J. Miguel Garrido Hernández

Expediente 229/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
229/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • J. Miguel Garrido Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, ********************. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda que promueve *****************, por derecho propio, contra los actos de la siguiente autoridad: Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de San Juan del Río, Querétaro; y, Coordinación de Actuarios y Secretario Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de San Juan del Río, Querétaro De las cuales reclama los actos que a continuación se describen: El auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 493/2014, relativo al juicio de terminación de contrato de comodato del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de San José del Río, Querétaro y como consecuencia de la ilegal notificación de la determinación de treinta de mayo de dos mil dieciséis. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La ilegal notificación del auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, y como consecuencia de ello el auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 229/2016, relativo al juicio de terminación de contrato del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de San José del Río, Querétaro. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, los preceptos 77, 79, 80 y 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que establecen lo siguiente: "Artículo 77. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 79. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo Quinto del Título Segundo serán nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Artículo 81. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. La nulidad por falta de citación para absolución de posiciones o reconocimiento de documentos, sólo podrá plantearse en el caso de que se tenga por confeso a quien debía absolverlas o se tenga por reconocido el documento. A la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, no se le dará trámite si se hubiere contestado la demanda. Los incidentes que se susciten con motivos de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se fallarán en la sentencia definitiva" Del enunciado normativo trascrito, se advierte que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; asimismo, las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo Quinto del Título Segundo del código adjetivo en cita serán nulas. De igual forma, se señala que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, y sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Ahora bien, en el presente asunto el quejoso reclama la ilegal notificación de la determinación de treinta de mayo de dos mil dieciséis, y como consecuencia de ello el auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 493/2014, relativo al juicio de terminación de contrato de comodato del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de San José del Río, Querétaro. En ese orden, el quejoso puede interponer como medio de defensa el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación de la determinación de treinta de mayo de dos mil dieciséis, pues con dicho medio puede ser nulificado y en consecuencia dejar sin efectos el auto de catorce de junio de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 3a./J. 17/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Número 58, Octubre de 1992, página 15, la que se transcribe: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.", sustentó el criterio siguiente: "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...", debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -incidente de nulidad- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de cada parte, en el que se haga valer lo que en derecho corresponda a cada uno; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne -emplazamiento, notificación-, es de plazo razonable, ya que se tramita, con un escrito de cada parte, con tres días para resolver, sólo en caso que se ofrezcan pruebas se cita para audiencia dentro del término de diez días, diferible por una sola vez. Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto, en tal situación, se desecha la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ***************************; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la persona que indica. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a *****************, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del 24, párrafo segundo a las demás personas que indica por no contar con tal registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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