J. Martín Ramos Alanís

Expediente 150/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
150/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • J. Martín Ramos Alanís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución de la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por la que se negó el amparo y protección en el juicio en que se actúa y se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Atento lo anterior, se ordena devolver al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Estado de Michoacán, con residencia en La Piedad, las documentales que allegó al presente asunto, toda vez que resulta innecesaria su retención, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión dentro del presente juicio de amparo, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 150/2017, promovido por Martín Ramos Alanís, por conducto de su defensor particular; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Martín Ramos Alanís, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 150/2017 y se admitió en proveído de catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas 24 a 26); se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, en proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 56 y 57), se reconoció a Cristina Martínez Vela, en su carácter de concubina de la víctima, el carácter de tercera interesada; asimismo, se reconoció dicho carácter al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: El auto de formal prisión de veintiuno de enero de dos mil diecisiete, dictado contra el quejoso por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, por el delito de homicidio calificado en agravio de G.L.V., dentro del exhorto 1/2017, derivado de la causa penal 181/2004, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de La Piedad, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 29). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó el Juez de Primera Instancia en Materia Penal de La Piedad, Michoacán, a su oficio 437, consistentes en el duplicado de la causa penal 181/2014 que se instruye en ese juzgado contra el quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de G.L.V. (constante de dos tomos). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al efecto, el agente del Ministerio Público aduce que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo -falta de interés-, pues refiere que el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión en la norma reclamada, por lo que mediante las pruebas ofrecidas no demuestra la afectación a sus intereses jurídicos o legítimos y por ello debe sobreseerse en el juicio. Sin embargo, dicho planteamiento es infundado, ya que de autos se advierte que el peticionario del amparo es el inculpado en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, a quien se le declaró formalmente preso por el delito de homicidio calificado, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Toda vez que no se invocó diversa causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, para efectos de una mayor comprensión del asunto, a continuación se destacan los siguientes antecedentes: I. El veinticuatro de julio de dos mil cuatro, la agente Tercera del Ministerio Público Investigador, de la Subprocuraduría Regional de Justicia de La Piedad, Michoacán, consignó con detenido ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal de esa ciudad, la averiguación previa 067/04-III instruida contra J. Martín Ramos Alanís por los delitos de homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación y exhumación, y asociación delictuosa, el primero en agravio de Gustavo López Vázquez y los dos últimos de la sociedad. II. Seguido el trámite respectivo, el Juez de los autos dictó sentencia condenatoria, misma que fue recurrida en apelación y confirmada por el tribunal de alzada; determinación que el inculpado impugnó vía amparo directo. III. En cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, mediante ejecutoria de veinte de diciembre de dos mil dieciséis que concedió el amparo solicitado, el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, revocó la sentencia recurrida de fecha nueve de abril de dos mil ocho, dictada por el juez de los autos, ordenando la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria del inculpado J. Martín Ramos Alanís, a efecto de resolver nuevamente la situación jurídica del inculpado, excluyendo el oficio de puesta a disposición de veintidós de julio de dos mil cuatro, signado por Carlos Quiroz Rodríguez y Saíd Rodríguez Jáuregui, así como la confesión que realizó el procesado ante el fiscal investigador en la propia fecha. IV. Atento lo anterior, el once de enero de dos mil diecisiete, el juez de origen nuevamente sujetó a término constitucional al inculpado, mismo que suspendió a efecto de enviar el exhorto 1/2017 al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad de Morelia, para que en su auxilio reanudara dicho plazo, tomara la declaración preparatoria del encausado y le resolviera su situación jurídica. V. El diecisiete de enero siguiente, dentro del exhorto número 20/2017, formado con motivo del diverso 1/2017, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, levantó la suspensión decretada y reanudó el plazo constitucional, tomó la declaración preparatoria de J. Martín Ramos Alanís, y el veintiuno del propio mes y año, resolvió su situación jurídica decretando en su contra auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de G.L.V. Asimismo, dictó auto de libertad por falta de pruebas para procesar bajo las reservas de ley a favor de dicho encausado, por lo que ve a los delitos de violación a las leyes de inhumación y exhumación y asociación delictuosa, en agravio de la sociedad. La anterior resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso aduce esencialmente que: 1. El auto de formal prisión dictado en su contra viola en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, así como el 244 y 249 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, porque en el considerando tercero tuvo por comprobado los elementos del delito de homicidio, dado que las pruebas que obran en el sumario si bien acreditan la supresión de una vida, no son aptas ni suficientes para demostrar que el cadáver correspondió al de la víctima G.L.V. Tal es el caso de la certificación de llamada