J. Pedro Ortega Trejo y Otros.
Expediente 892/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- J. Pedro Ortega Trejo y Otros.
- J. Pedro Ortega Trejo
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Existencia de documentos. No se omite señalar que los documentos que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentran catalogados como originales y no originales; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por los quejosos ********, mediante el cual en cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento realizado en autos y se le tiene dando cumplimiento a la prevención de que se trata. Por lo que se procede a proveer respecto de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en los siguientes términos. Desechamiento previo de la demanda de amparo. Debe acotarse que a pesar de que el escrito de cuenta se encuentra signado, entre otros, por J***************, es menester señalar que por auto de veintiocho de septiembre del actual, se desechó la demanda de amparo respecto de dicho promovente, toda vez que el escrito inicial de demanda carecía de su firma autógrafa o electrónica; en consecuencia, se provee sobre el desahogo de la prevención únicamente respecto de los restantes justiciables. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que uno de los actos reclamados se hace consistir en: Omisión de citar a los quejosos para la integración de la carpeta de investigación. El acuerdo que establece el verificativo de una audiencia, en atención a la solicitud del Ministerio Público de Investigación de la ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, dentro de la carpeta A********también identificada como carpeta ********** Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado que se hizo consistir en la omisión de citar a los quejosos para la integración de la carpeta de investigación, acontece un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por lo que debe desecharse. En efecto, en el caso particular se estima actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la omisión de citar a los quejosos para la integración de la carpeta de investigación, no produce una afectación real y actual en su esfera jurídica. Para demostrar este aserto es menester recordar que el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas del procedimiento penal, y por lo que aquí interesa, se integra de la investigación, la cual comprende dos fases, una inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y la complementaria, que va desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Como se puede ver, el Ministerio Público se erige como parte de la misma, y entre sus obligaciones se encuentra la de recibir las querellas o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y de dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. De esta manera, la noticia criminal (denuncia o querella) justifica el inicio a una carpeta de investigación, y como consecuencia de ello, nace la obligación del agente investigador de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de un delito, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Dicho sea de paso, la representación social en la fase de investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, ya no desahoga ni valora medios de prueba como autoridad, sin perjuicio, de que durante dicha fase realice actos de investigación; esto es, se constituye como una autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, en algunos casos como se verá más adelante, se hace necesaria la intervención de un juez de control durante la etapa de investigación. Así, en la etapa de investigación el agente investigador puede llevar a cabo diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos, empero, la legislación nacional penal adjetiva precisa de actos que pueden ser realizados sin supervisión judicial y otros en los que es necesaria su intervención a fin de salvaguardar los derechos humanos de las partes. En efecto, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé de manera enunciativa actuaciones que el órgano investigador puede llevar a cabo sin la intervención judicial, como lo son: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista de testigos; XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, entre otras. Por su parte, el numeral 252 de la legislación en estudio contempla técnicas de investigación en las que se requiere un escrutinio judicial como lo pueden ser: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras. En relación con lo anterior, es necesario recordar que el artículo 107, en sus fracciones II, IV, V y VII, de la Ley de Amparo establece lo que sigue: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; [.]" Con lo anterior, es dable establecer que las citadas fracciones permiten establecer en qué casos resulta procedente el juicio amparo en contra de algún acto emitido en la etapa de investigación en el sistema acusatorio. En efecto, se actualizaría la hipótesis prevista en la fracción II, que establece que el amparo procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en tratándose de actuaciones que la representación social puede llevar a cabo sin la intervención judicial como lo son: la inspección de personas; la revisión corporal; la inspección de vehículos; la aportación de comunicaciones entre particulares; el reconocimiento de personas; entre otras. Respecto a la fracción IV, podría materializarse en la etapa de investigación inicial, también conocida como desformalizada, en tratándose de actos de investigación que requieren intervención judicial como: las órdenes de cateo; la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras; actuaciones éstas que se encuentran fuera de juicio en las que se encuentra involucrado el juez de control y cuya autorización podría violentar algún derecho humano del indiciado. En cuanto a la fracción V, sería procedente el amparo contra actos realizados hasta la investigación complementaria, es decir, una vez que se judicializa la carpeta de investigación y quien asume la conducción del procedimiento penal es el Juez de Control; es así, pues hay que recordar que de una interpretación armónica de los artículos 107, fracción V, y 170 de la Ley de Amparo, es factible establecer que el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. En ese sentido, si la investigación complementaria forma parte de la audiencia inicial y el proceso comienza con la citada audiencia, sería aplicable la hipótesis de referencia pues se trata de actos en juicio cuyos efectos pueden ser de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y con relación a la fracción VII, esta fracción hace palpable de su simple lectura la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En ese orden, dependiendo del caso en concreto, un acto de los mencionados podría ser sujeto de un control de constitucionalidad (cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, entre otros) pero ello