J. Margarito Romero Caudillo
Expediente 395/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención A Victimas
- J. Margarito Romero Caudillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el término a efecto de que la parte quejosa se inconformara respecto del pronunciamiento de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, se tiene por consentido y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS, por lo que se ordena el archivo como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la Directora de Área, en ausencia de la Directora General de Asuntos Jurídicos, quien actúa en representación del Comisionado Ejecutivo todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. En primer término, conviene precisar que mediante ejecutoria de dos de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente R.A. 3/2022, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocó la sentencia dictada por este Juzgado el trece de octubre de dos mil veintiuno, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En ese tenor, ante lo eficaz de los planteamientos de la recurrente para demostrar la ilegalidad de lo resuelto por el juzgador de amparo, lo procedente es, en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida; en consecuencia, procede otorgar la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: a) La autoridad responsable debe dejar sin efecto la resolución reclamada de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/0207/2017, en la cual determinó el Plan de Reparación Integral de Daño en favor de los quejosos en su carácter de víctimas indirectas, debiendo integrar adecuadamente el expediente administrativo y allegarse de todos los elementos necesarios y suficientes para otorgar a las víctimas una reparación integral del daño por todos los perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables e invaluables que sean consecuencia del hecho victimizante, de conformidad con los artículos 145, 146 y 147 de la Ley General de Víctimas. b) Deberá atender el caso con perspectiva de género, tomando en consideración las condiciones de vulnerabilidad de algunas de las partes (seis mujeres y un menor de edad), respecto de las que opera en su favor la suplencia de la queja en toda su amplitud, lo que incluye la admisión y desahogo oficioso de pruebas, para así garantizar su derecho de acceso a la justicia. c) Hecho lo anterior, emita una nueva en la que realice el análisis respectivo en los términos apuntados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tome en cuenta todos los elementos necesarios para fijar una indemnización monetaria justa y real, por concepto de daño en la integridad física de los quejosos, como víctimas indirectas del hecho victimizante. d) Indique de manera clara, precisa y detallada los parámetros que tomó en cuenta y las operaciones aritméticas que realizó para determinar las cantidades que les corresponden a los quejosos por concepto de medidas de compensación y los rubros que se incluyen en ésta." En ese sentido, y seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en este juzgado el once de julio de dos mil veintidós, registrado con el número de promoción 17085, la Directora de Área, en ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, y éste en representación del Comisionado, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del acuerdo dictado en el expediente CEAV/CIE/0207/2017 el cuatro de julio de dos mil veintidós, por el que dejó insubsistente la resolución administrativa de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, y ordenó turnar el expediente al Comité Interdisciplinario Evaluador a efecto de que, a partir de la documentación que obrara, realizara las gestiones adicionales que resultaran encaminadas a sustentar todos lo perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, e invaluables, sufridas por las victimas indirectas solicitantes que fueran consecuencia del hecho victimizante y, una vez que se allegara de todos lo elementos necesarios y suficientes para integrar adecuadamente el expediente administrativo, procediera a la elaboración de una nueva resolución en los términos de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, por oficio recibido en este Juzgado el dos de agosto del año próximo pasado, con número de registro 18842, la Directora de Área de dicha dependencia, remitió, entre otras cosas, copia certificada del acuerdo de veintidós de julio del mismo año, dictado en el expediente de origen, por medio del cual requirió nuevamente a los aquí quejosos Blanca Estela, Cristina Berenice, Ernesto, Margarito, Maricela Lucero, Nancy Elizabeth, Rosa María de la Luz y Sandra Leticia, todos de apellidos Romero Caudillo; así como a Leticia Caudillo Cruz, en representación de su menor hijo Juan Ramón Romero Caudillo, la información y/o documentación siguiente: Ello a fin de integrar adecuadamente el expediente y allegarse de la documentación necesaria para determinar la compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales y así emitir una nueva resolución. Luego, por oficio recibido el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, registrado con número de correspondencia 20681, el delegado de las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió, entre otras cosas, el escrito por el que los quejosos realizaron manifestaciones en atención al requerimiento de veintidós de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, mediante oficio recibido en este Juzgado el catorce de octubre de dos mil veintidós, registrado con el número de promoción 24972, la Directora General de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado Ejecutivo y Director General del Comité Interdisciplinario valuador, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió copia certificada de la resolución dictada en el expediente CEAV/CIE/0207/2017 el siete de octubre de dos mil veintidós, se determinó, entre otras cosas, lo siguiente: 1.- Se precisaron los antecedentes generales; 2.- Se hizo relación de las pruebas; 3.- Se delimitaron las medidas encaminadas a reparar integralmente todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables e invaluables que sean consecuencia del hecho victimizante cometido en agravio de Juan Enrique Romero Caudillo, en su calidad victima directa, indicando los parámetros y operaciones aritméticas con base en las cuales se determinaron las medidas de compensación que resultaron conducentes a partir de un análisis con perspectiva de género y considerando la situación de vulnerabilidad por cuestión de minoría de edad de uno de los quejosos, tomando en cuenta el alcance de la reparación, así como la delimitación del concepto de violaciones a derechos humanos a reparar; 4.