J. Oscar González Ramos
Expediente 853/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- J. Oscar González Ramos
Actuaciones
- Principal
De la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial de la adscripción de notificar de manera personal a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso dictado en este juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, al no contar este juzgado de Distrito con diverso domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, a) y 29 de la Ley de Amparo, comisiónese al fedatario que corresponda para que realice la notificación del proveído de referencia, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto el quejoso señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Principal
EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA OSCAR GONZÁLEZ RAMOS, EL AUTO QUE DICE: J. Óscar González Ramos promueve demanda de amparo contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 853/2016. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda, se advierte que este juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; 3. Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción décima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercen jurisdicción en Orizaba. HECHOS En el caso, del análisis de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de once de julio de dos mil dieciséis emitida por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, en el toca 1686/2016 de su índice, en la que la Sala de referencia resolvió el recurso de apelación interpuesto por Marco Tulio Olguín Arroyo en contra de la diversa resolución emitida el doce de mayo de dos quince en el juicio ejecutivo mercantil 436/2012 por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, en el sentido de declarar nulo todo lo actuado desde el veintiuno de septiembre de dos mil doce, ordenando así reponer el procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil de referencia. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la resolución reclamada tendrá ejecución donde no tiene jurisdicción territorial este juzgado de Distrito, es decir, en Orizaba, Veracruz, debido a que el expediente en el cual se ordenó reponer procedimiento se encuentra radicado con el número 436/2012 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz. En consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Córdoba, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el cual ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole respetuosamente el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad al artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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