J. Trinidad Márquez Michel
Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- J. Trinidad Márquez Michel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que se negó el amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción I del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, penúltimo y último párrafo, 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. Por otra parte, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa y original del incidente de suspensión la leyenda: "Susceptible de depuración. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, esto es, a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como dispone el párrafo tercero del citado artículo 20 del acuerdo normativo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 637/2020-II, promovido por * * , contra actos del Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, * * (en adelante, quejosos o agraviados o parte quejosa o parte agraviada), por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra la autoridad y acto siguiente: ". III.- Autoridad Responsables: Ordenadoras: PRIMERA.- ORDENADORA: Los Magistrados Propietarios * * * que integran el Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo de Justicia del Estado de Colima, fungiendo como Presidente, el primero de los mencionados. (.) Ejecutoras: No existen autoridades ejecutoras. IV. Fecha y acto reclamado a la autoridad responsable: El acto reclamado me fue notificado el día 18 de septiembre de 2020. 1.- De las autoridades señalaras como ordenadoras, le reclamo: A la primera autoridad ordenadora: Los Magistrados Propietarios * * * que integran el Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo de Justicia del Estado de Colima, fungiendo como Presidente, el primero de los mencionados, les reclamo: La sentencia de fecha 11 de septiembre de 2020, que resuelve el toca número 373/2020, formado con motivo de la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 09 de diciembre de 2019 dictada por el C. Juez Cuarto Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima con respecto al Incidente de Pérdida de la Capacidad para Heredar en contra de la C. * * dentro del expediente * * relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de * * , denunciado por el quejoso y otros." SEGUNDO. Registro, admisión y trámite de la demanda. En acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda y se registró con el número 637/2020-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito (quien formuló pedimento); se ordenó emplazar como tercera interesada a * * y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido en autos el informe justificado y seguidos los trámites legales, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La resolución dictada el once de septiembre de dos mil veinte, en el toca 373/2020, que confirmó la interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Cuarto de lo Familiar de Colima, en el juicio sucesorio testamentario a vienes de Guillermo Adame Michel, radicado con el número CUIE 18-0065-113F, que declaró improcedente el incidente de pérdida de la capacidad para heredar, promovido por el albacea J. Trinidad Vázquez Michel -quejoso- respecto de la heredera María de la Luz Michel -tercera interesada-. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado presentado por la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Presidente de la Sala Mixta Civil, familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, aceptó la certeza del acto reclamado, pues refirió que el once de septiembre de dos mil veinte, resolvió el recurso de apelación interpuesto por J. Trinidad Márquez Michel -quejoso-,contra de la interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Cuarto de lo Familiar de Colima, en el expediente 065/2018-113F, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de Guillermo Michel Adame Michel -tercero interesado-promovido por Luis Armando Márquez Michel y otros, derivado del toca 383/2020. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse este como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con el toca de apelación 373/2020, que el Presidente de la Sala responsable acompañó a su informe justificado, al que este juzgador le reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Ahora bien, las partes no invocaron causa de improcedencia o sobreseimiento en el juicio, y este juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya el referido ordenamiento no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de fondo. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 268, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en el ordinal 74 de la ley de la materia, pues ni de éste ni de ningún otro se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en una parte son inoperantes por insuficientes, mientras que por otra son inoperantes por repetitivos, por lo motivos que se exponen a continuación. Ante todo, conviene precisar que el presente asunto no encuadra en alguna de las excepciones a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que procede su análisis en apego al principio de estricto derecho que rige en materia civil. Conforme a dicho principio, la autoridad de amparo esta constreñida a analizar la constitucionalidad del acto reclamado frente a los conceptos de violación que haga valer la parte quejosa. En el caso, la parte quejosa señala como primer concepto de violación, que se transgreden en su perjuicio derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, queque la Sala responsable argumenta que deben existir condiciones de igualdad entre las partes y es evidente que aplica la perspectiva de género y de adulto mayor únicamente en beneficio de María de la Luz Michel y no en beneficio del aquí quejoso. Además, en razón de que al haberse acreditado dentro del expediente de origen que ambas partes estuvieron en todo momento asistidas de sus abogados particulares, no existió vulnerabilidad para ninguna de las partes y por tanto, al