telefónica de veintidós de julio de dos mil cuatro, relacionada con la información contenida en el oficio de puesta a disposición, medio de prueba el último que la juez debió excluir, porque esa información fue obtenida de manera ilícita al preceder de una detención ilegal, como lo expuso el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito que concedió el amparo al quejoso, por lo que no son pruebas aptas para acreditar que el cadáver encontrado corresponda a la víctima de que se trata. Que la misma suerte corre el acta de levantamiento, inspección de lugar, búsqueda de indicios, exhumación, levantamiento, fe ministerial de lesiones y media filiación del cadáver, pues no obstante que el quejoso haya estado presente en la diligencia e indicó que en el lugar donde se constituyeron se encontraba enterrado el cadáver de G.L.V., lo único que se acredita es que se localizó el cadáver de una persona del sexo masculino en avanzado estado de putrefacción, del cual no se pudo determinar su media filiación y en esas condiciones era imposible identificarlo, máxime que el quejoso no dijo que datos le servían para asegurar que el cuerpo ahí encontrado se trataba de la mencionada víctima. Asimismo, que del dictamen sobre exhumación, tampoco se advierte qué elementos sirvieron para determinar que dicho cadáver encontrado en el lugar indicado correspondía a G.L.V., y el estudio osteológico únicamente sirvió para acreditar las lesiones que describió el perito médico forense, pero no para acreditar que correspondía al cuerpo de la persona que en vida llevó el nombre de G.L.V. Finalmente, que en la diligencia de reconocimiento de cadáver a la que comparecieron Martha Vázquez Centeno y Juana López Vázquez, no es aceptable ni creíble que identificaran a quien dijeron era su familiar G.L.V., en virtud de que el cuerpo que tuvieron a la vista se encontraba en estado de descomposición pues tanto el fiscal como el perito en criminalística y el médico forense que emitieron los respectivos dictámenes así lo asentaron; además de que no dijeron que lo reconocían por algún dato característico que hubieren observado o por las prendas de vestir, ni se practicaron estudios periciales y químicos pertinentes (en materia de genética o ADN) para establecer la afinidad entre el occiso y los familiares. 2. Que le causa perjuicio que la jueza responsable haya considerado acreditadas las agravantes de premeditación y ventaja en el ilícito de homicidio, toda vez que en el sumario no obran medios de prueba que las justifiquen, pues sólo hizo un razonamiento subjetivo y carente de sustento legal ya que no refirió con qué pruebas se encontraban acreditadas esas circunstancias. Que respecto de la premeditación es necesario que previo a la comisión de un hecho delictuoso existan antecedentes o circunstancias de conflictos entre víctima y victimario y que haya existido un intervalo de tiempo, pero si no existió dentro de ese lapso un examen calculado y reflexivo por parte del activo no puede considerarse acreditada dicha calificativa por faltar uno de sus elementos fundamentales, que es la reflexión sobre el delito que se va a cometer, como lo establece el artículo 279, fracción I, del Código Penal del Estado. Sin embargo, refiere que la responsable únicamente se basó en la información proporcionada por la testigo Araceli Arroyo Madrigal quien dijo que "Víctor le comentó que Martín El Tío, había matado a la víctima con un balazo en la frente", pero de las diligencias de levantamiento de cadáver, dictamen sobre inhumación y estudio osteológico se advierte que no encontraron ningún orificio en la frente del cadáver; sin embargo, Víctor Cervantes Aranda nada refirió en el sentido de que Martín fuera la persona que privó de la vida a G.L.V. y por tanto, la información en la que se basó la juez de los autos no es útil para acreditar dicha calificativa. Por lo que se refiere a la calificativa de ventaja, señala que al respecto no obra ningún elemento de prueba con el que se justifique la forma en que sucedieron los hechos, esto es, algún testigo presencial, así como tampoco se puede justificar el número de personas que intervinieron en los mismos, ni que la víctima en ese momento portara o no algún tipo de arma, mucho menos que el inculpado estuviera completamente seguro de su superioridad o que el pasivo estuviera indefenso o en completa desventaja como lo exige el dispositivo legal que la regula. 3. Que también le causa agravio que el juez responsable haya tenido por acreditada la probable responsabilidad del inculpado J. Martín Ramos Alanís en la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de G.L.V., con los medios de prueba que se acreditó el delito y que quedaron precisadas con anterioridad. Lo anterior, porque considera que las declaraciones de Araceli Arroyo Madrigal y José Roberto Arroyo Madrigal, carecen de veracidad, dado que cuando revisaron el cadáver no encontraron ningún orificio en la frente, aunado a que la declaración de la primera nombrada no se encuentra corroborada con prueba alguna, y por el contrario, el testimonio de Víctor Cervantes Aranda la contradice y su dicho es de oídas. Que aunado a lo anterior, los citados testigos no presenciaron los hechos y el deceso de la víctima lo supieron por información de una tercera persona, sin que por ello señalen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los mismos y en tal virtud, esos testimonios no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Así también, de los testimonios de Cristina Martínez Vela y Jesús López Vázquez, así como de los diversos de los atestes Víctor Cervantes Aranda y Mario Bolaños Sepúlveda, no se desprende imputación o indicio alguno que incrimine al quejoso, porque tampoco señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos en los que perdiera la vida G.L.V. Analizados que fueron los anteriores argumentos, se determina que los mismos son infundados, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que la resolución reclamada, a través de la cual se dictó el auto de formal prisión, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. CUANDO EL TRABAJADOR QUEJOSO EXPRESAMENTE MANIFIESTA ESTAR CONFORME CON ALGUNA PARTE DEL LAUDO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ IMPEDIDO PARA EXAMINAR DE OFICIO EN SU INTEGRIDAD SU LEGALIDAD. En los juicios