J. Santos Hernández Ramírez
Expediente 1269/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- J. Santos Hernández Ramírez
Actuaciones
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la copia simple de la demanda de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1269/2019-IV, que promueve J. Santos Hernández Ramírez por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en esta ciudad y, de otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, se tendrá por cierto el acto que se les atribuye y se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se señalan las diez horas con quince minutos del tres de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Luego, el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: "Reclamo de las autoridades señaladas como Responsables Ordenadoras, la orden de aprehensión, dictada en mi contra y de las Segundas, la ejecución de dicha orden por medio de los agentes a su mando." Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado que se hace consistir en la orden de aprehensión y su ejecución, y toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo no se advierte la clasificación legal del delito por el que, en su caso se haya dictado dicha orden privativa de libertad, se concede la suspensión provisional para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y el quejoso J. Santos Hernández Ramírez no sea privado de su libertad personal. En la inteligencia de que si la orden privativa de libertad se emitió por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Federal y la legislación procesal, la suspensión otorgada sólo producirá el efecto de que el quejoso, una vez que sea detenido quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, interno en el centro de reclusión que determine la autoridad responsable, quedando a disposición de la autoridad judicial para la continuación del procedimiento. En cambio, si la orden privativa de libertad se emitió por delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Federal y la legislación procesal, la suspensión otorgada producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido con motivo de dicha orden, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa penal, para la continuación del procedimiento respectivo. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por una autoridad judicial o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito, así como en el caso de que la orden de detención sea emitida por el Agente del Ministerio Público, cuando se trate de delito grave calificado por la ley o de prisión preventiva oficiosa, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, en los términos a lo que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. En el entendido de que de actualizarse el último supuesto (detención por urgencia administrativa), en términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente o bien en libertad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada. Luego, la suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no cumple dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con el siguiente requisito: Otorgar garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional), en billete de depósito que deberá exhibir a su nombre o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, ante y a satisfacción de este Juzgado. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el caso de exhibir billete de depósito deberá procurarse al reverso de éste, que incluya una leyenda relativa al otorgamiento de autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dicho depósito, de conformidad con el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, del propio Acuerdo General, en el referido billete de depósito, deberá incluirse el concepto por el cual se constituye, esto es, la leyenda siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1269/2019-IV, promovido por J. Santos Hernández Ramírez". En este sentido debe precisarse, que la garantía fijada se determina de manera discrecional, sin considerar algún otro aspecto, relacionado con las características de los hechos imputados, la situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; dado que hasta este momento no obra alguna medio de prueba o indicio que lo justifique; sin embargo, se considera que la determinación del monto de la garantía fijada es vigilar que este Juzgado Federal no permita o posibilite que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia, ni suponga en él un cálculo utilitario que le orille a alejarse del proceso, evadiendo la acción de la justicia. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Solano Pérez toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los órganos del Poder Judicial de la Federación que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una copia certificada de este proveído, previa razón que por su recibo se asiente en autos, autorizando para recibirla a la persona que refiere. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por J. Santos Hernández Ramírez por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en esta ciudad y, de otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 1269/2019-V y tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo. Se señalan las diez horas del veintisiete de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que los informes deberán estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrán hacerse acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado indiquen cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se le tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Solano Pérez toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los órganos del Poder Judicial de la Federación que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese.
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