tener ambos la condición de adulto mayor es que no se trata de un caso de desigualdad y debe aplicarse la ley de la misma manera para ambas partes Luego, al haber renunciado María de la Luz Michel al cargo de albacea, debe perder su capacidad para heredar en el juicio de origen, conforme al artículo 1227 del Código Civil para el Estado de Colima. Esos argumentos son inoperantes por insuficientes, debido a que la parte quejosa nada dice en relación a lo sostenido por la Sala responsable en la resolución reclamada, en el sentido siguiente: Que el legislador estableció en forma genérica en el artículo 1209, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Colima, una de las causas que puede originar la pérdida de la capacidad para heredar, esto es, cuando tenga lugar la renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Que en el artículo 1227 del Código Civil para el Estado de Colima, enumeró los requisitos que deben concurrir para que se actualice la incapacidad para heredar. Por un lado, consideró que debe rehusarse al cargo sin justa causa y, por otro lado, dispuso que debe existir una mala conducta que dé lugar a la separación judicial del cargo, esto es, el legislador condicionó al albacea para que en el caso de renunciar a su encargo, debería tener una causa justa, es decir, un impedimento o inconveniente legal para cumplir con el cargo de albacea a cabalidad. Así, el citado numeral otorga al juzgador la facultad de determinar la procedencia de la renuncia, examinando los casos en que procede aplicar la sanción por ese concepto, lo que implica una operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de los litigantes. Que de la interpretación de los artículos 1587 y 1589 del Código Civil para el Estado de Colima se desprende que, si bien dichos numerales no establecen en que consiste expresamente una justa causa para renunciar al cargo de albacea, ello no implica que sea procedente la renuncia de dicho cargo por causa justa, puesto que, si de acuerdo a lo establecido en las fracciones IV y V del artículo 1589 citado, para procedencia de la excusa es suficiente, entre diversas causas, que por su mal estado de salud habitual no pueda atender debidamente el albaceazgo, o que tenga setenta años de edad cumplidos, no es jurídicamente dable imponer más requisitos para que la causa de la renuncia sea justa, puesto que la intención del legislador al redactar el artículo 1587 del Código Civil, fue la de imponer una sanción a quien de manera injustificada se rehusare a desempeñar el cargo de albacea, más no ir en contra de la voluntad del testador, admitir lo contrario, equivaldría a asumir que el desempeño al cargo de albacea, contrario a lo que dispone el artículo 1586 del ordenamiento legal citado, es irrenunciable, so pena de perder la herencia, siendo que la sociedad está interesada en que ninguna sucesión carezca de representante, así como que tal representante esté en condiciones y tenga la aptitud necesaria para desempeñar el cargo, máxime que el artículo 1587 establece como causal de terminación del referido cargo, la renuncia. Que la edad avanzada y las condiciones de salud de la albacea testamentaria, resultan ser una causa justa para aceptar la renuncia a su albaceazgo; sin que obste a lo anterior el hecho de que cuando aceptó dicho cargo ya contara con edad avanzada, puesto que se trata de una renuncia o no de una excusa, aunado a que hasta que se desempeña el cargo es cuando se puede advertir si la edad (en cada caso particular) puede constituir un impedimento para el cumplimiento de sus obligaciones. Además, la parte quejosa nada dice en relación a las jurisprudencias tituladas "ALBACEA. PARA QUE SOBREVENGA SU INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO POR MALA CONDUCTA SE REQUIERA LA DEMOSTRACIÓN PLENA DE ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)" y "ALBACEA. SU REMOCIÓN DEL CARGO NO GENERA, POR SÍ MISMA, INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO, PUES PARA ELLO DEBE DEMOSTRARSE QUE EXITSIÓ MALA CONDUCTA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; que la Sala responsable invocó en apoyo a su determinación. Sustenta lo anterior la tesis de II.3o. J/44, consultable en la página 40, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Núm. 63, Marzo de 1993, Jurisprudencia (Civil). "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes.2 Asimismo, también se tornan inoperantes los motivos de disenso identificados como "SEGUNDO" CONCEPTO DE VIOLACIÓN" y "TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN"; pues la parte quejosa reproduce casi textualmente el segundo y tercero agravios del recurso de apelación que interpuso. Ciertamente, la parte inconforme expuso como segundo y tercer conceptos de violación en su demanda de amparo los mismos agravios que hizo valer ante el tribunal de segunda instancia, pues en ambos casos se limitó a argumentar, en esencia, que María de la Luz Michel -tercera interesada- no ha rendido cuentas de su administración en el cargo de albacea, lo cual se traduce en una mala conducta y, en consecuencia, en la pérdida de la capacidad para heredar, puesto que incumple con las obligaciones inherentes a su encargo; y, en que la responsable dejó de analizar la situación jurídica particular de la incidentada, en relación con las circunstancias en que se desenvuelve dicha persona, dejando de tomar en cuenta su capacidad, educación y cultura; máxime que el tema de los adultos mayores va de la mano con el equilibrio procesal de las partes y con el derecho internacional, a fin de concluir sí estuvo en aptitud de llevar a cabo una adecuada defensa en el juicio. Así como a transcribir el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", celebrado en Sal Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, y los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, además, el criterio titulado "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL." En ese orden de ideas, al confrontar