Jabier Maya Hernández

Expediente 837/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
837/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Jabier Maya Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de seis de junio de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, en el entendido que el presente se tramitó sin incidente. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista el acta que antecede de la que se advierte que la quejosa Teresa Carolina Palacios Duarte, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Andrea Carolina, Jorge Rodrigo y Fernanda Eli, todos de apellidos Barraza Palacios, dio cumplimiento al requerimiento de uno de junio del año en curso; en tales condiciones, se tiene a la mencionada parte quejosa manifestando su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Por tanto, glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III, del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el contenido de los acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 358); catorce y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 585 y 613 respectivamente), en los cuales se reservaron los acuerdos correspondientes a los escritos presentados por el tercero interesado Ramón Barraza Bojalil, hasta en tanto se determinara que la ejecutoria dictada en el presente juicio, esta o no cumplida; lo que en la especie ha sucedido; en tales condiciones, dígase al mencionado tercero interesado, que deberá estarse a lo acordado en el primer párrafo del presente acuerdo, esto al establecer la conformidad de la quejosa con el fallo dictado dentro del presente sumario. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como tales: HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio en plaza de la Constitución, sin número, colonia centro del Municipio de Izucar de Matamoros, Puebla. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Son los siguientes: Del HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, se hace consistir en la dilación procesal para emitir auto de radicación, misma que se derivada de un juicio laboral que se promovió por despido injustificado, mismo que se tramita bajo el número de expediente D-185/2017, por lo que la autoridad se encuentra incumpliendo con la obligación que tiene de proveer la eficaz e inmediata resolución. De dicha autoridad señalada como responsable, reclamo las consecuencias legales del acto reclamado y que se traduce en la abstención u omisión de emitir el auto de radicación, no obstante que las normas de trabajo son de carácter imperativo por que aluden a la certeza jurídica de los procedimientos y en los cuales se establece la obligación de la propia autoridad para lograr un celeridad en el procedimiento, atento a los principios procesales emanados de la Constitución y su Ley Reglamentaria así como de la propia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla." Ahora bien, del contenido del informe justificado rendido por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante proveído de veintiuno de mayo del año en curso, se desprende que la autoridad responsable mediante auto de dieciocho de mayo del año en curso, dentro del expediente laboral D-185/2017 emitió el auto de radicación del juicio laboral de origen; constancias que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso Jabier Maya Hernández, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla de emitir auto de radicación del juicio laboral de origen. Y en esa medida, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, radicó el juicio laboral de origen. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-185/2017, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión del quejoso al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera el auto de radicación relativo al expediente laboral D-185/2017, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la responsable emitió el auto correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Jabier Maya Hernández reclamó al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias de notificación a las partes, respecto de la resolución dictada en forma de laudo de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 991/2017. Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad oficiante, mediante oficio recibido el dos de abril de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la resolución dictada en forma de laudo de fecha veintisiete de marzo del año en cita, dentro del expediente laboral 991/2017; en esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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