Jaciel Basurto Arias
Expediente 834/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jaciel Basurto Arias
- Jaciel Basurto Arias y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Vista la razón actuarial que antecede, en la que la fedataria adscrita a este órgano de control constitucional manifiesta su imposibilidad para notificar el acuerdo de tres de febrero del año en curso, al quejoso ********, por los motivos que expresa; en consecuencia, se ordena hacer de su conocimiento dicho proveído, así como las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. (...)
- Principal
MESA IV. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, para que la parte quejosa recurriera el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a la parte quejosa, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación secretarial, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto OCTAVO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de la misma superioridad; consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
MESA III Agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Zaira Pérez Arrellano, defensora pública designada para representar al quejoso JACIEL BASURTO ARIAS (cargo que acredita con la cédula profesional que anexa y credencial laboral); en atención a su contenido, se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, en relación con el arábigo 30, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico "ZAIRA_82", en virtud de que así fue solicitado expresamente. Así también, con fundamento en el párrafo quinto, del numeral 3° de la ley de la materia, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se le autoriza para consultar el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el citado nombre de usuario. Por otra parte, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva, se ordena notificar personalmente a la defensora pública el proveído de cuatro de noviembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se le requiere para que acredite ante este juzgado, la asesoría jurídica que proporcione al justiciable, acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
- Principal
MESA III. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ***, contra actos de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los numerales, 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 3, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo; 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federal) (FIREL) y al Expediente Electrónico; 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente electrónico e impreso, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 834/2021-III-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica del quejoso Jaciel Basurto Arias, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Por tanto, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Máxime que la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. Si bien, el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En tales condiciones al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de la persona que se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo carece de la firma electrónica del promovente, lo que obliga a desecharla. Además que, de la lectura integral de la demanda no se advierte que ***, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso, los actos reclamados son los consistentes en la orden de traslado y la restricción de reubicarlo del dormitorio nueve del centro penitenciario en que se encuentra a diverso. Sin que pase desapercibido para este órgano que, en la demanda de amparo el quejoso hace referencia a que los actos reclamados ponen en riesgo grave la visa, salud, integridad y dignidad personal psicofísica y psicoemocional y por tanto actualiza actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, toda vez que ello, lo hace depender precisamente de los actos primordiales indicados en el párrafo que antecede, sin que se desprenda algún otro dato que infiera que éstos se estén ejecutando. Esto ese tenor, los actos reclamados no se encuentran dentro de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la FIREL del quejoso, es procedente su desechamiento de plano porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Se reitera, sin que este criterio resulte inaplicable en el caso, dado que no se trata del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva en términos del artículo 15 de la ley referida. Por lo que se estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113, del ordenamiento legal citado, por ende, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida por Jaciel Basurto Arias, al existir una causal manifiesta e indudable de improcedencia. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como, en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como, a las especificaciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el referido virus; se le autoriza para consultar y promover el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto a través del usuario "sandra.colin", exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones de carácter personal para el quejoso en la Penitenciaría de la Ciudad de México. PREVENCIÓN AL QUEJOSO Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo fue promovida por ***, por propio derecho, y no señala autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, esto es, profesionista de la carrera de derecho, a efecto de que le brinde la asesoría adecuada que requiera en el presente asunto; aunado a que el citado quejoso se encuentra privado de su libertad, debe decirse que dichas circunstancias presumen su limitación al derecho de acceso a la justicia, ante la falta de representación jurídica conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: En tales condiciones, se requiere al quejoso para que en el acto de la notificación, o por escrito dentro del plazo de los tres días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, nombre abogado para que lo represente en el presente juicio; apercibido que de no hacerlo, este órgano de Control Constitucional, tomará las medidas correspondientes conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), inserta en el presente auto. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN Se comisiona a cualquiera de los Actuarios judiciales adscritos para que se constituya en la Penitenciaría de esta Ciudad y haga lo siguiente: Notifique este proveído al quejoso ***. Lo requiera para que, al momento de la notificación o por escrito, dentro del plazo de tres días, nombre abogado para que lo represente en el presente juicio, bajo el apercibimiento indicado en párrafos precedentes. EXHORTO A LAS PARTES ...
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