J. Ventura Chavez Chavero
Expediente 640/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2018
Partes del expediente
- J. Ventura Chavez Chavero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se considera que la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, ha causado estado. Toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra concluido en sus etapas procesales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214, de la ley de la materia en cita, se ordena su archivo.... es susceptible de depuración...
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho . Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses convinieran, por lo que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita procede a dictar el auto correspondiente. Concesión del amparo. Ahora bien, el uno de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a J************para el efecto de que la responsable: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de trece de julio de dos mil diecisiete. --- b) Emita otra en la que se pronuncie respecto de los agravios transcritos en líneas que anteceden, hecho lo anterior, proceda conforme a las facultades que en derecho corresponda". Es importante mencionar que, en la ejecutoria dictada por este Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, se declaró fundado el argumento relativo a la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a diversos argumentos, ya que respecto de los mismos no realizó mayor ponderación, incurriendo con ello en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad que se prevén en los artículos 273 y 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Actos realizados por la autoridad responsable. Obra agregado en autos el oficio ***/SGA/5965/2018 (foja ciento cuarenta y dos de autos), recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho. Para dar cumplimiento a los efectos de la concesión, respecto del primer punto del considerando séptimo de la ejecutoria dictada por este órgano, la Primera Sección de la Sala Superior, al dictar la sentencia en cumplimiento, en el considerando cuarto de dicha resolución, dejó insubsistente la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión ***/2017. En el considerando quinto, la autoridad responsable, para dar cumplimiento al segundo punto del considerando séptimo de la ejecutoria dictada por este órgano, se pronunció respecto a los argumentos cuyo estudio omitió en la sentencia de trece de julio, y; al respecto señaló: Que estos eran infundados en una parte pero fundados en otra. El calificativo de infundado radicó en que el Magistrado Regional -expuso- sí analizó el argumento referente al acreditamiento de la fuente obligacional; análisis que dijo era acertado. Aclaró que a través del argumento vertido, la parte quejosa no logró desacreditar la actualización de la responsabilidad atribuida o bien, la ilegalidad del criterio adoptado por el Magistrado Regional respecto a la actualización de la misma. Por otra parte, indicó que era fundado el argumento relativo a que el Magistrado Regional no atendió lo verdaderamente hecho valer por el quejoso en relación a la individualización de la sanción impuesta, a saber, que existe transgresión a lo establecido en el artículo 42, fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ya que no puede considerarse como grave la conducta atribuida, al no estar prevista en el diverso 49 de la Ley en cita. En virtud de lo anterior, la autoridad responsable, se pronunció al respecto y determinó: "es infundado el argumento aseverado por el revisionista en el sentido de que la transgresión a lo establecido en el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, no puede considerarse como grave, ello al no estar previstas en el artículo 49 de la legislación en cita, mismo que establece que se consideran infracciones graves al incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV bis, XXIV ter y XXXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues el artículo de referencia no limita la facultad de la autoridad administrativa para determinar la gravedad de la infracción a las diversas obligaciones previstas en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de ahí que, es factible afirmar que la transgresión a las mismas también pueden considerarse como graves atendiendo a las particularidades de los asuntos, cuestión que obliga a las autoridades, en su caso, a fundar y motivar plenamente los elementos que le permitieron considerar la gravedad de la infracción". Por otra parte, indicó que es fundado el argumento relativo a que la suspensión del empleo, cargo o comisión por el término de treinta días, sin goce de sueldo resulta excesiva y desproporcional. Lo anterior pues si bien la imposición de dicha sanción se sustentó en que la responsabilidad en que incurrió el hoy quejoso es grave, es cierto también que dicha afirmación no fue fundada ni motivada, pues el Magistrado Regional se limitó a reiterar cuál fue la responsabilidad atribuida al quejoso, sin establecer los elementos que permitieran verificar su gravedad. Explicó que, si bien el quejoso debía ser sancionado por la omisión en que incurrió, también que en la especie no se corrobora la existencia de elementos que permitan considerar que la dilación ocasionó un daño mayor o irreparable, por tanto no es posible considerar que la responsabilidad es grave. Así, concluyó que toda vez que no quedó desacreditada la responsabilidad atribuida al quejoso, es susceptible sancionarse, sin embargo, no en los términos expuestos en el acto impugnado en el juicio administrativo, sino que lo procedente es, de conformidad con el artículo 49, fracción I de la multicitada Ley, imponer como sanción una amonestación, sin que considerara necesario realizar mayor argumento respecto a su individualización al ser la sanción mínima contemplada en el artículo citado. Por tanto, resolvió que lo procedente era revocar al sentencia de nueve de febrero de dos mil diecisiete y declarar la invalidez de la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ****************, únicamente por lo que hace a la sanción impuesta. Manifestaciones. Por otro lado, la parte quejosa, dentro del plazo de diez días que se le concedió por auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, para que expresara lo que a su interés conviniera, no realizó manifestación en cuanto a la forma y términos en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante, la autoridad tercero interesada, mediante oficio **********presentado el veintitrés de mayo del año en curso, manifestó su inconformidad con la sentencia emitida en cumplimiento, debido a las consideraciones que serán expuestas en el siguiente apartado. