J Santos Gonzalez Elizarraraz

Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
643/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • J Santos Gonzalez Elizarraraz

Actuaciones

  1. Principal

    ...TERCERO. Existencia de actos. Son ciertos los actos que la parte quejosa le atribuye al Juez Primero Menor Mixto y Directora y Actuario ambos adscritos a la Central de Actuarios de Salamanca, Guanajuato, pues así lo aceptaron al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia de los actos que se les reclama3. También es cierto el acto que le atribuye al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Salamanca, Guanajuato, toda vez que, si bien fue omisa en rendir su informe con justificado, lo cierto es que del certificado de gravamen de veintitrés de enero de dos mil veinte, se advierte que inscribió el embargo del inmueble, material del juicio de origen y que el quejoso defiende en el presente juicio. Maxime que se corrobora la existencia del embargo reclamado con las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 1482/2018, que la propia autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. No se estudiará el fondo del asunto, toda vez que, en el caso, en términos del artículo 62, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 614, en relación con el diverso 5o, fracción I, todos de la Ley de Amparo5. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico no legítimo, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones6, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula en determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio que le irroga su violación por un acto de autoridad. Debido a lo anterior, es necesario determinar si el quejoso *** tienen interés jurídico en el presente juicio de amparo, atento a que se ostenta tercero extraño clásico al juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato; pues alega ser propietario del inmueble que presuntamente fue afectado en el procedimiento de origen, cuando él no es parte material, ni fue oído y vencido en el mismo. En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que para que los documentos privados surtan efectos contra terceros, deben ser de fecha cierta, y para ello es indispensable que: a) se hubiesen celebrado o ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado; b) que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación; o bien, c) que hubiese fallecido alguno de los firmantes. En suma, para que un documento privado surta efectos contra terceros, es un requisito que cumpla alguna de las hipótesis antes descritas; pues de lo contrario, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, más no obligará ni producirá consecuencia legal alguna frente a aquellos que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Resulta aplicable la jurisprudencia 44/2005, intitulada: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL En consecuencia, si en el juicio de amparo se combate la afectación de un derecho de propiedad y posesión de un bien inmueble, el documento en que se sustente tal derecho debe ser de fecha cierta, pues de lo contrario la quejosa carecería de interés jurídico y el amparo sería improcedente. Expuesto lo anterior, se observa que, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió el contrato de compraventa entre **** en su calidad de vendedora y, *** en su calidad de vendedor, aquí quejoso, ratificado el diez de enero de dos mil siete, ante el notario público *** de Irapuato, Guanajuato, en relación a la finca ubicada en la esquina formada por las calles *** con las medidas y linderos descritos en el propio contrato. Sin embargo, en el caso, se estima que el citado medio de convicción resulta jurídicamente insuficiente para acreditar, sin lugar a dudas, el interés jurídico de la parte quejosa para instar la presente acción constitucional una afectación a su esfera jurídica?, al ser valorado en términos de los artículos 197, 203 y 204 del Código Federal de En consecuencia, si en el juicio de amparo se combate la afectación de un derecho de propiedad y posesión de un bien inmueble, el documento en que se sustente tal derecho debe ser de fecha cierta, pues de lo contrario la quejosa carecería de interés jurídico y el amparo sería improcedente. Expuesto lo anterior, se observa que, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió el contrato de compraventa entre Ma. Rebeca Ortega García, en su calidad de vendedora y, José Nicolás Ortega García, en su calidad de vendedor, aquí quejoso, ratificado el diez de enero de dos mil siete, ante el notario público 28, de Irapuato, Guanajuato, en relación a la finca ubicada en la esquina formada por las calles Netzahualcóyotl y Amado Nervo, Colonia Jardines de San Pedro de Salamanca, Guanajuato, con las medidas y linderos descritos en el propio contrato. Sin embargo, en el caso, se estima que el citado medio de convicción resulta jurídicamente insuficiente para acreditar, sin lugar a dudas, el interés jurídico de la parte quejosa para instar la presente acción constitucional ?una afectación a su esfera jurídica?, al ser valorado en términos de los artículos 197, 203 y 204, del Código Federal de conforme al artículo anterior, el número de registro que corresponda a la razón que se asiente en el libro. La numeración del orden del libro de ratificaciones y de las inscripciones que en éste se contengan, serán independientes de las que se consignen en el protocolo. De la transcripción anterior, se observa que, si bien la ratificación del contrato de compraventa cumple con la mayoría de los requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, aplicable al diez de enero de dos mil siete, sin embargo, no contiene el número de registro en el libro correspondiente, en términos del diverso 68 de la misma ley. En consecuencia, debido a que en la certificación del contrato de compraventa que exhibió la parte quejosa, no se asentó el número de registro de la misma, se concluye que no puede ser considerado como de fecha cierta, al no existir certeza de que, en efecto, dicho contrato de haya ratificado ante fedatario público. En ese sentido, como la ratificación analizada en la presente sentencia no contiene datos objetivos necesarios para identificar fehacientemente el contrato de compraventa, tales circunstancias se traducen en un incumplimiento al principio de certeza que deben revestir los actos notariales. En ese orden de ideas, se estima que la documental que exhibió la parte quejosa carece de eficacia probatoria y fecha cierta, ya que la formalidad ahí omitida debía ser atendidas a fin de brindar a los gobernados, la seguridad y certeza jurídica necesaria para acreditar la autenticidad irreprochable de las actuaciones notariales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados8. Sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Directa y Actuario, ambos adscritos a la Central de Actuarios y al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todos de Salamanca, Guanajuato, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia9. Finalmente, en cuanto al pedimento de la Agente de la Ministerio Público adscrita, mediante el cual hace manifestaciones, vía alegatos, al respecto, no se hacen consideraciones al respecto, toda vez que no forman parte de la litis. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo...

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

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