de amparo en los que el laudo reclamado contenga decisiones sobre diversas prestaciones demandadas en el juicio laboral, y el trabajador quejoso impugne únicamente algunas de las que le perjudican, y exprese su conformidad respecto de otras de la misma naturaleza, sólo en estos supuestos el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento está técnicamente impedido para analizar de oficio en su integridad la legalidad del laudo, pues conforme al principio de instancia de parte agraviada, la suplencia de la queja deficiente debe ceder, a fin de no actuar contra la propia voluntad del agraviado, por lo cual debe declararse firme la parte del laudo consentida expresa y fehacientemente". Sentado lo anterior, este órgano constitucional se avoca el estudio de los argumentos de inconformidad expresados en la demanda de amparo, aunque ello se realice en un orden distinto al en que fueran planteados, según lo autoriza lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de la materia. Así, de la simple lectura de la resolución reclamada se advierte, que contrario a lo que afirma el quejoso, el juez responsable valoró adecuadamente los elementos de convicción que integran el expediente 181/2004, con los que se comprueba la materialidad del delito cuya comisión se imputa al peticionario del amparo, de conformidad con las reglas de comprobación que contiene el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. De modo que, para sostener la decisión asumida por este juzgador, se procede a verificar el estudio de la resolución reclamada, de acuerdo al análisis de los siguientes elementos: Cuerpo del delito. El delito de homicidio calificado, está previsto y sancionado en los artículos 260, 267 y 279, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, publicado en el suplemento del periódico oficial, el siete de julio de mil novecientos ochenta, última reforma publicada en el periódico oficial el uno de febrero de dos mil doce, -aplicable al caso por encontrarse vigente al momento de la comisión de los hechos-, y los cuales disponen: "Artículo 260. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro." "Artículo 267. Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión." "Artículo 279. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados: I. Cuando se cometen con premeditación, alevosía, ventaja o traición. [.]" Por ello, se estima que acertadamente el juez responsable consideró que sus elementos consisten en: La privación de la vida de una persona; Lo anterior se genere por un ser humano; y, Que exista una relación de causalidad entre la conducta y el resultado lesivo. De modo que, en forma correcta el juez responsable determinó acreditado el primer elemento del delito, consistente en la privación de la vida de una persona, con la certificación de llamada telefónica levantada por la agente Tercera del Ministerio Público Investigador de La Piedad, Michoacán, el veintidós de julio de dos mil cuatro, donde hizo constar que el policía de guardia de la Policía Ministerial del Estado, le informó que con motivo de una investigación a Martín Ramos Alanís (a) "El Tío" y/o "El Simpson" y/o "El Ojón", éste informó acerca del homicidio cometido contra G.L.V., indicándoles también el lugar donde había cavado una fosa y lo había enterrado; que ya tenían ubicado el lugar, mismo que también les fue señalado por el inculpado. Relacionó el anterior medio de prueba con el acta de levantamiento de cadáver de la propia fecha, en la que la representante social se constituyó en la ribera del canal, brazo que desemboca al Río Lerma, del ejido de Potrerillos de La Piedad, Michoacán, acompañada de perito criminalista y el Primer Comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado con elementos a su cargo, así como por el inculpado Martín Ramos Alanís (a) "El Tío"; lugar donde éste indicó con su mano derecha y dedo índice que al lado Poniente de ese lugar, a un metro de distancia del río, se encontraba enterrado el cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Gustavo López Vázquez (a) "El Ratón", observando a flor de tierra parte de un zapato color negro, por lo que procedieron a la realizar la búsqueda y recolección de indicios en un radio de cincuenta metros, donde efectivamente, a una profundidad de sesenta centímetros y un metro y medio de ancho, fue localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición, el cual vestía playera calada color azul, camiseta sin mangas, de algodón, color blanco, pantalón deslavado al parecer de mezclilla y un zapato color negro en el pie izquierdo. Probanzas que consideró robustecidas con el dictamen sobre exhumación de cadáver, practicado por el perito en la materia Ernesto Estrada Pantoja, en el que concluyó que el tiempo de muerte ocurrió en un lapso no mayor de treinta días y no menor de veintiocho días. Asimismo, es correcto que el juez responsable haya tenido por acreditada la materialidad del ilícito que se imputa al accionante de amparo, con el estudio osteológico del cadáver, practicado por el doctor Mario Odín Ramírez Ramos, quien detalló las lesiones externas e internas del cuerpo sin vida y concluyó que los restos encontrados corresponden al sexo masculino, la causa que determinó su muerte se debió a traumatismo craneoencefálico en persona politraumatizada y cursaba con cuatro a seis semanas posteriores a su fallecimiento. Y finalmente, con la diligencia de reconocimiento de cadáver a cargo de Martha Vázquez Centeno y Juana López Vázquez, madre y hermana del occiso, quienes reconocieron los restos exhumados por el Ministerio Público, como los de su familiar G.L.V. Medios probatorios que el juez responsable en forma correcta valoró al tenor de lo dispuesto en los artículos 209, 258, 289, 291, 293, 302, 303, 323, 325, 328, 331, 333 y 334 del Código de Procedimiento Penales del Estado, y estableció que los datos que obran en la causa, por el momento, permiten sustentar la posibilidad de que se accionó contra el pasivo un arma de fuego, causándole las alteraciones físicas que determinaron su muerte. Lo cual se estima acertado, contrario a lo que aduce la defensa, pues el juez natural determinó que, en atención a lo ordenado por el tribunal de alzada, en su momento, durante la secuela procesal, deberá llevarse a cabo la ratificación, entre otros, del dictamen pericial en