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria. Los antecedentes reseñados ponen de manifiesto que la autoridad responsable observó los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues: Dejó insubsistente la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revisión ***/2017 (considerando cuarto de la sentencia emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo). b) Emitió otra en la que se pronunció respecto de los agravios en cuya omisión incurrió y posteriormente resolvió lo que en derecho estimó procedente (considerando quinto de la sentencia emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo). En lo medular determinó que, efectivamente era de imponerse una sanción al hoy quejoso en virtud de la omisión en que incurrió (al no haber sido desacreditada la responsabilidad atribuida), sin embargo, que aquella impuesta en la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis era excesiva y desproporcional (suspensión del empleo, cargo o comisión por el término de treinta días sin goce de sueldo), máxime que no fue fundada ni motivada. Por tanto, que lo conducente era imponer como sanción una amonestación, prevista en el artículo 49, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Asimismo, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, se debe precisar cuándo existe exceso o defecto por parte de las autoridades responsables en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Se entiende por exceso, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional; en tanto que, hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata, o bien, realiza menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Bajo ese contexto, se llega a la conclusión de que la autoridad responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dado que ajustó su sentencia únicamente a lo determinado en dicha resolución; esto es, dejó insubsistente la sentencia recurrida (primer efecto de la concesión) y emitió otra en la que se pronunció respecto de los agravios en cuya omisión incurrió y posteriormente resolvió lo que en derecho estimó procedente (segundo efecto de la concesión). Tampoco incurrió en defecto en el cumplimiento, dado que éste no fue parcial, pues la autoridad responsable no realizó menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector, sino que cumplió estrictamente con lo que se le ordenó. Finalmente, tal como quedó establecido en la tesis 2a. CXIV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la suscrita está obligada a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer. Sentado lo anterior, la autoridad tercero interesado manifiestó: Que existe exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo debido a que, la autoridad responsable, sin permitir una libre valoración condenó a las autoridades a emitir una nueva resolución en la que se imponga una sanción de amonestación, dejándola sin defensa. Que la Sala del conocimiento sólo tenía que pronunciarse respecto de los agravios expuestos por el quejoso. Sin embargo que, no obstante que reasumió jurisdicción para considerar la imposición de una sanción menor, las constriñó a emitir una nueva para establecer sus argumentos, sin permitir una libre valoración. Que la autoridad responsable parte de una premisa inexacta pues si bien el artículo mencionado fija supuestos para considerar como graves determinadas conductas, lo cierto es que se estableció como parámetro para aquellos asuntos, en los que se imponga como sanción de destitución. Que al hoy quejoso se le impuso una sanción consistente en suspensión de empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo, prevista en la fracción II del artículo 49, de la Ley de Responsabilidades aplicable. Argumenta también que, el que el artículo 49 citado disponga que algunas fracciones del diverso 42 serán consideradas como graves, no significa que no puedan considerarse graves dependiendo de las circunstancias de su comisión y las particularidades del servidor público involucrado. Las consideraciones vertidas por la autoridad devienen ineficaces. No debe perderse de vista que el presente amparo fue concedido debido a que la autoridad responsable violó en perjuicio del quejoso lo dispuesto en el artículo 273, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México al no pronunciarse respecto a diversos argumentos formulados por éste. Por lo que, a efecto de reparar dicha violación, se le conminó a dar contestación a los mismos. De lo anterior queda claro que, la materia de análisis en el presente acuerdo consiste únicamente en dilucidar si la autoridad se pronunció o no respecto a los argumentos que quedaron citados en párrafos precedentes; actuar que, como quedó aclarado a lo largo del presente auto, sí llevo a cabo la autoridad responsable. Ahora, la autoridad tercero interesada, a través de sus manifestaciones pretende controvertir la legalidad de lo resuelto por la autoridad responsable al momento de pronunciarse respecto a los agravios formulados por el quejoso; cuestión que no puede ser analizada a través del presente auto. Por lo que, argumentos tales como que no se le permite una libre valoración para la emisión de la sanción o bien que la responsable parte de una premisa inexacta pues el que el artículo 49 citado disponga que algunas fracciones del diverso 42 serán consideradas como graves, no significa que no puedan considerarse graves dependiendo de las circunstancias de su comisión y las particularidades del servidor público involucrado, están encaminados a controvertir aspectos de legalidad y respecto a los cuales la suscrita se encuentra impedida para pronunciarse. Pues se insiste, a través del presente auto únicamente deben analizarse cuestiones relacionadas con el cumplimiento que la autoridad responsable haya dado a los efectos a los cuales fue conminada, pero de manera alguna se pretende que a través del escrito de desahogo, las partes, puedan tener la oportunidad de desvirtuar la legalidad del nuevo acto emitido. Lo anterior es así, ya que la materia de análisis en el cumplimiento debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el acuerdo de cumplimiento, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. Es aplicable, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. ... Con base en la valoración de las constancias de autos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se estima procedente, conforme a las consideraciones vertidas con anterioridad, tener por cumplida la ejecutoria de amparo, dado que la responsable acató en su totalidad lo ordenado en la misma. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público y por oficio a las autoridades.
- Juicio de Amparo Directo
... se agrega a sus autos el oficio ... Téngase a la *******************, en representación del *********** quienes tienen el carácter de autoridades terceras interesadas en el presente asunto, mediante el cual realizan diversas manifestaciones en relación a la vista que se otorgó en auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Juicio de Amparo Directo
... se da vista a las partes, con copia de la sentencia aludida, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, dejando en autos constancia de su entrega, apercibiéndoles que de no desahogar la vista, este Tribunal, conforme a las constancias que obren en autos, resolverá lo que corresponda acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otro lado, se advierte que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en lugar visible y de fácil acceso de este Tribunal, asimismo, los autos originales del recurso de revisión ***/2017 y juicio administrativo ****/2016, fueron devueltos a su lugar de origen, por lo que no se cuenta con mayores datos de los que se desprenda algún domicilio en donde pueda ser notificada de manera personal, por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fije en lugar visible y de fácil acceso de este Tribunal. Asimismo, se deja a disposición de la parte quejosa, en la Secretaría de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, copia de la resolución remitida por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y por lista al quejoso.
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