J. Ventura Rosas Varelas
Expediente 225/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Ventura Rosas Varelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de uno de junio del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable vinculada para ello, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo se concede, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo, la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, con sede en aquella ciudad Capital, como lo establece el artículo 191 de la Ley Agraria, provea la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Agrario 592/2013, para lo cual deberá requerir a la parte demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes imponiéndole términos legales, apercibiéndole con la imposición de medidas de apremio, imponiéndolas incluso en caso de que sea necesario, precisándole que en caso de que deban realizarse trámites administrativos o gestiones ante alguna institución diversa a las partes que integran la relación jurídica procesal; prueben que es indispensable dicha intervención y acrediten que realizan esos trámites y gestiones de manera inmediata y eficaz, es decir, que se pruebe el seguimiento constante de los mismos, hasta el cumplimiento de la sentencia. Para el caso, la sentencia de amparo que ahora se dicta se tendrá por cumplida con la indicación de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, con sede en aquella ciudad Capital, en el sentido de que acatará lo ahora ordenado, para que sea eficaz e inmediato el cumplimiento de la sentencia dictada en ese Juicio Agrario 592/2013. Determinación que causó ejecutoria por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 4308, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario 11, con sede en la ciudad de Guanajuato, al que transcribió íntegro su proveído de veintiocho de mayo del año en curso, emitido en el juicio natural 592/2013. adjuntó copia certificada de la nueva resolución pronunciada el veintiséis de octubre pasado, en los autos del Toca número 350/2017, de su índice, en la cual, confirmó la diversa interlocutoria dictada en el Incidente de Liquidación de Intereses de diecisiete de abril del año en curso, emitida por el Juzgado cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en su expediente número C502/2012, relativo al Juicio Especial Sumario Hipotecario, En tanto, el citado Juez quedaba a lo que resolviera la responsable ordenadora. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que las autoridades responsables han dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de uno de junio del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable vinculada para ello, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo se concede, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo, la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, con sede en aquella ciudad Capital, como lo establece el artículo 191 de la Ley Agraria, provea la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Agrario 592/2013, para lo cual deberá requerir a la parte demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes imponiéndole términos legales, apercibiéndole con la imposición de medidas de apremio, imponiéndolas incluso en caso de que sea necesario, precisándole que en caso de que deban realizarse trámites administrativos o gestiones ante alguna institución diversa a las partes que integran la relación jurídica procesal; prueben que es indispensable dicha intervención y acrediten que realizan esos trámites y gestiones de manera inmediata y eficaz, es decir, que se pruebe el seguimiento constante de los mismos, hasta el cumplimiento de la sentencia. Para el caso, la sentencia de amparo que ahora se dicta se tendrá por cumplida con la indicación de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, con sede en aquella ciudad Capital, en el sentido de que acatará lo ahora ordenado, para que sea eficaz e inmediato el cumplimiento de la sentencia dictada en ese Juicio Agrario 592/2013. Determinación que causó ejecutoria por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 4308, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario 11, con sede en la ciudad de Guanajuato, al que transcribió íntegro su proveído de veintiocho de mayo del año en curso, emitido en el juicio natural 592/2013. adjuntó copia certificada de la nueva resolución pronunciada el veintiséis de octubre pasado, en los autos del Toca número 350/2017, de su índice, en la cual, confirmó la diversa interlocutoria dictada en el Incidente de Liquidación de Intereses de diecisiete de abril del año en curso, emitida por el Juzgado cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en su expediente número C502/2012, relativo al Juicio Especial Sumario Hipotecario, En tanto, el citado Juez quedaba a lo que resolviera la responsable ordenadora. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que las autoridades responsables han dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en la ciudad de Guanajuato, en atención al diverso dirigido a la Magistrada titular de dicho Tribunal der su adscripción, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2°, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo se concede, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo, la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, con sede en aquella ciudad Capital, como lo establece el artículo 191 de la Ley Agraria, provea la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Agrario ***, para lo cual deberá requerir a la parte demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes imponiéndole términos legales, apercibiéndole con la imposición de medidas de apremio, imponiéndolas incluso en caso de que sea necesario, precisándole que en caso de que deban realizarse trámites administrativos o gestiones ante alguna institución diversa a las partes que integran la relación jurídica procesal; prueben que es indispensable dicha intervención y acrediten que realizan esos trámites y gestiones de manera inmediata y eficaz, es decir, que se pruebe el seguimiento constante de los mismos, hasta el cumplimiento de la sentencia. Para el caso, la sentencia de amparo que ahora se dicta se tendrá por cumplida con la indicación de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, con sede en aquella ciudad Capital, en el sentido de que acatará lo ahora ordenado, para que sea eficaz e inmediato el cumplimiento de la sentencia dictada en ese Juicio Agrario ***. En tal virtud, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo, remitiendo las constancias respectivas. En el entendido de que en caso de no cumplir la autoridad requerida con dicho mandato, dentro del lapso concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ello de conformidad con el artículo 192 del capítulo I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó a su informe con justificación, consistente en las constancias originales del Juicio Agrario *** en cuatro tomos, devuélvasele y solicítese el acuse de recibo respectivo. En último orden, tomando en consideración que dicha responsable, goza de autonomía e independencia en su actuar; no es el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico, atendiendo lo plasmado de manera específica en la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, al resolver el Amparo en Revisión Administrativo número ***, interpuesto en los autos del juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado Federal, quien refirió que toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía (autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones), no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.
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