materia de osteología, con asistencia de las partes, que permita esclarecer las circunstancias indicadas, e incluso, podrán realizarse la o las pruebas científicas complementarias que permitan determinar sin lugar a dudas, el instrumento utilizado para generar la lesión que causó la muerte de la víctima y la mecánica del hecho. Por lo que respecta al segundo de los precitados elementos (que la privación de la vida de G.L.V. se generó por una causa externa atribuible a un comportamiento humano), el juez responsable atinadamente lo consideró acreditado, con las declaraciones de los testigos que se indican a continuación: Cristina Martínez Vela, quien refirió que desde un año y medio anterior comenzó a vivir en unión libre con la víctima quien desapareció de su domicilio el veintiuno de junio de dos mil cuatro; que antes de desaparecer su esposo le comentó que presentía que Martín Ramos Alanís (a) "El Tío" lo quería matar, y deseaba que se investigaran los hechos porque el veintidós de julio de dos mil cuatro, apareció el cuerpo sin vida de su marido, enterrado en la ribera del río de la ciudad de La Piedad, Michoacán. Asimismo, en una segunda intervención la testigo dijo que su concubino se la pasaba en una llantera ubicada en la calle Cortazar de la citada ciudad y la última vez que lo vio, vestía pantalón negro deslavado, zapatos negros, camisa color azul marino de tejido tipo red. Araceli Arroyo Madrigal, señaló que conoció a G.L.V. en un bar y vivió con él en un cuarto que rentaron en la colonia Vasco de Quiroga; que en ese tiempo la víctima siempre andaba con "El Mamut" para todos lados a bordo de una camioneta gris, marca Chevrolet, tipo pick-up y acostumbraban drogarse con cocaína y pastillas. Que el veintidós de junio como a las seis horas, Víctor Cervantes le dijo que le habían pegado un levantón a un bato y al preguntarle quién era, Víctor le contestó que "El Ratón", y que había sido "El Tío"; que él vio los hechos porque había andado con ellos, que iban "El Mamut", "El Ratón" y Víctor en la camioneta del primero, y que atrás iba "El Tío" siguiéndolos en otro coche; que habían ido a dejar a "El Ratón" a un lugar donde le habían dado un balazo en la frente y que había sido "El Tío"; que al preguntarle a Víctor dónde habían dejado al ofendido, le dijo que se lo había llevado "El Tío" y no sabía en dónde lo dejó, pero que se imaginaba dónde lo habían tirado y que si iba a buscarlo, lo encontraba. José Roberto Arroyo Madrigal, hermano de Araceli Arroyo, dijo que ésta tenía como un año de novia de G.L.V. (a) "El Ratón", a quien conoció en un centro botanero donde ella trabajaba; que sabía que la víctima se juntaba con "El Pitufo" y Mario (a) "El Mamut", quien andaba en una camioneta gris marca Chevrolet; que no sabía en qué trabajaban pero los llegó a ver en una vulcanizadora que está en la calle Irapuato con el dueño a quien le dicen "El Tío" y sus ayudantes. Que también conocía a un muchacho de nombre Víctor quien iba a casa de su hermana Chely a visitarla, y el veintidós de junio de dos mil cuatro, entre las seis o siete horas tocaron la puerta y era Víctor, quien comenzó a platicar con su hermana y cuando el declarante salió al baño Chely le dijo "cómo ves, mataron al Ratón"; que más tarde Víctor le comentó que habían matado a "El Ratón" porque había amenazado a la familia del "Tío" y a Mario "El Mamut", y que éstos habían subido a la víctima a la camioneta del último nombrado. Víctor Cervantes Aranda, quien manifestó que dos meses antes conoció a Martín "El Tío" en una vulcanizadora ubicada en la calle Cortazar y a más personas que llegaban a la llantera; que a "El Ratón" lo conoció en el mes de febrero, quien comenzó a ir a la llantera y se enteró de que era muy amigo de "El Tío"; que respecto de la desaparición de "El Ratón" se dio cuenta porque su hermano "El Gorupo" lo encontró en la vulcanizadora y le dijo que tenía pendiente de su hermano porque no había ido a dormir y siempre avisaba en su casa cuando no iba a llegar. Que vio a "El Ratón" un día antes en la vulcanizadora por la tarde; que a los pocos días encontró a Mario "El Mamut" quien le dijo que quería una grapa de cocaína y se fue a comprarla, regresando acompañado de Fernando "Chalino" y "El Mamut" iba llorando; que el deponente le preguntó qué tenía y éste le dijo que había valido madre, que habían matado a "El Ratón", que ojalá no fuera cierto; que le preguntó por qué sabía eso y le contestó que lo había escuchado cuando estaba comprando la grapa. Juan Manuel Galván Ramírez, expuso que cinco días antes la esposa de G.L.V. le preguntó por el paradero de éste, manifestándole que el último día que lo vio fue el veinte de junio de dos mil cuatro como a las veintiuna horas en que Carmelita pasó a recogerlos en su vehículo y estuvieron dando la vuelta e ingiriendo bebidas embriagantes como hasta las veinticuatro horas con treinta minutos y después se fueron al negocio de Carmelita donde permanecieron hasta aproximadamente las seis horas con treinta minutos y después no supo qué pasó, no volvió a ver a "El Ratón". Alberto Camarena Hernández, quien expuso que el veinte de junio de dos mil cuatro, como a las veintitrés horas con treinta minutos, llegó su prima Carmelita Hernández Bermúdez a bordo de su vehículo acompañada de un hombre y una mujer y lo invitó a dar la vuelta; que a las tres de la mañana dejaron en su casa a la pareja que andaba con ellos y como media cuadra antes de llegar a la casa de su prima el declarante se bajó del vehículo, quedándose "El Ratón" con Carmelita; que posteriormente, se dio cuenta de que "El Ratón" no aparecía y no lo volvió a ver desde ese día. Carmen Delia Hernández Bermúdez, dijo que conocía a G.L.V. apodado "El Ratón", por ser vecinos; que el veinte de junio de dos mil cuatro estuvo platicando con él y salieron a dar la vuelta en su carro y en un momento "El Ratón" se bajó porque vio al "Oso", a quien le pidió una pistola prestada y al preguntarle la declarante sobre el arma, "El Ratón" le contestó que debía traer la pistola porque lo querían matar; que la víctima se quedó a dormir en su casa y ese fue el último día que lo vio. María del Carmen Anguiano Magaña, relató que el veinte de junio de dos mil cuatro estaba con Juan a quien apodan "El Verduras" cuando los invitaron a dar una vuelta Carmelita y "El Ratón", y ese fue el