Jacaranda Martinez Morales

Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
172/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • Jacaranda Martinez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: -Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en representación del Pleno de la misma. Informe en el que manifiesta que es cierto el acto reclamado. Sobreseimiento fuera de audiencia De las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de diversas causales de improcedencia, que motivan el sobreseiento fuera de audiencia. Se explica. Precisado lo anterior, se tiene que uno de los actos reclamados por el quejoso consiste en la omisión de dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio primigenio *******. Dicho acto resulta ser inexistente, pese a que la autoridad responsable manifiesta en su informe que es cierto el mismo, toda vez que dicho señalamiento resulta ser genérico, pues no precisa un acto en concreto del cual se duele en el procedimiento de ejecución de origen. En ese sentido, debe decirse que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos omisivos en ejecución de laudos, la parte quejosa debe expresar específicamente el acto del que se duele, y no señalarlo de forma genérica reclamando la omisión de ejecutar o dar cumplimiento al laudo, ya que de plantearlo de esa manera, el acto reclamado deviene jurídicamente inexistente, porque se requiere de una participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo; asimismo, dicho acto sería de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, con el registro 2019185 Instancia: Plenos de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Lo anterior es así, pues si bien es cierto el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, y que a su vez, el artículo 150 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos) dispone que: "El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes."; también es cierto es que, el diverso numeral 151 de la propia ley, establece que: "Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Esto es, el citado numeral 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece dos momentos en los cuales resulta necesaria la intervención de la parte que obtuvo resolución a su favor en el periodo de ejecución del laudo, a saber, el primero, en el que se requiere la petición de dicha parte para iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y, el segundo, cuando una vez acordada tal solicitud, se despacha auto de ejecución, a fin de que el actuario comisionado asociado de la referida parte requiera el cumplimiento del laudo. De lo que se obtiene que, no solamente corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo, pues la norma en cita precisa que, al ordenarse la ejecución forzada del laudo, necesariamente debe comisionarse al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, sin que se haga excepción alguna al respecto. Por esas razones es que no puede constreñirse al Tribunal responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, de acuerdo a lo que indican los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sirve de apoyo por su sentido, la tesis jurisprudencial PC.I.L. J/9 L (10ª.), de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." En esa tesitura, al reclamarse en el amparo indirecto, en forma genérica la omisión del Tribunal del conocimiento, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente de origen, se concluye su inexistencia al momento de la presentación de la demanda de amparo, aunado a que resulta de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante -parte quejosa-, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuye a la autoridad responsable. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el Juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse, sin embargo, de la lectura de la demanda se advierte que el solicitante del amparo se limitó a sostener como acto reclamado la omisión genérica de dar cumplimiento al laudo por la autoridad responsable. Robustece las consideraciones que anteceden, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), también sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (resultado de la contradicción de tesis 339/2011) que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.' En consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del acto precisado en párrafos previos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior, implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso se actualiza de manera notoria e indudable la improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; es así, pues como se precisó en párrafos previos, existen jurisprudencia en el sentido de que es improcedente el juicio de amparo, contra omisiones genéricas en la etapa de ejecución de laudo, como ocurre en el caso. Estudio de diverso acto reclamado Por otro lado, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el doce de marzo de dos mil veinte, registrada con el folio 003368, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese contexto, la parte quejosa en su escrito de demanda presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, reclamó del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de acordar la promoción presentada el doce de marzo de dos mil veinte, registrada con el folio 003368; empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral 01/220/2010, el cinco de abril de dos mil veintiuno (con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo) acordó la promoción en comento. De donde se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de marzo de dos mil veintiuno), la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado, como si le fuere otorgado el amparo. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica y por autorizado el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones. Antecedente. Asimismo, se tiene a la oficiante informando que no encontró diverso juicio de amparo relacionado con el presente asunto. Autorización de medios electrónicos. Al respecto, se le autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será conforme a los horarios y lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Notifíquese personalmente en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente incidente de suspensión. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Notifíquese.

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