es aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia 103, visible en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, Tomo VI, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la tesis P.CL/97, que se localiza en la foja setenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1997, Tomo VI, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 73, párrafo primero, 74 y 215 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por Jacinto Gómez Domínguez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy las once horas con veinticinco minutos, como se determinó en auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis; sin embargo, en autos no obran la constancia con la cual se acredite la oportuna y legal notificación de la instauración de este juicio de amparo a la parte tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Melchor Ocampo, Estado de México. En virtud de lo anterior y a fin de que este órgano de control constitucional continúe con el trámite del presente asunto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con veinte minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales consiguientes los oficios de cuenta, por los cuales la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su respectivo informes justificados, asimismo remite copias certificadas de la promoción que fue acusada el cuatro de julio de dos mil dieciséis y del acuerdo recaído a ésta de ocho de agosto pasado. Atento a lo anterior, se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

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