último día que lo vio. Jesús López Vázquez, refirió que es hermano de G.L.V. (a) "El Ratón", a quien vio por última vez el veinte de junio de dos mil cuatro como a la media noche cuando estaba con Jaime (a) "El Oso" en una esquina donde se ubica la tienda llamada "Muñeca Bonita"; que su hermano iba a bordo de un vehículo en el cual iba María, Juan (a) "El Verduras", "El Tongas" y Carmelita; que su hermano ayudaba a una persona de nombre Martín en una llantera y como cuatro semanas anteriores a su declaración se dio cuenta que su hermano fue a la llantera para hablar con "El Tío", donde estuvieron tomando y escuchó cuando "El Tío" le reclamó a G.L.V. preguntándole por qué había amenazado a su hijo Luis; que su hermano lo negó diciéndole que sólo le llevó unos papeles a firmar y "El Tío" muy molesto le dijo que no lo mataba porque su hermano estaba ahí. Que el domingo cuando detuvieron al declarante por andar tomando, su hermano G.L.V. le preguntó si se había dado cuenta de que habían encontrado a una persona envuelta en una cobija por el Río Grande, contestando el deponente que sí, y entonces la víctima le dijo que "El Tío" lo había obligado a matar a dicha persona, narrándole todo lo que había hecho; que posteriormente Carmelita le comentó que sabía quién había matado a su hermano, que había sido su padrino Mario Bolaños Sepúlveda (a) "El Mamut" y Víctor; que eso lo sabía porque escuchó a Isaías cuando le comentó a Chely que su viejo y "El Mamut" se habían "echado" al Ratón. Jaime Moreno Vázquez, señaló que el veinte de junio de dos mil cuatro, a las veintiuna horas, "El Ratón" le pidió prestada un arma de postas sin saber para qué la quería y después de eso se subió al coche con Carmelita y se fueron. Mario Bolaños Sepúlveda expuso que conocía a G.L.V. con quien había convivido en una vulcanizadora del Tío y sin recordar la fecha estando en la vulcanizadora "El Tío" le dijo que "El Ratón" supuestamente iba a matar al declarante y a Arturo Salgado, que se cuidara, sin darle más explicación; que el domingo siguiente vio que "El Ratón" estaba a bordo de un vehículo acompañado de Carmelita y de una pareja, que fue la última vez que lo vio; que al otro día en la vulcanizadora le preguntó al Tío por "El Ratón", y éste le contestó que ya ni preguntara por él, por lo que el deponente se imaginó lo peor; que se daba cuenta de que "El Ratón" tenía problemas con "El Tío". Medios de convicción los anteriores a los que el juez natural concedió valor probatorio toda vez que fueron practicadas conforme a lo que disponen los numerales 23, 269, 270, 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales del Estado, porque son congruentes en lo externo ya que generan credibilidad debido a los datos que aportan, así como en lo interno debido a que respaldan entre sí otros aspectos circunstanciales como lo son el acta y el dictamen de levantamiento de cadáver, y el dictamen osteológico. Además, por reunir los requisitos tasados para la valoración de los testimonios, acorde a lo que establecen los artículos 272, párrafo segundo, 323, 331 y 334 del Código de Procedimientos Penales del Estado, y de los cuales determinó se desprenden indicios que, concatenados con las actuaciones practicadas por el Ministerio Público, permiten corroborar que el cuerpo de la víctima G.L.V. fue localizado en la Ribera del Canal, brazo que desemboca al Río Lerma, del Ejido de Potrerillos, en La Piedad, Michoacán. De modo que, acertadamente, a juicio del suscrito, y contrario a lo que afirma el peticionario del amparo, el juez de los autos concluyó que los citados medios de convicción son suficientes para acreditar, hasta este momento, que entre el veintiuno y veintidós de junio de dos mil cuatro, la víctima G.L.V., fue privado de la vida, pues según se advierte del estudio osteológico que fue practicado a los restos exhumados, sufrió traumatismo craneoencefálico y cursaba de cuatro a seis semanas posteriores a su fallecimiento. Ahora bien, por lo que se refiere al tercer elemento consistente en el nexo de causalidad, el juez natural partió de la teoría conditio sine qua non, según la cual todas las condiciones son equivalentes, es decir, de igual valor dentro del proceso penal, y concluyó que, con los datos con que se cuenta en la causa, es factible establecer de manera preliminar que el o los sujetos activos que generaron la muerte de la víctima obraron dolosamente, pues en el delito de homicidio el dolo es uno de los presupuestos típicos de su actualización, que consiste en el conocimiento por parte del activo que privar de la vida a otra persona es prohibido y no obstante ello, realizaron acciones que generaron lesiones en la víctima y determinaron su fallecimiento, siendo de conocimiento común que tales acciones conducen a la potencial certeza de generar la muerte. Por lo anterior, en forma correcta, el juez responsable estimó acreditado el delito de homicidio, en agravio de Gustavo López Vázquez, pues éste murió en un lapso posterior a las veinte horas del veintiuno de junio de dos mil cuatro, debido a una causa externa a consecuencia de las lesiones que le fueron provocadas. Ahora bien, en la resolución reclamada el juez natural también estimó acreditadas las calificativas consistentes en la premeditación y ventaja a que se refiere el artículo 279 del Código Penal del Estado, el cual dispone: "Artículo 279. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados: I. Cuando se cometen con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Hay premeditación cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que pretende cometer. Hay ventaja cuando el delincuente no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el ofendido. [.]" En efecto, el Juez responsable estimó acreditadas tales calificativas partiendo de los medios de prueba que arrojaron las circunstancias de modo sobre la ejecución del delito; esto es, las que revelan que la víctima fue privada de la vida debido a que pericialmente se determinó que sufrió traumatismo craneoencefálico; aunado a que de las actuaciones del Ministerio Público se advierte que el cuerpo de la víctima fue localizado en estado de descomposición, sepultado en una fosa localizada en la ribera del canal, brazo que desemboca al Río Lerma, del ejido de Potrerillos, en La Piedad, Michoacán. Circunstancias que, respecto de la