J. Sotero Sandoval Guerrero

Expediente 81/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
81/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
14/06/2017

Partes del expediente

  • J. Sotero Sandoval Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de dos de junio de dos mil diecisiete, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, a través de su delegado, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, se tiene que el catorce de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, concediéndose el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Toda vez que como lo expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el efecto que produce una sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto que prevé diferentes tasas impositivas del tributo en cuestión no es el de liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente el de desincorporar de la esfera jurídica de éste la obligación tributaria en la parte que se declara inconstitucional; por tanto, se impone conceder el amparo solicitado, de conformidad con la fracción I, del artículo 77, en relación con el 78, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos siguientes: El Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, determine la cantidad que debe pagar la parte quejosa a razón la tasa más baja prevista en el artículo 4° de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato vigente, es decir, aquella tasa indicada conforme a la columna de inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones en intercepción con la correspondiente al reglón relativo a la vigencia del valor determinado que fuese arrojado por el último avalúo que se tenga registrado en sus archivos (de conformidad con el artículo 168 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato). Cálculo que deba realizase respecto del inmueble y cantidad referida en el recibo expedido por la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, cuyo número es ** por la cantidad de ***por concepto del pago del impuesto predial correspondiente a los seis bimestres del dos mil diecisiete, que diera lugar el inmueble que el citado documento se señala como: "Calle Circuito San Agustín No Ext 103, Colonia San Juanico 1ra Secc,, Población CELAYA", clave catastral 64-E9-05-203-002; debiendo hacer la devolución en su caso de las cantidades pagadas en exceso." (foja 71 y 72). REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Dicha determinación causó ejecutoria el dieciocho (fojas 93 a 94), motivo por el cual el mismo día se requirió al Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento en los términos precisados. INFORME DEL CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior, la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, a través de su delegado, remitió entre otros, los oficios registrados con los números 3331 y 4130 (fojas 105 a 108 y 131 a 137, en el que manifestó lo siguiente: ".De acuerdo a lo ordenado por Usted, la tasa que debe aplicarse es del 3.55. Bajo protesta de decir verdad, el último avalúo practicado al bien inmueble del quejoso data del año 2012. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Gto., ejercicio 2017, la tasa más baja es del 3.55. El valor del predio es de ***, lo que arroja un impuesto predial ejercicio 2017 por *** menos el 15% por el mes de enero , arroja $2,987.32. Al cual, se le agrega ***por concepto de derecho de alumbrado público y da un total de ***Este es el importe que el quejoso debió pagar para el año 2017 por concepto de impuesto predial de acuerdo a lo ordenado por su Señoría De lo anterior se desprende, que la cantidad que debe reintegrarse al quejoso es de ***. Que resulta de restarle al importe pagado el 25 de Enero de 2017 ***lo que debió pagar de acuerdo a la sentencia dictada por su Señoría ***(foja 105). ".En cumplimiento al requerimiento formulado por su Señoría, agrego en copia certificada el último Avalúo practicado a la propiedad del quejoso. Mismo que data del 30 de Julio de 2012. En el cual puede observarse el valor del bien inmueble que nos ocupa. La tasa aplicable, así como el impuesto anual y bimestral ya se encuentran acreditados dentro del juicio en que se actúa, según promoción presentada por el suscrito el 24 de Mayo de 2017." (foja 131). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Por tanto, toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable dejó a disposición del aquí quejoso la cantidad de $3,229.07 (tres mil doscientos veintinueve pesos con siete centavos 07/100 m.n.), por concepto de pago de lo indebido, respecto del concepto de predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, del bien inmueble materia del presente asunto, y exhibió copia certificada del avalúo respectivo; quedando notificado el quejoso, el seis de junio del año que trascurre. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de control de este Juzgado Federal. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Por último, toda vez que el quejoso adjuntó a su escrito inicial de demanda un documento en original, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del expediente principal al que obran agregados.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el Delegado de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, por medio del cual en atención al requerimiento de veinticinco de mayo actual, remite copia certificada del avalúo catastral en que se basó para determinar el monto que deberá ser devuelto al aquí quejoso por concepto de pago de lo indebido. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, previo a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio que se acuerda, así como con el registrado con el número 3331 (en el cual la autoridad en cita informó la cantidad que deberá ser devuelta al quejoso por el mencionado concepto de pago de lo indebido), para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga con relación al cumplimiento dado a la concesión de amparo. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el delegado de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, a través del cual refiere dar cumplimiento al requerimiento de dieciséis del mes y año en curso; sin embargo, no obstante lo manifestado en el oficio que se acuerda, del mismo se advierte que no adjuntó el avalúo catastral en que se basó para determinar el monto que deberá ser devuelto al quejoso por concepto de pago de lo indebido; por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, para que en un plazo de tres días hábiles remita copia certificada del mencionado avalúo. Lo anterior en el entendido que de no ser así, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de abril del año en curso.

  4. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso J. Sotero Sandoval Guerrero, a través del cual se inconforma con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Ahora bien, toda vez que el delegado de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, en el oficio registrado con el número 3331, únicamente señala que se encuentra a disposición del quejoso ***, la cantidad de *** que deberá reintegrarse al quejoso como pago indebido por concepto de impuesto predial de dos mil diecisiete. Sin embargo, no justifica con las constancias relativas que realizó el nuevo cálculo correspondiente de conformidad con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues tal y como se indicó en el párrafo que antecede, únicamente señala que la cantidad de *** es la que deberá devolverse al peticionario del amparo. Consecuentemente, de conformidad con lo indicado en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato, para que en un plazo de tres días hábiles remita las constancias en las cuales se basó para determinar el monto que deberá ser devuelto al aquí quejoso por concepto de pago de lo indebido relativo al impuesto predial de dos mil diecisiete.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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