dependerá si se encuentra comprometido un derecho humano de la persona que promueva el amparo. Ahora bien, en el caso en estudio, de forma destacada los quejosos controvierten que el agente investigador los omitió citar para la integración de una carpeta de investigación. Empero, esas conductas atribuidas al agente investigador, conforme a lo establecido en párrafo anteriores, ocurren en la etapa de investigación inicial en la que el representante social puede realizar actos de investigación sin intervención judicial y con supervisión de ésta; no obstante -de acuerdo con lo manifestado por los quejosos- no se ha realizado algún acto de investigación (que no requiera intervención judicial) que les pueda producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, en tanto que no se tiene noticia de que el agente del Ministerio Público haya ordenado la inspección de personas, revisión corporal, la inspección de vehículos, la aportación de comunicaciones entre particulares o el reconocimiento de personas. Además de que los justiciables tampoco manifiestan que el agente del ministerio público señalada como responsable les haya requerido para que acudan a rendir su declaración ni que ha ordenado detenerlos para el mismo efecto y, en consecuencia, tampoco ha surgido su derecho a acceder a la carpeta de investigación; pues debe recordarse que conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, la actuación que los justiciables consideran que vulnera sus derechos, en realidad no constituye un acto que les trastoque algún derecho sustantivo durante la etapa de investigación inicial; sobre todo, que durante esta etapa el agente investigador no está recolectando o constituyendo medios de prueba que sirvan para determinar la comisión de un delito o la plena responsabilidad del imputado, como ocurría en el sistema tradicional o mixto, sino más bien, el citado representante social se está allegando de datos de prueba que permitan judicializar la carpeta de investigación y en su caso, el Juez de Control, resuelva si es dable continuar con la investigación complementaria. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que dice: "Registro digital: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947 Tipo: Aislada "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." De ahí que las actuaciones del agente del Ministerio Público no constituyan una afectación real y directa a los derechos sustantivos de los justiciables, pues de ser el caso que se judicialice la carpeta de investigación, los peticionarios del amparo pueden hacer valer ante el juez de control las irregularidades que haya cometido el agente del Ministerio Público durante la etapa de investigación inicial y que signifiquen, como lo sostienen en la demanda de amparo, una afectación a su derecho de defensa. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar parcialmente la demanda de amparo. Por otra parte, en relación con el diverso acto reclamado que se hace consistir en el acuerdo que establece el verificativo de una audiencia inicial, en atención a la solicitud del Ministerio Público de Investigación de la ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, dentro de la carpeta A.I.CALP-2/128/2021 también identificada como carpeta A.I.UICALP-2/113/2021, cabe señalar que la ley que rige el juicio de amparo, en sus artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. La intelección de las porciones normativas antes indicadas, permite establecer que el juicio de amparo será improcedente en caso de que el acto reclamado se haya dictado fuera de juicio y no produzca una afectación sobre derechos sustantivos, como puede ser la libertad de una persona. Al respecto, en la contradicción de tesis 141/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó un criterio que sostenía anteriormente y de una nueva reflexión determinó que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, es un acto fuera de juicio que no afecta su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar y conforme al artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, resulta improcedente el juicio de amparo. Además de que, el hecho de que se aperciba al imputado con ordenar su aprehensión en caso de inasistencia constituye un acto futuro incierto, dado que depende de la actitud que asuma el propio imputado. Tales consideraciones dieron paso a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Luego, si los quejosos reclaman el acuerdo que establece el verificativo de una audiencia, en atención a la solicitud del Ministerio Público de Investigación de la ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, dentro de la carpeta A.I.CALP-2/128/2021 también identificada como carpeta A.I.UICALP-2/113/2021, es claro que se trata de un acto dictado fuera de juicio y que no afecta su libertad personal, en tanto que la posible detención que se dicte en su contra, se trata de un acto futuro incierto. Sobre el carácter de acto futuro e incierto se cita como apoyo la tesis IV.1o.P.29 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, SI AÚN NO SE HA CELEBRADO LA AUDIENCIA RELATIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado diversos criterios que postulan que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos, pues son nulas las posibilidades a que el acto de alguna autoridad pudiera causar daño o perjuicio a una persona determinada, sin que éste sea actual o inminente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido -en los casos que proceda-, una vez formulada la imputación o se haya vinculado a proceso al imputado. Por tanto, si al momento de la presentación de la demanda de garantías, aún no se verifica la etapa relativa a la imposición de medidas cautelares al incoado, resulta claro que no existe certeza de su materialización ni de su realización inminente y, en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso, lo que por vía de consecuencia actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto al acuerdo que establece el verificativo de una audiencia, en atención a la solicitud del Ministerio Público de Investigación de la ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, dentro de la carpeta *******también identificada como carpeta A************ en tanto que se trata de un acto dictado fuera de juicio que no produce una afectación de imposible reparación. Se informa cambio de Titular. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintiuno. Solicita códigos QR, para desahogo de prueba testimonial. Agréguese a los autos el correo electrónico, registrado con el folio 14660, remitido por ***********en su carácter de apoderado del quejoso *************** a través del cual solicita se le proporcionen vía correo electrónico diversos códigos QR a fin de comparecer físicamente al desahogo de la audiencia constitucional, programada a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de la presente anualidad. En atención a su contenido, y toda vez que de autos se advierte que la prueba testimonial estará a cargo de ********, en su carácter de apoderado del quejoso ******* En atención a ello, de conformidad con los artículos 3 y 5 fracción II, del AG 21/2020, se hace del conocimiento, que para el desahogo de la prueba testimonial de mérito, esta se realizará a través de videoconferencia, por lo que, previo a la celebración de la audiencia constitucional, se hará llegar el link de la sala virtual, a efecto de que las partes estén en aptitud de unirse a distancia a la misma, como medida de seguridad para evitar concentración de personas con motivo de la emergencia sanitaria covid-19. En consecuencia de lo anterior, envíese al quejoso el código, contraseña e hipervínculo para que pueda acceder a la audiencia vía videoconferencia por vía electrónica, que le será remitido, un día anterior, a los correos electrónicos gerardoperezmk01@gmail.com y/o titerestx09@gmail.com, mismos que fueron proporcionados por el propio quejoso, acordados en proveído de veintiséis de marzo del año en curso; siempre y cuando el día señalado para su celebración el presente expediente se encuentre debidamente integrado. Por cuanto hace a los testigos, deberán presentarse según lo permita la carga de trabajo a este órgano jurisdiccional, en punto de las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Por tanto, requiérase a los testigos, por conducto de la parte quejosa, para que se presenten en las instalaciones de este Juzgado Federal, con identificación oficial vigente a fin de desahogar la prueba testimonial ofrecida en autos. Por lo que a fin de que los testigos se encuentren en posibilidad de ingresar ante este órgano jurisdiccional para el desahogo de la diligencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se generaran los códigos QR a fin de que puedan ingresar. En mérito de lo expuesto, envíese los citados códigos por conducto de la parte quejosa ***************en su carácter de apoderado del quejoso*************, e indíqueseles que deberán exhibirlos impresos en la entrada del Edificio previa identificación oficial el día que deba llevarse a cabo la diligencia de mérito. Lo anterior, con el apercibimiento a la parte quejosa que en caso de no se presenten los testigos el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional a desahogar la testimonial en comento, se tendrá por desierta y se continuará la secuela procesal en el presente asunto. Finalmente, glósese el escrito registrado con el número 14836, signado por **********en su carácter de apoderado del quejoso *********, a través del cual solicita, en primer lugar, se le proporcionen códigos QR; y, en segundo lugar, amplía el interrogatorio presentado el veintisiete de mayo de la presente anualidad ante la Oficialía de Partes Común (OPC), remitido ese mismo día a este órgano jurisdiccional, registrado con el número de folio 6854; en consecuencia, distribúyase entre las partes copia de la ampliación del interrogatorio que se provee; lo anterior, para que estén en aptitud de ampliarlo, o bien, de comparecer a dicha diligencia, si a sus intereses conviene para que puedan formular repreguntas si lo desean. Notifíquese; personalmente al quejoso, por lista al tercero interesado, al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a las autoridades responsables y terceros interesados, por oficio o por correo electrónico.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Dos, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, con sede el Calpulalpan, Tlaxcala y otras autoridades. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 892/2021-I. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Se desecha demanda por cuanto hace a un quejoso. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que la demanda de mérito carece de firma autógrafa o electrónica de ******************; lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo, únicamente por cuanto hace al mencionado promovente. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: ".Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." ".Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6° de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la norma que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo los casos que expresamente lo permita la propia ley. De ahí que, se reitera, la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En el caso que nos ocupa, la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Apizaco, Tlaxcala; sin embargo, no se encuentra firmada autógrafa ni electrónicamente por el quejoso ****************; en razón de ello, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por quien se ostenta como quejoso, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por lo tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Máxime, que en el caso que nos ocupa, no se reclaman actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada XVII.7 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: ...DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. ... Luego, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo únicamente por cuanto hace a ******************* Prevención. Los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los requisitos que debe contener una demanda de amparo en la vía indirecta; así como la obligación de proveer sobre si se desecha, previene o admite tal libelo; con lo cual está implícita la facultad de revisar la demanda y, en su caso, de prevenir a la parte quejosa si de ese análisis se advierte alguna omisión o irregularidad por alguno de los supuestos que establece el artículo 114 citado. Por tanto, en uso de esa facultad, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, manifestando que promueve el amparo en contra de actos atribuidos a los Jueces de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, sin precisar qué acto les reclama a cada uno de ellos. En consecuencia, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, se REQUIERE a los promoventes, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y conscientes de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado, para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve; por escrito y con copias suficiente para correr traslado a las partes de dicho escrito: Señale con precisión, qué acto les reclaman a cada uno de los Jueces de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, y la fecha en que tuvieron conocimiento de ello. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá de dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a ****************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por no contar con dicho registro. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica a las partes con excepción del quejoso que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes, con excepción del quejoso, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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