premeditación, concatenó con la información proporcionada por Araceli Arroyo Madrigal, quien refirió que Víctor le comentó que Martín "El Tío" había matado a la víctima de un balazo en la frente, y previo a ello, Víctor, Mario y la víctima iban en una camioneta y Martín los seguía en un vehículo; que éste es quien lo fue a "tirar". De lo anterior dedujo que, quienes privaron de la vida a G.L.V., probablemente desarrollaron la conducta siguiendo un plan trazado previamente, pues la circunstancia de que el cuerpo de la víctima haya sido localizado en una fosa realizada en la ribera del río, pone de manifiesto que existió un proyecto previo para trasladar a la víctima hasta un sitio donde lo privaron de la vida para enseguida inhumarlo en una fosa clandestina. De igual modo, por lo que se refiere a la ventaja, estableció que de acuerdo a la información que obra en la causa, es factible establecer la probabilidad de que el o los sujetos activos tenían conciencia de su superioridad sobre la víctima, y que tenían conocimiento de que no corrían el riesgo de ser muertos o lesionados por el ofendido, dadas las circunstancias que hasta ahora se conocen, y que fueron precisadas en líneas que anteceden. Lo que se considera acertado, pues el dictamen sobre inhumación reveló que el cadáver de la víctima presentaba lesiones externas, en relación con las zonas de infiltramiento en encías de ambos maxilares, fracturas con zona de infiltramiento del borde maxilar derecho, zona de infiltrado malar y frontal izquierdo y fractura incompleta de onceava costilla, costilla derecha, por lo que se presume que la víctima realizó maniobras típicas de defensa, lucha y/o forcejeo; por ello, por el momento es posible establecer la superioridad de los sujetos activos sobre la víctima, como lo refirió el juez responsable. Probable responsabilidad. Luego, en lo concerniente a la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de homicidio calificado, el juez responsable en forma correcta la tuvo por acreditada en términos del artículo 17, fracción I, del Código Penal del Estado, que establece: "Artículo 17. Son responsables de la comisión de un delito: I. Los que intervienen en el acuerdo, preparación o ejecución del mismo; [.]" Estableció también, que existe coautoría cuando varias personas en consenso y codominio conjunto de hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, son responsables en igualdad de condiciones. Atento lo anterior, señaló que la existencia de pruebas en el proceso, permiten concluir más allá de una mera posibilidad, que J. Martín Ramos Alanís es una de las personas que, en las circunstancias espacio temporales que quedaron precisadas al analizar los elementos del delito, probablemente intervino en el hecho acreditado (foja 1221 vuelta, tomo II de pruebas). Ello, porque del acta de levantamiento, inspección de lugar, búsqueda de indicios, levantamiento, fe ministerial de lesiones y media filiación del cadáver de G.L.V., se obtiene que la agente del Ministerio Público en compañía de perito, el Primer Comandante de la Policía Ministerial y elementos a su mando, así como del inculpado, se constituyeron en la ribera del canal, brazo que desemboca al Río Lerma, del ejido de Potrerillos, en La Piedad, Michoacán, donde el inculpado indicó con su mano derecha y dedo índice que ahí se encontraba enterrado el cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Gustavo López Vázquez (a) "El Ratón", y al efectuar la búsqueda y recolección de indicios, efectivamente fue localizado un cadáver en estado de descomposición. Diligencias de las que -indicó- se conoce que en el lugar indicado fue localizado el cuerpo sin vida de G.L.V., respecto del cual pericialmente se determinó que falleció a consecuencia de traumatismo craneoencefálico en persona policontundida. Lo anterior -precisó la autoridad responsable-, porque a través de la prueba circunstancial, es posible establecer que el ahora inculpado fue probablemente uno de los sujetos que intervino en los hechos de donde derivó la supresión de la vida de la víctima, lo cual vinculó con los testimonios de Araceli y José Roberto de apellidos Arroyo Madrigal, la primera quien aseveró que el veintidós de junio de dos mil cuatro, por el dicho de Víctor Cervantes, se dio cuenta de que "El Mamut", "El Ratón" y Víctor iban en una camioneta y atrás iba "El Tío" siguiéndolos en otro coche; que habían ido a dejar a "El Ratón" a un lugar donde le habían dado un balazo en la frente y que había sido "El Tío"; y el segundo testigo quien declaró que en la propia fecha, al conversar con Víctor, éste le dijo que habían matado a "El Ratón", porque había amenazado a la familia de "El Tío" y a Mario "El Mamut"; que estas dos personas lo subieron a la camioneta del último nombrado. Ello, como en forma correcta lo expresó el juez natural, no obstante que los atestes no presenciaron directamente el momento en el que la víctima fue privada de la vida, pero con posterioridad, concretamente al día siguiente de que el pasivo desapareció, a muy temprana hora, se enteraron de que le habían dado muerte, en los términos en que cada ateste lo narró. Asimismo, destacó dicha autoridad que los testigos manifestaron tener conocimiento de que el inculpado J. Martín Ramos Alanís es uno de los sujetos que intervino en la privación de la vida de G.L.V., pues aun cuando tal situación no les consta porque no la visualizaron de manera directa, los datos periféricos que introducen llevan a considerar un alto grado de credibilidad respecto a su conocimiento de que el inculpado probablemente intervino en el homicidio de que se trata; lo anterior, relacionado además con los asertos de los diversos testigos Cristina Martínez Vela, concubina de G.L.V., quien dijo que la víctima le comentó que presentía que Martín Ramos Alanís (a) "El Tío" lo quería matar porque lo amenazó diciéndole que lo iba a matar cuando lo encontrara solo, y el hermano del ofendido, Jesús López Vázquez, quien señaló que en una ocasión cuando estaban en la llantera del inculpado, éste le dijo a la víctima que no lo mataba sólo porque el deponente estaba ahí; todo lo anterior robustecido con el acta de levantamiento, inspección de lugar, búsqueda de indicios, exhumación, levantamiento, fe ministerial de lesiones y media filiación del cadáver. Así también, el juez relacionó