J. Natividad Vázquez Méndez

Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
127/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • J. Natividad Vázquez Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el mismo como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por J. Natividad ********, por propio derecho y en representación de las menores con iniciales N.V.M. y V.V.M, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de febrero de este año. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige que la parte quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de realizarle el pago del 50% de sus percepciones como mínimo vital que se le entregaba desde diciembre de dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veinte. Desechamiento de demanda Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia De lo reseñado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita y en la jurisprudencia 814, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Dichos artículos, dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria, o bien, aquélla que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También tendrán la calidad de autoridades responsables, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados anteriormente, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En cuanto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Cuando falte alguna de dichas características en un ente, es evidente que no se estará en presencia de actos de autoridad. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra ese tipo de actos; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel. En las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De lo expuesto se advierte que el carácter de autoridad responsable deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con un particular. Caso concreto En el presente caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Dirección General, Dirección Administrativa y Finanzas y Dirección del Órgano Interno de la Contraloría, todas de dicha Secretaría, así como de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, la omisión de realizarle el pago del 50% de sus percepciones como mínimo vital que se le entregaba desde diciembre de dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veinte; lo cual el suscrito estima que no es un acto de autoridad. Lo anterior es así, pues el quejoso no está frente a una relación de supra a subordinación, pues dicho acto deriva de una relación laboral con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal como lo informó en su demanda, pues refirió que se desempeñaba como Inspector de Transporte adscritos a al Dirección General de Comunicaciones y Transportes de esa Secretaría. A su vez, que a raíz de una investigación administrativa por la presunta comisión de una falta, en diciembre de dos mil dieciocho, fue suspendido de su puesto de manera provisional, hasta en tanto se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente, garantizándole al quejoso, como servidor público, la entrega del 50% de su sueldo, como un mínimo vital de sustento. Entonces, la circunstancia de las responsables no le entreguen la cantidad que venía recibiendo desde diciembre de dos mil dieciocho, involucra una relación de coordinación propia de conformidad con la relación laboral que el mismo quejoso refiere y, del cual deriva el acto reclamado; lo que en todo caso se encuentra en aptitud de promover lo que a su derecho corresponda, ante la autoridad competente. Decisión En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, como se ha visto, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea- Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese el escrito signado por J. Natividad ********, por propio derecho y en representación de las menores con iniciales N.V.M. y V.V.M, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de febrero de este año. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige que la parte quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de realizarle el pago del 50% de sus percepciones como mínimo vital que se le entregaba desde diciembre de dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veinte. Desechamiento de demanda Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia De lo reseñado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita y en la jurisprudencia 814, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Dichos artículos, dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria, o bien, aquélla que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También tendrán la calidad de autoridades responsables, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados anteriormente, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En cuanto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Cuando falte alguna de dichas características en un ente, es evidente que no se estará en presencia de actos de autoridad. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra ese tipo de actos; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel. En las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De lo expuesto se advierte que el carácter de autoridad responsable deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con un particular. Caso concreto En el presente caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Dirección General, Dirección Administrativa y Finanzas y Dirección del Órgano Interno de la Contraloría, todas de dicha Secretaría, así como de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, la omisión de realizarle el pago del 50% de sus percepciones como mínimo vital que se le entregaba desde diciembre de dos mil dieciocho hasta diciembre de dos mil veinte; lo cual el suscrito estima que no es un acto de autoridad. Lo anterior es así, pues el quejoso no está frente a una relación de supra a subordinación, pues dicho acto deriva de una relación laboral con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal como lo informó en su demanda, pues refirió que se desempeñaba como Inspector de Transporte adscritos a al Dirección General de Comunicaciones y Transportes de esa Secretaría. A su vez, que a raíz de una investigación administrativa por la presunta comisión de una falta, en diciembre de dos mil dieciocho, fue suspendido de su puesto de manera provisional, hasta en tanto se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente, garantizándole al quejoso, como servidor público, la entrega del 50% de su sueldo, como un mínimo vital de sustento. Entonces, la circunstancia de las responsables no le entreguen la cantidad que venía recibiendo desde diciembre de dos mil dieciocho, involucra una relación de coordinación propia de conformidad con la relación laboral que el mismo quejoso refiere y, del cual deriva el acto reclamado; lo que en todo caso se encuentra en aptitud de promover lo que a su derecho corresponda, ante la autoridad competente. Decisión En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, como se ha visto, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea- Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve J. Natividad ********, por propio derecho y en representación de las menores con iniciales N.V.M. y V.V.M, personalidad que se le reconoce al tenor de los anexos que acompaña para tal efecto, contra actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 127/2021-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A efecto de determinar debidamente la litis, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, en relación con los diversos 110 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio para cada una de las partes, se sirva aclarar su demanda de amparo y, precise con claridad qué acto reclama a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior es así, en tanto que en el apartado de acto reclamado, señala que se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables señaladas con los números 1, 3, 4 y 5, de realizarle el pago del 50% de sus percepciones como mínimo vital que se le venía entregando desde diciembre de dos mil dieciocho, hasta diciembre de dos mil veinte; actuación que reclama a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, Dirección General de Comunicaciones y Transportes, Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Dirección de Órgano Interno de Contraloría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no informa qué reclama a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la cual señaló con número 2. Apercibimiento. Apercíbase al promovente, que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente. "

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