J. Santos Correa Ugalde
Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2018
Partes del expediente
- J. Santos Correa Ugalde
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, por medio del cual remite en vía de alcance a su oficio 1467/2018, el despacho 16/2018, firmado por el Secretario Auxiliar de Acuerdos de Amparos adscrito a la Secretaria de Acuerdos del Pleno, del Consejo de la Judicatura, del Presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia; por tanto, toda vez que en proveído de trece del mes y año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por J. Santos Correa Ugalde, agréguese únicamente para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña diversos documentos; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de siete de marzo de esta propia anualidad, dictado en el juicio de amparo directo 132/2018, el citado órgano Colegiado declaro firme el auto de veintiuno de febrero del año en curso, mediante el cual declinó la competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad; ordenando la remisión de la misma y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado en turno, de los cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que corresponda I, II, III, IV, V y VI EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 309/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que la resolución que constituye el acto reclamado no es de aquellas que ponen fin al procedimiento; por consiguiente, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento de dicha demanda. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo y sus anexos, se extrae el siguiente acto reclamado la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca civil 1812/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de diez de octubre del dos mil diecisiete, pronunciado dentro del expediente 298/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mismo que resulto inoperante el agravio planteado por *************, por el que se confirmó dentro del toca civil citado el auto recurrido, en el cual se declaró desierta la prueba consistente en el informe a cargo del Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en San Juan del Río, Querétaro, misma que fue admitida en auto de cuatro de octubre de dos mil trece, dentro del juicio multicitado 298/2012. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto es: Además, es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó la justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En efecto, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, si el acto reclamado por el impetrante en el presente juicio constituye la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca civil 1812/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de diez de octubre del dos mil diecisiete, pronunciado dentro del expediente 298/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mismo que resulto inoperante el agravio planteado por *************, por lo que se confirmó dentro del toca civil citado el auto recurrido, donde se declaró desierta la prueba consistente en el informe a cargo del Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en San Juan del Río, Querétaro, misma que fue admitida en auto de cuatro de octubre de dos mil trece, dentro del juicio multicitado 298/2012, dicha violación es de índole procedimental y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en la vía indirecta es improcedente. Lo anterior, es así porque el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que las violaciones referidas, no le causan de manera material, directa e inmediata algún perjuicio cierto en sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, porque puede acontecer que al emitirse el fallo que resuelva el fondo del juicio de origen, sea favorable a los intereses de la hoy quejosa, supuesto bajo el cual la afectación que en sus intereses jurídicos pudiere sufrir, sería subsanada y de no ser favorable, podría recurrir al juicio de amparo directo en contra de la sentencia que al efecto se dicte, donde podría alegar tanto las violaciones procesales que reclama, así como otras violaciones que en su perjuicio considere se cometieran durante la secuela procesal; habida cuenta que la autoridad judicial se encuentra facultada para corregir los errores u omisiones que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones; de ahí que no se actualicen los supuestos de procedencia del juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, visible en el Libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página 1539, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, décima época, materia común del rubro y texto siguiente: Ello, tomando en consideración que la parte promovente tiene expedito su derecho para realizar todas las manifestaciones que estime conveniente y ofrecer los medios de convicción que considere idóneos dentro del juicio de origen, por lo que se reitera, la determinación dictada por la responsable es meramente procedimental, esto es, únicamente impacta en derechos adjetivos. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a. /J. 40 26/89, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señalan en su escrito de demanda *******************, por contar con cédula profesional registrada que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la invocada ley, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de trece de marzo de dos mil dieciocho: "RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña diversos documentos; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de siete de marzo de esta propia anualidad, dictado en el juicio de amparo directo 132-2018, el citado órgano Colegiado declaro firme el auto de veintiuno de febrero del año en curso, mediante el cual declinó la competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad; ordenando la remisión de la misma y sus anexos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado en turno, de los cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que corresponda I, II, III, IV, V y VI EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 309-2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que la resolución que constituye el acto reclamado no es de aquellas que ponen fin al procedimiento; por consiguiente, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento de dicha demanda. Acúsese recibo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo y sus anexos, se extrae el siguiente acto reclamado la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca civil 1812-2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de diez de octubre del dos mil diecisiete, pronunciado dentro del expediente 298-2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mismo que resulto inoperante el agravio planteado por *************, por el que se confirmó dentro del toca civil citado el auto recurrido, en el cual se declaró desierta la prueba consistente en el informe a cargo del Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en San Juan del Río, Querétaro, misma que fue admitida en auto de cuatro de octubre de dos mil trece, dentro del juicio multicitado 298-2012. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1.A. J-4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto es: Además, es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J-6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó la justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En efecto, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, si el acto reclamado por el impetrante en el presente juicio constituye la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca civil 1812-2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de diez de octubre del dos mil diecisiete, pronunciado dentro del expediente 298-2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, mismo que resulto inoperante el agravio planteado por *************, por lo que se confirmó dentro del toca civil citado el auto recurrido, donde se declaró desierta la prueba consistente en el informe a cargo del Subdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en San Juan del Río, Querétaro, misma que fue admitida en auto de cuatro de octubre de dos mil trece, dentro del juicio multicitado 298-2012, dicha violación es de índole procedimental y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en la vía indirecta es improcedente. Lo anterior, es así porque el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que las violaciones referidas, no le causan de manera material, directa e inmediata algún perjuicio cierto en sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, porque puede acontecer que al emitirse el fallo que resuelva el fondo del juicio de origen, sea favorable a los intereses de la hoy quejosa, supuesto bajo el cual la afectación que en sus intereses jurídicos pudiere sufrir, sería subsanada y de no ser favorable, podría recurrir al juicio de amparo directo en contra de la sentencia que al efecto se dicte, donde podría alegar tanto las violaciones procesales que reclama, así como otras violaciones que en su perjuicio considere se cometieran durante la secuela procesal; habida cuenta que la autoridad judicial se encuentra facultada para corregir los errores u omisiones que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones; de ahí que no se actualicen los supuestos de procedencia del juicio de amparo biinstancial. Sirve de apoyo la jurisprudencia IV.2.C. J-2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, visible en el Libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página 1539, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, décima época, materia común del rubro y texto siguiente: Ello, tomando en consideración que la parte promovente tiene expedito su derecho para realizar todas las manifestaciones que estime conveniente y ofrecer los medios de convicción que considere idóneos dentro del juicio de origen, por lo que se reitera, la determinación dictada por la responsable es meramente procedimental, esto es, únicamente impacta en derechos adjetivos. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a. J. 40 26-89, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señalan en su escrito de demanda *******************, por contar con cédula profesional registrada que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la invocada ley, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12-2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c, 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.".
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