- Se fijó la competencia atendiendo a su naturaleza jurídica, para resolver las solicitudes de compensación por violaciones a derechos humanos con el fin de garantizar sus derechos; 5.- Se precisó en debido cumplimiento a los requisitos de procedibilidad de la solicitud de acceso a los recursos del entonces Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por compensación por violación de los derechos humanos cometidas por autoridades federales, que las personas peticionarias se encontraban debidamente inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, al cumplir con los requisitos de ley; 6.- Se fundamentó el derecho a la reparación integral del daño; 7.- Se señaló la procedencia de la solicitud de reparación, derivada de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales (policía federal), que ocasionaron la privación de la vida que derivó en la ejecución arbitraria de la víctima directa; 8.- Se delimitó el plan de reparación integral del daño, que comprende, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y la compensación, analizando las características particulares de cada uno de los quejosos, como es el caso de las mujeres y el infante, que forman parte de grupos en especial situación de vulnerabilidad. Derivado de lo anterior, resolvió procedente para la reparación integral del daño ocasionado, un pago adicional a los ya otorgados a las victimas indirectas solicitantes, con cargo a los recursos que sean autorizados. En síntesis, se advierte que, por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, se dejó sin efecto la resolución reclamada y, luego de recabar diversa información y tomando en cuenta las pruebas ofrecidas, los parámetros y operaciones aritméticas con base en las cuales se determinaron las medidas de compensación que resultaron conducentes, tales como el alcance de la reparación, la delimitación del concepto de violaciones a derechos humanos a reparar, y a partir de un análisis con perspectiva de género y considerando la situación de vulnerabilidad por cuestión de minoría de edad en la que se ubica una de las personas solicitantes, dictó las medidas de reparación integral del daño generado a las víctimas indirectas solicitantes, con motivo de la violación al derecho a la vida por ejecución arbitraria de Juan Enrique Romero Caudillo, por todos los perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables e invaluables que sean consecuencia del hecho victimizante; y, tomando en cuenta que para la indemnización monetaria por concepto de daño en la integridad física de los quejosos, como víctimas indirectas del hecho victimizante, y los montos previamente autorizados de las cantidades pagadas y depositadas, la pérdida de oportunidades, la pérdida de ingresos o lucro cesante, los daños patrimoniales, el pago de gastos y costas, el pago de tratamientos médicos o terapéuticos y gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación; determinó un pago adicional a los ya otorgados a las víctimas indirectas. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la cual se dio vista a la parte quejosa mediante auto de catorce de octubre del año próximo pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional; por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Área, en suplencia por ausencia de la Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y esta a su vez en representación del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Directora de Área, en suplencia por ausencia de la Directora General de Asuntos Jurídicos, quien actúa por sí y en representación del Comisionado Ejecutivo, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por medio del cual, en atención al proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad, informa las gestiones que se encuentra realizando y solicita una nueva prórroga a efecto de estar en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense el oficio y anexo de mérito, tomando conocimiento de su contenido. En atención a la prórroga solicitada dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición en virtud de que, mediante auto de veintitrés de agosto del año en curso, se otorgó por tercera y última ocasión una prórroga de diez días. Ahora, con el objeto continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, REQUIERASE al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: a) La autoridad responsable debe dejar sin efecto la resolución reclamada de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/0207/2017, en la cual determinó el Plan de Reparación Integral de Daño en favor de los quejosos en su carácter de víctimas indirectas, debiendo integrar adecuadamente el expediente administrativo y allegarse de todos los elementos necesarios y suficientes para otorgar a las víctimas una reparación integral del daño por todos los perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables e invaluables que sean consecuencia del hecho victimizante, de conformidad con los artículos 145, 146 y 147 de la Ley General de Víctimas. b) Deberá atender el caso con perspectiva de género, tomando en consideración las condiciones de vulnerabilidad de algunas de las partes (seis mujeres y un menor de edad), respecto de las que opera en su favor la suplencia de la queja en toda su amplitud, lo que incluye la admisión y desahogo oficioso de pruebas, para así garantizar su derecho de acceso a la justicia. c) Hecho lo anterior, emita una nueva en la que realice el análisis respectivo en los términos apuntados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tome en cuenta todos los elementos necesarios para fijar una indemnización monetaria justa y real, por concepto de daño en la integridad física de los quejosos, como víctimas indirectas del hecho victimizante. d) Indique de manera clara, precisa y detallada los parámetros que tomó en cuenta y las operaciones aritméticas que realizó para determinar las cantidades que les corresponden a los quejosos por concepto de medidas de compensación y los rubros que se incluyen en ésta." Hágase de su conocimiento que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Apercibido de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá una multa de hasta por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
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