Jacinta Sanchez Rodriguez
Expediente 1455/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1455/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2021
Partes del expediente
- Jacinta Sanchez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mediante el cual informa que en proveído de veinte de octubre del año en curso, dictado en el exhorto *** de su índice, ordenó al actuario de adscripción que lleve a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demandada en el juicio laboral de origen D-*** del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las gestiones que la autoridad actuante se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se requiere a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a fin de que en el término de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de las constancias de emplazamiento de ****, sociedad anónima de capital variable, parte demandada en el juicio laboral de origen D-*** del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente auto, informe si ya recibió el exhorto ***, y en su caso, informe el acuerdo que le recayó y lo que determinó respecto del emplazamiento de la parte demandada, para lo que deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibidas que de ser omisas al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad desahoga requerimiento. El Responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno CFE SSB División Comercial Centro Oriente, informa que realizó una búsqueda en su base de datos y que no se localizó domicilio del tercero interesado ***. En vista de lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento formulado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Sin que haya lugar a realizar mayor acuerdo, dado que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se acordó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Análisis del cumplimiento. Vista la certificación y el estado de autos, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado en la vista de auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno con las constancias de cumplimiento del fallo protector, por ende, se provee sobre el acatamiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Sentencia. Mediante sentencia del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo, para los efectos siguientes. VIII. DECISIÓN 96. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa en contra de la resolución interlocutoria reclamada, a fin de restituirla en el goce de los derechos que se estimaron vulnerados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en un plazo que no podrá ser superior a los cinco días hábiles a partir de que causa ejecutoria esta sentencia: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de diez de enero de dos mil veinte, mediante la cual declaró infundado el incidente de incompetencia planteado por la parte quejosa en el juicio laboral 287/2019. b) Emita una nueva determinación, en la que con libertad de jurisdicción, determine si sostiene o no su competencia para conocer del juicio laboral de origen, pero para ello deberá abordar el planteamiento efectivamente planteado por la parte quejosa al promover el incidente de incompetencia, esto es, si corresponde o no conocer del asunto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal. Ejecutoria Mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno se declaró firme la sentencia de amparo y se requirió su inmediato cumplimiento. Primera resolución de cumplimiento. En pretendido cumplimiento al fallo protector, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla emitió sentencia interlocutoria el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 287/2019, promovido por María Cristina Trujillo Guerrero en contra de la Secretaría de Bienestar y otros; a través de cual declaró infundado el incidente de competencia planteado. Se declaró no cumplida y se volvió a requerir. Sin embargo, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno se declaró no cumplida la sentencia de amparo; se ordenó a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dejar insubsistente la sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno; y, se le ordenó emitir una nueva en la que con libertad de jurisdicción, determinare si sostenía o no su competencia para conocer del juicio laboral 287/2019, abordando frontalmente los planteamientos planteados por la Secretaría de Bienestar al promover el incidente de incompetencia. Segunda resolución de cumplimiento. La Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dejó insubsistente la sentencia interlocutoria y emitió una nueva el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el incidente de incompetencia derivado del juicio laboral 287/2019, en la que nuevamente declaró infundada la incidencia planteada. Nuevamente se declaró no cumplida la sentencia. Empero, este Juzgado el treinta y uno de agosto del año en curso consideró que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla nuevamente no había acatado la ejecutoria, pues si bien en la nueva sentencia interlocutoria abordó el estudio del incidente de competencia del juicio laboral 287/2019, promovido por María Cristina Trujillo Guerrero contra la Secretaría de Bienestar, tergiverso los tres parámetros de la cuestión planteada. Cumplimiento. En ese sentido, a fin de cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la sentencia interlocutoria de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 287/2019, mediante el cual se advierte que siguió los lineamientos de la sentencia, pues realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efecto la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno; y, 2. Con libertad de jurisdicción dictó nueva resolución, en el cual declaró fundado el incidente de competencia por razón de la materia, interpuesto por la parte quejosa, en la que abordó los 3 temas siguientes: I. La Junta responsable determinó que la relación de trabajo entre María Cristina Trujillo Guerrero y la Secretaría de Bienestar, se regía por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República; es decir, por un régimen burocrático federal, por ser una trabajadora al servicio del Estado; II. Que la Secretaría de Bienestar es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, en términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I, y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y, III. Que, por regla general, los conflictos individuales, colectivos o intersindicales entre órganos del Estado federal y sus trabajadores, son competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con base en el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución. 3. En esa medida, la Junta concluyó con libertad de decisión que la relación de trabajo ente María Cristina Trujillo Guerrera y la Secretaría de Bienestar se rige por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, es decir, es un concepto burocrático federal por ser una trabajadora al servicio del Estado; y, por ende, declinó la competencia al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese, sin mayor proveído, el oficio de la presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual adjunta diversas constancias relativas al expediente laboral de origen, dentro de las que destaca la diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno: lo anterior, pues mediante auto de veinticuatro del mes y año en curso, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Cúmplase.
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