Jacinta Tomasa Mora Flores

Expediente 2160/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2160/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Jacinta Tomasa Mora Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ...

  2. Principal

    VISTO, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 2160/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el uno de diciembre siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se reproducen: AUTORIDAD RESPONSABLE: ".La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. ACTO RECLAMADO: "La omisión en la que incurre la responsable, para dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen ********" SEGUNDO. Admisión de la demanda. En acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 2160/2022, se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que corresponde a la Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la moral tercera interesada **************, así como los diversos terceros ***************, y se señaló fecha para que se celebrara la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando el presente juicio de amparo en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; en concordancia con los Acuerdos General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad del trabajo que tiene residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el siguiente: * De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral ********** promovido por **************. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. ************** TERCERO. Presunción de certeza del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, en primer término se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y solo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. ************** Establecido lo anterior, se precisa que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, fue omisa en rendir informe justificado pese a estar notificada mediante oficio 39821/2022, recibido el siete de diciembre de dos mil veintidós, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 17); por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuyó. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que el juez de amparo estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En el particular, no se advierte la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea de manera oficiosa o que lo hayan alegado las partes, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. El concepto de violación que se formula en la especie resulta jurídicamente inoperante por inatendible, por las consideraciones que más adelante se exponen. Como punto de partida, debe destacarse que la quejosa reclama la omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********** promovido por ************, en contra de *************** y otros, del índice de la Junta responsable, omisión que se presumió cierta. Sobre esa base, es necesario reproducir lo previsto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 117. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley." Como puede apreciarse, la porción normativa transcrita establece que si la autoridad responsable no rinde su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de la propia Ley. Ahora bien, respecto al acto que es en sí mismo violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Máximo Tribunal del país, ha sostenido que se actualiza cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. En cambio, el acto reclamado no será violatorio, en sí mismo, cuando pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución Federal surge por la sola existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de dichos actos, sería que el acto de molestia no constara en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de treinta y seis horas, etcétera. Es decir, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en la parte que nos interesa, prevé dos aspectos distintos, a saber: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos. En cuanto a la primera parte nos encontramos ante una presunción legal, la cual consiste en tener un determinado hecho como cierto provisionalmente, en tanto no se suministre prueba en contrario. Su función procesal consiste en limitar la prueba del presupuesto de hecho de la norma sustancial que contempla el efecto jurídico, de tal forma que la parte favorecida con la presunción no requiere probar el hecho presumido sino únicamente los presupuestos en los que se fundamente. En efecto, la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, más no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación «se presumirá cierto el acto reclamado» excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Por tanto, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que se debe tener por cierto es el acto reclamado; no obstante, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, pues no hay precepto que así lo establezca. De ahí que, el artículo 117 establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de derechos en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. ************* En la especie, el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-6/320/2020 promovido por Jacinta Tomasa Mora Flores, en contra de Kenworth del Sur, sociedad anónima de capital variable y otros, del índice de la Junta responsable, por lo que sólo se tiene por cierto este hecho. Establecido lo anterior, se procede al examen de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tal dispositivo legal establece, como regla general, que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. El propio numeral prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o los tratados internacionales, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución o a las normas convencionales surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de treinta y seis horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí que el artículo 117 cuarto párrafo de la Ley de Amparo establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de los derechos humanos y de las garantías para su protección; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de los derechos humanos en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia (del acto). En el caso, como ya se dijo, el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral *********** promovido por *************, en contra de ************* y otros, del índice de la Junta responsable, así como la omisión de notificarlo a las partes. En efecto, para estimar si dichos actos son en sí mismos violatorios de los derechos humanos y de las garantías para su protección, debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva la contravención a la Constitución o a los tratados internacionales. En ese orden, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo -aplicable al juicio laboral origen-, en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, se establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." De la lectura del primer artículo en cita se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y que en caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, con citación de las mismas, se señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior -de oficio- se declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo. Por otra parte, el segundo de los preceptos dispone dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. Por último, el artículo 887 antes citado, establece que agotados los plazos fijados en los artículos que le preceden se discutirá y votara el asunto en definitiva, lo que ocurrirá dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Los preceptos que se analizan son claros, por lo que para su interpretación basta con acudir a su letra, esto es, a la semántica, sin necesidad de atender a cualquier otro método o argumento interpretativo. Ahora, efectuando el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, para poder sostener que las omisiones reclamadas vulneran algún derecho humano, era indispensable que se demostraran los siguientes aspectos: 1. La existencia de un juicio laboral; 2. Que el aquí quejoso sea parte en ese juicio laboral; 3. Que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; "Registro digital: 197499 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 304 Tipo: Jurisprudencia LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Luego, la peticionaria del amparo presentó junto con el escrito de demanda electrónica copia de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********** promovido por *************, en contra de *********** y otros, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; no obstante, omitió allegar al presente juicio de amparo mayores medios de convicción idóneos tendentes a acreditar la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, lo que impide pronunciarse sobre el particular. Lo anterior, en virtud de que con dicha documental únicamente se acreditan los primeros dos presupuestos, esto es, la existencia del juicio laboral *********** del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y que la aquí quejosa *********** resulta ser la parte actora en dicho asunto; sin embargo, no se colma el tercer presupuesto, debida a que con dicha prueba no se tiene por demostrado que el juicio laboral de mérito se encuentre en el estado procesal para dictar el laudo que en derecho corresponda. Resulta necesario destacar que para determinar que el último punto se encuentra satisfecho, se requiere que se demuestre que el juicio de origen se encuentra en un estado procesal que amerite el dictado del laudo. En esa virtud, si no se demostró alguno de esos presupuestos, la omisión reclamada, por ciertas que resulten, no producen violación de derechos humanos. De ahí que, en la especie, no es posible aún tener por acreditado el requisito en estudio y, por ende, la violación al derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, el referido acto reclamado no puede estimarse, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas que tuvo la responsable para abstenerse de dictar el laudo que en derecho corresponda. Por tanto, si el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía a la promovente del amparo, sin que acreditara el punto - c) -. De igual forma, cabe señalar que ninguna disposición de la Ley de Amparo constriñe a este Juzgado Federal para emplear medios de apremio y obligar de alguna manera a la autoridad responsable a que rinda su informe justificado, acompañando necesariamente las constancias indispensables para resolver el asunto, ya que de lo contrario no tendría aplicación el párrafo cuarto del artículo 117, de dicho ordenamiento, que establece la presunción de ser cierto el acto reclamado cuando la responsable no rinda su informe en términos de ley. Y en el caso, por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, notificado el siete de diciembre siguiente, se otorgó a la Junta responsable un plazo de quince días, para rendir su informe justificado relativo al juicio laboral D-6/320/2020 de su índice, sin que así lo haya hecho; es más, en dicho plazo la quejosa también tuvo la oportunidad de ofrecer algún medio de prueba relativo a la inconstitucionalidad de los actos que reclamó, lo que no realizó. En consecuencia, al no ser inconstitucional por sí mismo el acto reclamado, correspondía a la quejosa *********, la carga de aportar las pruebas necesarias para demostrar los hechos que, a su juicio, demuestran la inconstitucionalidad de ese acto. Por tanto, si no allegó medio de convicción alguno, ello hace infundado su motivo de inconformidad, ante la ausencia de constancias que demuestre la violación alegada. ********** Sin que constituya un obstáculo a la conclusión alcanzada, la circunstancia de que el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, pues lo cierto es que, esta obligación solamente surge cuando la autoridad responsable sí rinde su informe justificado, pero omite remitir las constancias que apoyen su acto, aunado a que dicho imperativo no tiene el alcance de que el órgano jurisdiccional recabe la existencia del acto reclamado, dado que ello es obligación de la parte quejosa, atento a que, como ya se explicó, la omisión reclamada no es violatoria en sí misma de derechos humanos. *********** En tales condiciones, ante la inoperancia del concepto de violación de la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Los criterios invocados en la presente resolución, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. *********** Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, en contra del acto reclamado de la autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. *********

