J. Reyes Gaytán Quiroz
Expediente 961/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Reyes Gaytán Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
En diez de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 346. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por Rubén Gurrola Carrillo, autorizado del quejoso por el que solicita la devolución del billete de depósito N 817599, por la cantidad de cinco mil pesos cero centavos moneda nacional, otorgado para que surtiera sus efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Ahora bien, toda vez que en el juicio de amparo en que se actúa, ya se agregó el incidente de suspensión respectivo, advirtiéndose que por auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia dicho juicio y que por auto de veintisiete de dicho mes y año, causó estado tal auto ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido; como lo solicita el promovente, hágasele la devolución del indicado billete de depósito, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos, en el entendido de que el endoso respectivo se hará a favor del quejoso J. Reyes Gaytán Quiroz. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete, por corresponder a sábados y domingos, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el cinco de diciembre del actual dentro del juicio de amparo número 961/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del referido juicio sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados, en el que se exhibió el billete de depósito N 817599, para garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados. Que en el citado incidente no existe recurso alguno por resolver. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes.- Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con las promociones con registro 17102 y 17103. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el cinco de diciembre del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, toda vez que del estado de autos se advierte que en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, el quejoso J. Reyes Gaytán Quiroz exhibió el billete de depósito número N 817599, valioso por la cantidad de cinco mil pesos, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), para garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados concedida por auto de ocho de noviembre del año en curso. De igual manera por proveído de cuatro de diciembre del actual dictado dentro del incidente de suspensión respectivo, este Juzgado federal negó devolver al quejoso el billete de depósito de referencia, hasta en tanto causara estado el expediente principal del que deriva, lo cual ya aconteció; en consecuencia, toda vez que el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, establece que el término para que prescriba a favor del Fisco Federal el billete de depósito exhibido ante las autoridades federales, es de dos años, a partir de que legalmente pueda exigirse su devolución por el depositante; luego, hágase del conocimiento del promovente del amparo que dicho plazo de dos años transcurrirá a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, a fin de que antes de esa fecha comparezca a este Juzgado, sito en calle Lateral número 1202, colonia Cerro del Gato, Torre "A", Primer Piso, en esta ciudad, en horario y día hábiles, a fin de que le sea entregado el billete de depósito de que se trata; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el citado ordinal 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Finalmente, glósense al presente sumario sin mayor trámite los pedimentos de cuenta signados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dado el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de derechos. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Olivia Olivia
- Principal
En ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la razón actuarial de seis de diciembre del actual. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que se constituyó en el local que ocupa la Policía Ministerial del estado, a fin de hacer entrega del oficio 28102, dirigido al comandante de la Policía Ministerial encargado de ejecutar las órdenes de aprehensión, con sede en esta ciudad, sin embargo, no le fue recibido dicho comunicado, al no especificarse a cuál de los comandantes corresponde de lo anterior, únicamente tómese nota toda vez que por auto de trece de noviembre del año en curso, se tuvo por inexistente a dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia.
- Principal
El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta con una promoción con folio 16117. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, hace del conocimiento de este juzgado que el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, declaró extinguida la acción penal y decretó el sobreseimiento de la causa penal 61/2017 en favor de J. Reyes Gaytán Quiroz y remite copia certificada del citado auto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada responsable la referida documental, la cual dada su propia y especial naturaleza se tiene desahogada. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 61/2017. Del informe justificado rendido por el juez responsable y del escrito de cuenta, al cual anexó copia certificada del proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se advierte: a) Dentro de la causa penal 61/2017, el seis de noviembre del presente año, el juez responsable dictó orden de aprehensión contra J. Reyes Gaytán Quiroz, toda vez que no compareció a la audiencia de revisión de condiciones de salida alterna de suspensión condicional del proceso. b) El veintidós de noviembre del año en curso, el quejoso se sujetó voluntariamente al proceso. c) En esa propia fecha el juez responsable ordenó la cancelación de dicha orden de aprehensión. d) El veintisiete de noviembre del año que transcurre, tuvo verificativo la audiencia en la que el ahora quejoso exhibió la cantidad de mil quinientos pesos como pago de la reparación del daño; y, e) El cuatro del presente mes y año, el juez responsable declaró extinguida la acción penal y decretó el sobreseimiento de la causa penal 61/2017 en favor de J. Reyes Gaytán Quiroz. Por tanto, al haberse decretado la cancelación de la orden de aprehensión, así como extinguida la acción penal y el consecuente sobreseimiento de la causa penal 61/2017 en favor de J. Reyes Gaytán Quiroz, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Así, el dictado del sobreseimiento de la causa penal en cita implica la conclusión del procedimiento penal de origen. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa penal. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado quien autoriza y da fe.
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