Jabib Zerecero Castañeda

Expediente 280/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
280/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Jabib Zerecero Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Del estado procesal que guardan las actuaciones y la copia autorizada de cuenta se advierte que este incidente de suspensión es un accesorio del juicio de protección de derechos 280/2018; en el cual mediante proveído de esta data, se ordenó el archivo como asunto total y definitivamente concluido, por tanto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio, que también resulta procedente el archivo de este incidente. Asimismo, se desprende que no existe billete de depósito ni garantía alguna exhibida por la parte quejosa cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar. Mientras que el duplicado del incidente es destruible; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Asimismo, se hace notar que el presente incidente carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria; por tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como concluido en forma total y definitiva. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y en forma posterior la certificación que corresponda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo. Por último, glósese copia autorizada de este proveído en el cuaderno incidental que deriva del presente juicio, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Se agrega al expediente el oficio del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos en representación del Fiscal General del Estado, por el cual en cumplimiento al proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, remite copia cotejada de la constancia de notificación practicada a la autoridad responsable DIRECTOR DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA FORÁNEA ORIENTE (TEZIUTLÁN). De lo que este juzgado toma conocimiento, sin emitir mayor pronunciamiento al respecto, pues en auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe justificado de la citada autoridad.

  4. Incidental

    II. Fundamentos Jurídicos: II.1. El quejoso reclama orden de aprehensión, detención o presentación dictada en su contra, así como su ejecución. II.2. Las autoridades responsables Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro y la Jueza de Oralidad y Ejecución en funciones de Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al rendir sus informes previos negaron el acto reclamado (fojas 36 y 43). Postura que también adoptó el Director de Agencias del Ministerio Público Investigador Región Zona Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, pues al rendir su informe previo negó la ejecución que le fue imputada (foja 51). Además, la parte quejosa omitió aportar pruebas que desvirtuaran las negativas expuestas por las autoridades responsables en este incidente. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, dada la ausencia de materia para decretarla . II.3. Por otra parte, la autoridad responsable DIRECTOR DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO ZONA FORÁNEA ORIENTE (TEZIUTLÁN), fue omisa en rendir su informe previo, no obstante estar notificada del auto por el que se le solicitó el mismo (foja 42); en tales condiciones, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se le presume cierto el acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XCI, página 1036, de rubro y texto siguientes: INFORME PREVIO, OMISION DEL. Si la autoridad responsable fue omisa al informar categóricamente si era cierto o no el acto reclamado, en esa virtud, presumiéndolo cierto por la falta de informe, el Juez de Distrito no violó el artículo 132 de la Ley de Amparo, al conceder la suspensión. De igual forma se hace extensiva la certeza del acto reclamado al Agente del Ministerio Público en representación del Fiscal de Investigación Metropolitano y la Directora de Mandamientos Judiciales, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado, así como al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, no obstante que al rendir sus informes previos negaron la ejecución que les fue imputada (fojas 20, 21 y 39), pues al revestirles el carácter de autoridades ejecutoras están supeditadas a la ordenadora a la cual se le presumió cierto. Ahora, respecto de la orden de presentación que dice la parte quejosa existe en su contra y la ejecución de la misma, con fundamento en los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad ministerial y ejecutoras responsables que den cumplimiento o materialicen la orden reclamada, si ésta fue emitida en un procedimiento seguido en términos de las normas jurídicas vigentes y acordes con el nuevo sistema penal acusatorio, se concede la suspensión definitiva en los términos siguientes: Si la orden ya fue ejecutada o llevada a cabo por autoridades administrativas distintas del ministerio público en contra del quejoso por la comisión de algún delito, la suspensión se concede para que sin demora cese la detención, así como se ponga a dicho peticionario del amparo a disposición del ministerio público, a fin de determinarse por éste sobre su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos permitidos y previstos por el artículo 16 de la constitución, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. Cuando en el supuesto especificado en el párrafo precedente, la presentación efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, omita tener relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad. De consistir el acto reclamado en la orden de presentación y se encuentre a disposición del ministerio público, la suspensión se concede para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en inmediata libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que cuando el quejoso se encuentre a disposición del ministerio público por haber sido detenido en flagrancia o urgencia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. Si el acto reclamado consiste en la orden ya efectuada por el ministerio público, la suspensión se concede para que se ponga en inmediata libertad al quejoso, si omite acreditarse la flagrancia o el tratarse de algún caso urgente en términos del artículo 16 de la constitución. En caso de existir flagrancia o urgencia, se requiere al ministerio público para que el quejoso sea puesto en libertad o se le consigne ante el juez correspondiente, dentro del término de ley, a partir de su detención. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad ministerial pueda citar al quejoso para la práctica de diligencias de investigación de algún hecho. Empero, si la orden reclamada se refiere a delitos cuya gravedad y conforme a la ley secundaria aplicable se prohíba en forma expresa conceder el beneficio de libertad, o de ordenarse la detención por caso urgente, la suspensión en mención sólo producirá el efecto de que una vez realizada la detención, el quejoso quedará a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluido, y a disposición de la responsable para la consignación dentro del plazo correspondiente. Al respecto, se cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1469, Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en caso de negársele la protección, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite su domicilio particular, ocupación y salario percibido. Además, deberá otorgar una garantía económica a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de dos mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional ($2,500.00), ya sea en póliza de fianza, billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Garantía que se estima es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, el cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible para el quejoso. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja +++, del citado tribunal. La garantía deberán presentarla, dentro del plazo de tres días contados a partir de que sea notificado de la presente resolución; y se fija de manera discrecional, pues se desconoce la naturaleza, modalidades y características del delito imputado y la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia por parte del quejoso. También se establece el apercibimiento siguiente: en caso de que el quejoso omita exhibir la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a la autoridad responsable. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Así mismo, se requiere al quejoso para que acuda ante la autoridad responsable, a declarar en la averiguación instruida en su contra o, en su caso, para intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho. Lo cual también deberán acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. III. Recapitulación de la Interlocutoria: Por lo expuesto y fundado: III.1. Se negó la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra los actos y autoridades precisadas en los fundamentos II.1. y II.2. III.2. Se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra el acto y autoridades precisados en el fundamento II.3.

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