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el plazo de quince días previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla rinda su informe justificado, está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta de ********************, perito designado en materia de topografía por la autoridad responsable Procuraduría Agraria en el Estado de Puebla y por la parte tercera interesada ********************y********************, como ********************y********************, del ******************** de la ********************, Puebla, por medio del cual en atención a la comparecencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós de la representante común de la parte quejosa ********************por propio derecho y como sucesora de derechos de ********************así como del perito oficial ********************, para que se trasladaran y se constituyeran en el predio objeto de la prueba pericial en materia de topografía ofrecida en el presente juicio de amparo, solicita se señale nueva fecha para la continuación de los trabajos técnicos de campo, y que el término para la emisión de su dictamen inicie una vez que se hayan concluido dichos trabajos técnicos. Al respecto, por cuanto hace a la solicitud de señalar nueva fecha para la continuación de los trabajos técnicos de campo, dígase al mencionado perito de la autoridad responsable Procuraduría Agraria en el Estado de Puebla y de la parte tercera interesada ********************y********************, como ********************y********************, del ******************** de la ********************, Puebla, que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que al ser perito de la autoridad responsable y de la tercera interesada se encuentra en aptitud de constituirse en cualquier día en el inmueble materia de la prueba pericial y de realizar las diligencias necesarias a fin de emitir su dictamen pericial, sin que este juzgado de Distrito deba señalarle fecha para tal efecto. En ese contexto, respecto a la petición de que el término para la emisión de su dictamen inicie una vez que se hayan concluido los trabajos técnicos de campo, dígase al perito ******************** que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que los trabajos de campo y las diligencias que éste practique son independientes de los trabajos y las diligencias que a su vez sean realizados por el perito oficial. No obstante lo anterior, tomando en consideración lo expuesto por el perito ********************, designado por la autoridad responsable y la tercera interesada, se le concede un término de diez días a efecto de que emita el dictamen en materia de topografía correspondiente, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 148, párrafo II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento lo anterior al perito ******************** por conducto de la autoridad responsable Procuraduría Agraria en el Estado de Puebla y de la parte tercera interesada ********************y********************, como ********************y********************, del ******************** de la ********************, Puebla. En otro orden, dado que el perito ********************, manifestó en el escrito de cuenta que al haberse constituido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en compañía del perito oficial, de la parte quejosa y de su perito, en el inmueble objeto de la prueba pericial en topografía y después de realizar los trabajos técnicos de campo necesarios, los mismos no pudieron ser concluidos, por tanto, a fin de vigilar el correcto desahogo e integración de dicha prueba, requiérase al perito oficial ********************, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe si el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós se logró llevar a cabo los trabajos técnicos de campo y las diligencias correspondientes para reunir los elementos necesarios y emitir su dictamen pericial. Apercíbase al referido perito oficial que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término indicado sin justificación alguna, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte tercera interesada ********************y********************, como ********************y********************, del ******************** de la ********************, Puebla. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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