J. Melquiades Flores Romero
Expediente 540/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2018
Partes del expediente
- J. Melquiades Flores Romero
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar, en consecuencia, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En su oportunidad, destrúyase el presente expediente, en términos del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ...
- Juicio de Amparo Directo
UNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO...
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto el dictamen de cuenta, formulado por el magistrado Antonio Campuzano Rodríguez, que a la letra dice: "El suscrito magistrado Antonio Campuzano Rodríguez, quien funge como ponente en el asunto identificado al rubro; me permito formular este dictamen, al advertir que en la especie se podrían actualizar la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I, tercer párrafo, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo que prevén: «Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]» Se afirma lo anterior, ya que, del estudio integral del juicio de amparo directo en que se actúa, así como de los autos del juicio de origen, se desprende que el quejoso J. Melquiades Flores Romero, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo contra la resolución de uno de junio de dos mil diecisiete emitida en el juicio agrario 152/2013 relacionado con el 485/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca. Cabe mencionar que dentro de las pretensiones que se demandó el actor J. Melquiades Flores Romero, se encuentra la nulidad de diversas resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria como lo es el depósito de la lista de sucesores ante el Registro Agrario Nacional en el Estado de México y la expedición de certificado parcelario. Por ende, en dicha resolución el magistrado del tribunal unitario agrario responsable se pronunció sobre el fondo de la controversia declarando improcedente la prestación reclamada por la parte actora, a saber, la de nulidad del depósito de la lista de sucesión realizado por el Registro Agrario Nacional en el Estado de México, así como de la tramitación y expedición del certificado parcelario 000000396315 de veintisiete de marzo de dos mil tres. Sin embargo, contra dicha resolución probablemente era necesario que, previamente al juicio de amparo y en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se agotara el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria que es del tenor siguiente: «Artículo 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: [.] III.- La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.» Dispositivo que encuentra relación con el artículo 9, fracción II, de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que señala: «Artículo 9. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer: [.] III.- Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias; [.]» Como se desprende de lo anteriormente expuesto, el recurso de revisión en materia agraria procede ante el Tribunal Superior Agrario, contra la sentencia de los tribunales unitarios agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio agrario en el que verse sobre nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, como en la especie lo es el Registro Agrario Nacional. En este orden de ideas, como se vio, el magistrado del tribunal unitario agrario responsable se pronunció sobre el fondo de la controversia declarando improcedente la prestación reclamada por la parte actora, a saber, la de nulidad del depósito de la lista de sucesión realizado por el Registro Agrario Nacional en el Estado de México, así como de la tramitación y expedición del certificado parcelario 000000396315 de veintisiete de marzo de dos mil tres; actuaciones que podría constituir resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria como lo es el Registro Agrario Nacional. En tales condiciones, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, contra dicha sentencia probablemente era necesario que, previamente al juicio de amparo, se agotara el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, en términos del artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, transcrito con antelación. Por consiguiente, se estima que contra el acto reclamado, consistente en la sentencia dictada el uno de junio de dos mil diecisiete, en los autos del juicio agrario 152/2013 relacionado con el 485/2013, por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, Estado de México, probablemente procedía el recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria. Ante tales circunstancias, a criterio de este tribunal, podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 170, fracción I, tercer párrafo, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es devolver el presente expediente a la secretaría de acuerdos de este tribunal, a fin de que conforme a lo dispuesto en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se dé vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior a efectos de que el suscrito magistrado esté en aptitud de elaborar el proyecto de resolución que conforme a derecho corresponda." De lo anterior, se desprende que, en el presente asunto, podría actualizarse una causal de improcedencia por los motivos expuestos; en consecuencia; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 64 de la ley de la materia, se ordena dar vista al quejoso J. Melquiades Flores Romero, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la causal de improcedencia advertida. Hecho lo anterior, vuelvan los autos a la ponencia del magistrado ponente del presente asunto. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa, de conformidad con el proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado.Así lo proveyó y firma la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante el licenciado Daniel Méndez Palacios, secretario de acuerdos que autoriza y da fe.
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