J. Santos Lemus Álvarez
Expediente 2432/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2432/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/06/2018
Partes del expediente
- Eliseo Velázquez Zeferino
- TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE NAYARIT y Otros.
- J. Santos Lemus Álvarez
- ROGELIO CANARES NOLASCO y Otros.
- Rogelio Canares Nolasco
- FIDENCIO FLORES GUTIÉRREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recepcionados ante este Juzgado Federal el dos y tres de abril del año en curso (fojas 48 a 50 y de la 51 a 58), la autoridad responsable denominada Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éste último en su carácter de superior jerárquico del ente responsable denominado Titular del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de abril del año actual (foja 58), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 25 a 31), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:*** Luego, por oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dos y tres de abril de la presente anualidad (fojas 48 a 50 y de la 51 a 57), el Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éste último en su carácter de superior jerárquico del ente responsable denominado Titular del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, remitieron el oficio SGG-Nay/309/2018, de veintisiete de marzo del año en curso, mismo que se encuentra dirigido a los quejosos y anexos que a este acompañaron, de donde se observa que el Secretario General de Gobierno de esta Entidad Federativa, dio contestación a las peticiones elevadas por los promoventes del amparo respecto de los escritos de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y nueve de junio de dos mil diecisiete; apreciándose que aquellos fueron notificados el veintisiete de marzo de la presente anualidad; Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a los solicitantes del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados (fojas 16 a 18 y de la 25 a 27); por ende, déjense por separado. El cuaderno original del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recepcionados ante este Juzgado Federal el dos y tres de abril del año en curso (fojas 48 a 50 y de la 51 a 58), la autoridad responsable denominada Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éste último en su carácter de superior jerárquico del ente responsable denominado Titular del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de abril del año actual (foja 58), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 25 a 31), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:*** Luego, por oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dos y tres de abril de la presente anualidad (fojas 48 a 50 y de la 51 a 57), el Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éste último en su carácter de superior jerárquico del ente responsable denominado Titular del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, remitieron el oficio SGG-Nay/309/2018, de veintisiete de marzo del año en curso, mismo que se encuentra dirigido a los quejosos y anexos que a este acompañaron, de donde se observa que el Secretario General de Gobierno de esta Entidad Federativa, dio contestación a las peticiones elevadas por los promoventes del amparo respecto de los escritos de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y nueve de junio de dos mil diecisiete; apreciándose que aquellos fueron notificados el veintisiete de marzo de la presente anualidad; Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a los solicitantes del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados (fojas 16 a 18 y de la 25 a 27); por ende, déjense por separado. El cuaderno original del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recepcionados ante este Juzgado Federal el dos y tres de abril del año en curso (fojas 48 a 50 y de la 51 a 58), la autoridad responsable denominada Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éste último en su carácter de superior jerárquico del ente responsable denominado Titular del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de abril del año actual (foja 58), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 25 a 31), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:*** Luego, por oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dos y tres de abril de la presente anualidad (fojas 48 a 50 y de la 51 a 57), el Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit y Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éste último en su carácter de superior jerárquico del ente responsable denominado Titular del Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, remitieron el oficio SGG-Nay/309/2018, de veintisiete de marzo del año en curso, mismo que se encuentra dirigido a los quejosos y anexos que a este acompañaron, de donde se observa que el Secretario General de Gobierno de esta Entidad Federativa, dio contestación a las peticiones elevadas por los promoventes del amparo respecto de los escritos de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis y nueve de junio de dos mil diecisiete; apreciándose que aquellos fueron notificados el veintisiete de marzo de la presente anualidad; Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a los solicitantes del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados (fojas 16 a 18 y de la 25 a 27); por ende, déjense por separado. El cuaderno original del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de veinte de marzo de dos mil diecisiete; remite copia certificada de los oficios DGTT/DG/087/02/02/2018 y DGTT/DJ/099/26/01/2018, el acuerdo de fecha veintidós de marzo de la presente anualidad, así como el oficio recordatorio girado al Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, agréguense a sus autos el oficio de cuenta junto con sus anexos y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Con independencia de lo anterior, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las actuaciones posteriores realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector y en su caso, remita las constancias respectivas; es decir, acredite que cumplió con la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento al citado Tribunal, que en el supuesto de que la sentencia de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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