lo anterior con el acta de exhumación de cadáver de veintidós de julio de dos mil cuatro, del que se colige que el tiempo de muerte de la víctima ocurrió en un lapso de tiempo no mayor de treinta días y no menor de veintiocho días, lo que prueba que el pasivo perdió la vida posterior a las veinte horas del veintiuno de junio del propio año, lo cual -concluyó-, hace creíble el señalamiento de Araceli y Jose Roberto, de apellidos Arellano Hernández, en el sentido de que entre las seis y las siete horas del veintidós de junio de dos mil cuatro, fueron enterados de que Gustavo López Vázquez había sido privado de la vida. Lo que concatenó la autoridad responsable con el testimonio de Víctor Cervantes Aranda, quien manifestó que vio a "El Ratón" un día antes en la vulcanizadora, por la tarde, y que a los pocos días vio a Mario (a) "El Mamut" llorando, por lo que al preguntarle qué tenía le dijo que había valido madre, que habían matado a "El Ratón"; y lo expuesto por Mario Bolaños Sepúlveda en el sentido de que la última vez que vio a "El Ratón" fue el domingo cuando estaba a bordo de un vehículo con Carmelita y una pareja, que al día siguiente acudió con "El Tío" y le preguntó por "El Ratón", contestándole aquél que ya ni preguntara por él, situación que le dio "mala espina" y pensó lo peor. Y finalmente robusteció las anteriores probanzas con el dictamen sobre exhumación, en el que se determinó que la posición, orientación y situación en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima, no corresponden a la original e inmediata a su deceso. Medios de convicción con los que el juez de los autos tuvo por acreditados los hechos relativos a que probablemente la víctima fue privada de la vida después de las veinte horas del veintiuno de junio de dos mil cuatro (circunstancias de tiempo), cuyo cuerpo fue encontrado sepultado en una fosa clandestina en la ribera del canal, brazo que desemboca al Río Lerma del ejido Potrerillos, de La Piedad, Michoacán (circunstancias de lugar), y la causa según se desprende del dictamen osteológico que le fue practicado, se debió a traumatismo craneoencefálico en persona policontundida (circunstancias de modo). No se pierden de vista las afirmaciones de la defensa en el sentido de que los testimonios reseñados carecen de veracidad, dado que cuando revisaron el cadáver no encontraron ningún orificio en la frente, aunado a que la declaración de Araceli Arroyo Madrigal no se encuentra corroborada con prueba alguna, y por el contrario, el testimonio de Víctor Cervantes Aranda la contradice, además de que su dicho es de oídas. Sin embargo, como correctamente lo señaló el juez de la causa (foja 1229 del tomo II de pruebas), las discrepancias entre las declaraciones de Araceli y José Roberto de apellidos Arroyo Madrigal, y Víctor Cervantes Aranda, en esta etapa procesal no influyen para demeritar su valor probatorio, pues será en todo caso durante la secuela del proceso donde podrán esclarecerse los puntos de contradicción mediante la práctica de careos procesales, lo cual incluso ya fue decretado por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en la ejecutoria pronunciada en cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito; lo anterior con la finalidad de que en su momento el juzgador tenga un completo conocimiento de los hechos y valorar dichos medios de prueba como corresponda al momento de emitir la sentencia definitiva. Además, contrario a lo que argumenta la defensa, la autoridad responsable precisó (foja 1224 vuelta, del tomo II de pruebas), que si bien la privación de la vida de G.L.V. no les consta porque no la visualizaron de manera directa, los datos periféricos que introducen llevan a considerar un alto grado de credibilidad respecto a su conocimiento de que el inculpado probablemente intervino en el homicidio de que se trata; lo anterior, relacionado además con los asertos de los diversos testigos. Así también, el juez responsable estableció que, respecto de que los atestes Araceli y José Roberto, se enteraron de que el pasivo perdió la vida a consecuencia de un disparo de arma de fuego que le fue acertado en la frente; ello se corrobora con el resultado del estudio osteológico del cadáver de Gustavo López Vázquez, que arrojó que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico (foja 1227 del tomo II de pruebas). Es decir, que probablemente el deceso del pasivo pudo ser como consecuencia de haber recibido impacto de proyectil de arma de fuego, dado que la opinión pericial no es tan explícita al describir las características de la fractura localizada a nivel de maxilar, para poder correlacionarla con el traumatismo craneoencefálico, y por el momento, no es factible descartar que el pasivo pudo recibir impacto de proyectil de arma de fuego en el área de la cabeza (con independencia del lugar), que le generó dicho traumatismo, y de ahí que el dato referido corrobora el relato de los atestes en el sentido de haber sido enterados de que el pasivo fue privado de la vida por un disparo en la cabeza. Aunado a lo anterior, que mediante ejecutoria de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca penal 333/2008, en cumplimiento a la resolución del amparo directo 124/2016, el magistrado ordenó que durante la fase de instrucción se lleve a cabo la ratificación de los dictámenes sobre inspección al lugar de la exhumación y osteológico, a fin de lograr su perfeccionamiento y puedan ser valorados en sentencia definitiva. Es por ello que, como bien lo señaló la autoridad responsable (foja 1231 del tomo II de pruebas), los medios de prueba que obran en la causa, vinculados entre sí, son suficientes en esta etapa del proceso, en términos de los artículos 324, 334, fracciones III y IV, último párrafo, y 335 del Código de Procedimientos Penales, para determinar preliminarmente que son creíbles los datos proporcionados en las narraciones de los testigos, con lo cual es posible inferir que probablemente J. Martín Ramos Alanís fue uno de los sujetos que tuvo intervención en los hechos que generaron el deceso de Gustavo López Vázquez. Esto es, que probablemente intervino en el acuerdo, preparación y ejecución del hecho, con otros sujetos, lo cual permite atribuirle responsabilidad en el resultado delictuoso con independencia de la actividad que haya efectuado, y sin que se advierta