Jacinto Gerardo Ramírez Cruz
Expediente 1302/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jacinto Gerardo Ramírez Cruz y Otros.
- Jacinto Gerardo Ramírez Cruz
- Fiscal General del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/5546/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente, Feliciano Humberto Santos Rojas con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1302/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) acuerdo de prevención de diecisiete de noviembre del año en curso, (iii) auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, donde se admite la demanda de amparo, e (iii) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar las pruebas ofrecidas por la quejosa con su demanda de amparo y con su escrito aclaratorio, así como las de las autoridades responsables remitieron como apoyo a su informe justificado, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; no habiendo más que constar, se cierra este período para pasar al de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que las partes no los formularon; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1302/2022 promovido por ********************, en contra del acto de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de ********************, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en contra del acto y las autoridades que más adelante se precisarán. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, previo cumplimiento al requerimiento decretado, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 1302/2022; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, en el caso concreto se precisa que se tiene como autoridades responsables al Fiscal General del Estado de Oaxaca, al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, debido a que la petición realizada por el quejoso se encuentra dirigida a esos cuerpos colegiados, tal y como se advierte del escrito presentado por el promovente del amparo y de quienes reclama la omisión de notificarle e informarle sobre las gestiones y avances de su procedimiento de indemnización con motivo de su despido injustificado como Agente Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, así como la omisión de realizar las gestiones necesarias para el pago de su indemnización constitucional y las evasivas por parte de las responsables para el pago de su indemnización. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes justificados el Director de Asuntos Jurídicos en ausencia del Fiscal General del Estado de Oaxaca, el Director de Asuntos Jurídicos y el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado, agregando que el doce de diciembre de dos mil veintidós, fue acordado el escrito del quejoso; sin embargo, de la manifestación de las responsables se advierte la omisión reclamada por el disidente de mérito, puesto que la misma existía al momento de la presentación de la demanda (quince de noviembre de dos mil veintidós), ya que la misma fue acordada con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". VI. PROCEDENCIA Ahora, previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por este juzgador, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En la especie, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar su escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto, que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, la actualización de la citada causal de improcedencia, se demuestra con las documentales que la autoridad responsable remitió como prueba de su parte, las cuales adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando que antecede. Ahora, como el quejoso reclamó del Fiscal General del Estado de Oaxaca, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito de diez de octubre de dos mil veintidós; y que el doce de diciembre de dos mil veintidós ese órgano jurisdiccional, en atención a la promoción presentada por la actora, se le dijo que en el mes de marzo de dos mil veintitrés, se realizará el pago total de su indemnización y prestaciones; se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, toda vez, que lo pretendido por el agraviado al promover el juicio de amparo, era que se diera contestación a la petición formulada y se le informaran los las gestiones y avances en lo relativo a su indemnización; lo que aconteció el pasado doce de diciembre de esta anualidad. De ahí, que en la especie, se advierte en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; por haber cesado los efectos del acto reclamado; ello, porque cualquier retraso en que hubiera incurrido quedó purgado. Tiene aplicación al efecto la Jurisprudencia número 2ª/J 59/99, publicada en la página número treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias que remite la autoridad, no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa, pues el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, refiere que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, el cual deberá hacérselo saber en breve termino. Cierto es también que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que cuando se reclama la violación del artículo 8º dentro de un procedimiento jurisdiccional, como en el que actúa la quejosa, no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Motivo por el cual, la falta de notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causa a la quejosa un daño irreparable. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.), y 1a./J. 8/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, que reza: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes los informes justificados descritos en la cuenta; asimismo, se tiene al Director de Asuntos Jurídicos en ausencia del Fiscal General del Estado de Oaxaca y al Director de Asuntos Jurídicos, por anunciada las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tiene al Director de Asuntos Jurídicos en ausencia del Fiscal General del Estado de Oaxaca, designando como sus delegados a las personas que refiere. Finalmente, se tiene a las autoridades responsables señalando el correo electrónico que proporcionan, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese.
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