J. Trinidad Chiquito Rivas
Expediente 753/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Trinidad Chiquito Rivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexos que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo 753/2016-VIII, promovido por *****, así como testimonio del recurso de queja civil *****, de treinta de noviembre del año en curso, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por lo que respecta al cuaderno de antecedentes, formado con motivo del envío de los autos al citado Órgano Colegiado, toda vez que está formado con copia de los autos de este juicio, desincorpórese las constancias originales y glósese de forma consecutiva al juicio original. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, a través del cual acusa recibo del oficio mediante el cual le fueron remitidos los autos originales del presente juicio, para la substanciación del recurso de queja hecho valer en el mismo.De igual forma, este Juzgado queda enterado que el Tribunal de Alzada admitió el recurso de queja interpuesto por *****, el cual quedó registrado bajo el número del recurso de queja civil 157/2016.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso suscrito por el quejoso *****; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de once de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y en apoyo remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, además del escrito de expresión de agravios y copia para la representación social, al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para la tramitación del recurso de queja interpuesto, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
Constancia: En cumplimiento al proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio se notifica por medio de lista a la PARTE PROMOVENTE el proveído dictado el once de octubre de dos mil dieciséis que conducentemente dice: Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso *****, mediante el cual cumple con la prevención formulada por este Juzgado mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así, de oficio, este Juzgador advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El numeral transcrito establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Para la actualización de la mencionada causal de improcedencia, es menester que concurran las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo es promovido por persona extraña al juicio del que emanan los actos reclamados. d) Tampoco hay obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En el caso, el acto reclamado lo constituye el embargo del salario correspondiente al excedente del treinta por ciento del salario mínimo del quejoso, dentro del Juicio Mercantil M046/2015, del índice el Juez Primero de Partido Civil, con sede en Salamanca, Guanajuato, dentro del cual, es parte demandada. Acto reclamado, respecto del cual la parte quejosa, previo a la interposición de la demanda de garantías, debió agotar los recursos o medios de defensa a su alcance dentro del procedimiento natural, por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o nulificado, pues no se actualiza algún supuesto de excepción. Lo anterior, aunado a que, como se aprecia del escrito de demanda, el quejoso, bajo protesta de decir verdad manifiesta ser parte demandada dentro del controvertido de origen, de ahí, que no se encuentra eximido de agotar el principio de definitividad previo a la promoción del juicio biinstancial; ello, no obstante que refiera que el acto reclamado viole en su perjuicio derechos sustantivos, pues, se insiste, dicha circunstancia no la absuelve de agotar los medios de defensa ordinarios, previo a la solicitud de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Así como la diversa jurisprudencia sustentada por la misma Sala, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Así, atendiendo al procedimiento del que emana el acto reclamado, resulta conveniente tener presente el contenido de los numerales 1,334, párrafo primero, y 1,336, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. [.]" Artículo 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Los numerales transcritos ponen en conocimiento que cuando se reclamen resoluciones dictadas en el procedimiento, que no sean susceptibles de impugnarse en apelación, por exclusión, procede el recurso de revocación, medio defensivo que tiene por efecto revocar, modificar o anular la determinación reclamada. Desde esa perspectiva, si la parte quejosa se duele del embargo llevado a cabo en el juicio mercantil ---, del índice el Juez Primero de Partido Civil, con sede en Salamanca, Guanajuato, en el que se le embargó el treinta por ciento del excedente de su salario mínimo, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto que en esta vía se reclama, no constituye un auto con carácter definitivo, pues en contra existe un recurso ordinario por el cual puede ser revocado, modificado o nulificado. Además de que, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se vislumbra que el peticionario, bajo protesta de decir verdad manifiesta que desde el auto de exequendo la parte actora del juicio de origen señaló para embargo del treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe el quejoso; por tanto, es claro que previo a la interposición de la demanda de garantías, debió promover el medio de defensa que para tal efecto prevé el Código de Comercio, y al no hacerlo, es claro que no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; máxime que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los casos de excepción establecidos por la ley o la jurisprudencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo". En tales condiciones, resulta evidente que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías.
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