la existencia de alguna causa excluyente de incriminación. Luego, como se aprecia de todo lo antes expuesto, contrario a lo que afirma el impetrante de la tutela constitucional, el juez de los autos actuó legalmente al considerar que, en la especie, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Carta Magna, existen suficientes elementos de prueba para establecer que probablemente J. Martín Ramos Alanís, es responsable del delito de homicidio calificado. Por otro lado, también señala la defensa que el inculpado en las diferentes intervenciones que tuvo ante el fiscal investigador de Santa Ana Pacueco, negó cualquier intervención en los hechos en que perdiera la vida Gustavo López Vázquez; que únicamente refirió la forma en que lo conoció, el tipo de relación que tuvo y la última vez que supo que fue visto en vida. Sin embargo, de la diligencia de declaración preparatoria practicada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 1192 a 1194), se advierte que el inculpado se reservó su derecho a declarar; aunado a que la sola negativa del quejoso de haber participado en el delito que se le imputa, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime porque no se advierte que dentro del término constitucional hubiere aportado prueba alguna para acreditar su versión defensiva, y de admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. De modo que, si el quejoso rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, necesariamente debió probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, equivaldría destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Apoyan lo anterior, sobre el particular, las jurisprudencias: "DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: 'El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho.'; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas". "CONFESIÓN, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica inadmisible." Tampoco es de tomarse en consideración para modificar la postura que se asume, la circunstancia que alega la defensa del quejoso, en el sentido que atendiendo a la concesión del amparo, el juez de los autos debió excluir la certificación levantada por la Agente Tercera del Ministerio Público Investigador, porque fue obtenida esa información de manera ilícita al proceder de una detención ilegal y por tanto, esa prueba no es apta para acreditar que el cadáver encontrado en el lugar que se indicó, corresponda a la persona que en vida respondiera al nombre de Gustavo López Vázquez, y mucho menos que éste haya sido privado de la vida en los días indicados por la responsable. Al efecto, no le asiste la razón al inconforme, pues si bien es cierto que la resolución de alzada que revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria del inculpado y además, ordenó excluir el oficio de puesta a disposición de veintidós de julio de dos mil cuatro, signado por el Jefe de Grupo y agente de la Policía Ministerial del Estado, y la confesión que realizó J. Martín Ramos Alanís, ante el fiscal investigador en la propia fecha, no menos cierto es que con independencia de la citada certificación, obran en la causa diversos medios de convicción que, concatenados unos con otros, llevan a concluir que el cadáver encontrado en la ribera del canal, brazo que desemboca al Río Lerma, del ejido de Potrerillos, en La Piedad, Michoacán, sí corresponde a la víctima de nombre Gustavo López Vázquez, y el dictamen sobre exhumación concluyó que de acuerdo al cronotanatodiagnóstico apreciado el tiempo de muerte ocurrió en un lapso de tiempo no mayor de treinta días y no menor de veintiocho días; lo cual en su caso será motivo de ratificación y perfeccionamiento durante la secuela procesal. Consecuentemente, como hasta este momento procesal (auto de término constitucional), los medios probatorios existentes en el sumario son suficientes para acreditar la probable responsabilidad de J. Martín Ramos Alanís, en la comisión del ilícito de homicidio calificado que se le reprocha, pues para ello no le es exigible al juzgador que tenga pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del implicado, máxime si las imputaciones no están desvirtuadas con prueba fehaciente alguna al momento en que se dictó el acto reclamado. Lo anterior es así puesto que de autos se advierte la existencia de condiciones suficientes para iniciar el proceso instruido contra el quejoso, lo cual se vio colmado con la totalidad de indicios que fueron analizados y valorados por la responsable, otorgándole así seguridad jurídica, pues en la resolución que constituye el acto reclamado se expusieron de manera clara y precisa los motivos y fundamentos legales por los cuales se concluyó que en el caso se acreditó el cuerpo del delito de secuestro así como su probable responsabilidad, lo que se traduce en el acatamiento al principio de presunción de inocencia de que goza el amparista. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 400, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba." Aunado a lo anterior, en el dictado del auto de formal prisión no se exigen ineludiblemente pruebas completamente claras que establezcan la culpabilidad del quejoso, sino únicamente, que los datos que obran en la causa penal y arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del delito en esa etapa procesal, y así también, hagan probable la responsabilidad del inculpado. Es aplicable la jurisprudencia VI.1º.J/49 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la Octava Época visible en la página setenta y seis del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1996, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Consecuentemente, este juzgador advierte verificados los derechos fundamentales del peticionario del amparo, previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se determina que la resolución reclamada se encuentra apegada a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y adecuada defensa. En las condiciones apuntadas, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Martín Ramos Alanís, respecto de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente resolución, y por los motivos expuestos en el diverso quinto de la misma. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada , secretaria que autoriza y da fe.

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