J. Santos Robledo Castillo
Expediente 175/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2019
Partes del expediente
- J. Santos Robledo Castillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito similar, en atención a su contenido, remítase la copia que solicita, e infórmese que mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se declinó competencia al juzgado de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, en turno, y mediante comunicado recibido en este órgano de control constitucional el seis del citado mes, el juez Decimotercero de Distrito de la citada materia y sede, informó que aceptó la competencia planteada, por lo que en esa data se ordenó el archivo del presente asunto.
- Principal
Ciudad de México, a seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 3388/2019, y se advierte que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por J. Santos Robledo Castillo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con lo que establece el punto vigésimo, fracción I del acuerdo general en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el once de septiembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Ciudad de México, a primero de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por J. Santos Robledo Castillo, contra actos de la Jefa de Gobierno de esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 175/2019. En principio, se destaca que el quejoso señala como acto reclamado la "confiscación de mi equipo de trabajo" atribuido a la Jefa de Gobierno de esta ciudad y otras autoridades. Al respecto, no ha lugar a conceder la suspensión de plano respecto de dicho acto, porque si bien es de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, también lo es que para que se actualice, debe derivar de una pena impuesta al justiciable, y como consecuencia de esta, privar de los bienes propiedad del amparista, lo que no acontece en el caso. Lo anterior es así, porque de la lectura de la demanda no se advierte que se haya impuesto pena alguna al amparista, lo que se corrobora incluso con lo que precisó bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes de los actos reclamados: ".varios elementos policíacos pertenecientes a las autoridades señaladas como responsables, han estado vigilando el lugar en donde llevo a cabo mis actividades comerciales, en el parque Solidaridad, abordándome violentamente, siendo aproximadamente las veinte horas con quince minutos del pasado 22 de Febrero del presente año; diciéndome que tenían orden de confiscar mi equipo de trabajo y de detenerme, asimismo a las personas que me auxilian en mis actividades, sin mostrarme al efecto una orden escrita de autoridad judicial competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En ese sentido, toda vez que no hay dato alguno del que se advierta que el acto reclamado fue emitido en un procedimiento en el que se haya condenado al quejoso, ni mucho menos que sea un acto futuro de realización inminente, se evidencia que no es procedente decretar la suspensión de plano. En otro aspecto, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y de las autoridades responsables, este juzgado estima que carece de competencia para conocer del asunto con base en las siguientes consideraciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los jueces de Distrito, en materia penal y administrativa, en los siguientes términos: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese contexto, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que tratándose de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir aquellos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Asimismo, la tesis sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". Al respecto, para determinar la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, se puede determinar mediante el análisis de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. En el caso, el acto reclamado no es propiamente de hechos que se consideren constitutivos de delito, ni que el mismo derive de un procedimiento penal, sino que se trata de la "confiscación de mi equipo de trabajo" que reclama el quejoso de la Jefa de Gobierno de esta ciudad y otras autoridades, es decir, de naturaleza administrativa. Por tanto, no puede considerarse que dicho acto sea de naturaleza penal, dado que no afecta la libertad personal del quejoso, ni proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguido en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que dicho acto es formal y materialmente administrativo, en razón de las autoridades a las que se atribuye y a la naturaleza del mismo, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 52 de la ley mencionada en el párrafo que antecede. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412, tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Sin que se soslaye que el amparista refiere que va ser detenido y que se realizarán en su contra actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, sin embargo, esas cuestiones las hace derivar del acto reclamado consistente en la "confiscación de mi equipo de trabajo", atribuidos a autoridades de naturaleza administrativa. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 544 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo X, Agosto de 1992, que es del tenor literal siguiente: "CONFISCACION DE BIENES. DEBE PROBARSE SU EXISTENCIA Y NO ESTAR A LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otra cosa, la prohibición de la confiscación de bienes. Confiscar, significa "privar a uno de los bienes y aplicarlos al fisco". Consecuentemente, tal acto es susceptible de acreditarse por cualquier medio de prueba que la ley establece. Por tanto, si al resolverse en relación a un acto de confiscación de bienes, no se tiene a la vista prueba alguna que demuestre que se pretenda llevar a cabo tal confiscación y únicamente se cuenta con la afirmación de la parte agraviada, ello resulta insuficiente y por lo mismo, debe negarse la suspensión de oficio solicitada". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase este expediente y las copias de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien a su vez, deberá enviarlo al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda, solicitándo a este último el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.
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