los conceptos de violación expresados ante el Tribunal responsable, este Juzgador Federal llega a la conclusión de que se trata de una repetición casi literal y la quejosa no controvierte la respuesta que da el Tribunal de Alzada a los argumentos del apelante, ahora quejoso. Por esa razón, no existe duda de que las consideraciones que dan respuesta a las inconformidades planteadas en segunda instancia, no son combatidas, dado que la parte quejosa en el segundo concepto reitera casi literalmente los argumentos que hizo valer en la apelación, sin controvertir los razonamientos que sustentan las sentencia reclamada. En esa virtud, la parte quejosa, lejos de controvertir la razones por las cuales el Tribunal responsable desestima los argumentos que formuló ante su potestad, se limita a reproducir lo que alegó en su escrito de apelación; por ello, es inconcuso que sus conceptos de violación resultan inoperantes por insuficientes, al no combatir los fundamentos que sustentan la sentencia reclamada. Así mismo, con los conceptos de violación de referencia el inconforme no supera la declaración de fundados pero insuficientes de los agravios, ya que omite combatir las consideraciones en que se apoyó el tribunal de segunda instancia para darles dicha calificación, menos aún combate eficazmente los razonamientos por los cuales la mencionada autoridad cataloga de fundado pero insuficiente el agravio, en el aspecto relativo a que la edad avanzada y las condiciones de salud de la albacea testamentaria, resultan ser una causa justa para aceptar la renuncia a su albaceazgo; sin que obste a lo anterior el hecho de que cuando aceptó dicho cargo ya contara con edad avanzada, puesto que se trata de una renuncia o no de una excusa, aunado a que hasta que se desempeña el cargo es cuando se puede advertir si la edad (en cada caso particular) puede constituir un impedimento para el cumplimiento de sus obligaciones. Ello, porque si bien los artículos 1587 y 1589 del Código Civil para el Estado de Colima, no establecen en que consiste expresamente una justa causa para renunciar al cargo de albacea, ello no implica que sea procedente la renuncia de dicho cargo por causa justa, puesto que, si de acuerdo a lo establecido en las fracciones IV y V del artículo 1589 citado, para procedencia de la excusa es suficiente, entre diversas causas, que por su mal estado de salud habitual no pueda atender debidamente el albaceazgo, o que tenga setenta años de edad cumplidos, no es jurídicamente dable imponer más requisitos para que la causa de la renuncia sea justa, debido a que la intención del legislador al redactar el artículo 1587 del Código Civil, fue la de imponer una sanción a quien de manera injustificada se rehusare a desempeñar el cargo de albacea, más no ir en contra de la voluntad del testador, ya que admitir lo contrario, equivaldría a asumir que el desempeño al cargo de albacea, contrario a lo que dispone el artículo 1586 del ordenamiento legal citado, es irrenunciable, so pena de perder la herencia, siendo que la sociedad está interesada en que ninguna sucesión carezca de representante, así como que tal representante esté en condiciones y tenga la aptitud necesaria para desempeñar el cargo, máxime que el artículo 1587 establece como causal de terminación del referido cargo, la renuncia. En esas condiciones, resulta evidente que mediante los conceptos de violación el solicitante de amparo no combate y menos aún supera las consideraciones en base a las cuales la autoridad responsable declaró fundado pero insuficiente el agravio propuesto en el recurso de apelación, de ahí que los motivos de disenso que aquí se analizan merezcan también el calificativo de inoperantes, de acuerdo a los criterios aplicables por identidad jurídica sustancial y son del tenor literal: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes." "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, sí se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 6/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido." En ese sentido, la jurisprudencia II.2o.C. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Los criterios jurisprudenciales citados en la presente ejecutoria son aplicables aun y cuando se refieren a la anterior Ley de Amparo, pues no se oponen a la ley de la materia en vigor, de conformidad con lo dispuesto a su artículo sexto transitorio. En las relatadas circunstancias, toda vez que las manifestaciones vertidas a título de conceptos de violación resultaron inoperantes, conllevando así la imposibilidad jurídica para demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por último, no es obstáculo a lo anterior el hecho de que no se encuentre emplazada al juicio de amparo la tercera interesada María de la Luz Michel, ya que la presente determinación no le perjudica, por lo que en aras del 17 constitucional, sería ocioso retardar el presente juicio a fin de emplazar a dicha tercera, siendo notoria la negativa de amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 531, publicada en la página 349, Apéndice de 1995, Materia común, Séptima Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." SÉPTIMO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a * * contra el acto que reclamó del Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima; por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/8/2021 y SECNO9/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se celebró la audiencia constitucional señalada para el ocho de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que el día de hoy se reanudan las labores, se señalan las once horas con dos minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se celebró la audiencia constitucional señalada para el cuatro de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que el día de hoy se reanudan las labores, se señalan las catorce horas con dos minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
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