J. Marcos Torres Sanchez

Expediente 163/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
163/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • J. Marcos Torres Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En once de marzo de dos mil diecinueve el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede, con el estado de los autos y con un escrito registrado con el número de correspondencia interna 2944. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto, documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Por otra parte, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el quejoso J. Marcos Torres Sánchez; en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en líneas que preceden. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando como autorizada para recibir las documentales de mérito a la persona que menciona. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto, documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Por otra parte, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el quejoso J. Marcos Torres Sánchez; en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en líneas que preceden. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando como autorizada para recibir las documentales de mérito a la persona que menciona

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por J. Marcos Torres Sánchez, contra actos de la Presidenta Municipal del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 163/2019-V y, fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: La pérdida de sus prestaciones médicas incluyendo la negativa de brindarle atención médica en la clínica contratada por el Ayuntamiento de Villa de Reyes ("Centro Médico de Excelencia") para prestar servicio a sus trabajadores, y ello a consecuencia de su despido como trabajador del departamento de Salud y Asistencia Social de la Dirección de Salud Pública del Municipio de Villa de Reyes. Al respecto, cabe destacar que en su ocurso inicial el quejoso manifiesta ser trabajador, de la Dirección de Salud Pública del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, prestando sus servicios como operador de ambulancia y/o chofer categoría "G", sobre lo cual anexa: Impresión del comprobante de pago de catorce de enero de dos mil diecinueve, a nombre de J Marcos Torres Sánchez, por la cantidad de $30,701.22 (treinta mil setecientos un pesos 22/100 moneda nacional). Impresión del comprobante de pago de quince de enero de dos mil diecinueve, a nombre de J Marcos Torres Sánchez, por la cantidad de $5,697.060 (cinco mil seiscientos noventa y siete pesos 60/100 moneda nacional). Asimismo, aduce que atendiendo a que es un trabajador del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y al no existir un juicio en el que fuera oído y vencido, y que concluyera con laudo en la que se determinara la causal que justificara su separación sin responsabilidad del patrón, es que solicita ".se me restituya en mi derecho las prestaciones médicas, ya que me encuentro realmente con mal de salud y se va agravando con el paso de los días y se me permita acceder al tratamiento médico adecuado y completo.". Motivo de lo anterior, es que comparece a la presente instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda admitir la demanda de amparo para resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo manifiesto e indudable que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que en relación con los actos reclamados se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque los actos reclamados (ya descritos) no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, atento a la básica razón de que la relación génesis de tales actos es la que se generó entre la parte quejosa y el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en el departamento de Salud y Asistencia Social de la Dirección de Salud Pública, en la cual aquél prestaba sus servicios laborales como trabajador con nombramiento de chofer de ambulancia categoría "G". Luego, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre el hoy inconforme y el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Lo expuesto se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que en su ocurso de demanda manifiesta ser trabajador del departamento de Salud y Asistencia Social de la Dirección de Salud Pública del Municipio de Villa de Reyes, prestando sus servicios como chofer de ambulancia categoría "G", lo cual incluso patentiza con el acuse de recibo del memorandum VDREY-SRIAG-SN/2017, de veintinueve de octubre de dos mil quince, signado por el Presidente Municipal Constitucional de Villa de Reyes, San Luis Potosí, del que se advierte que contaba con dicho nombramiento, así como las impresiones de los recibos de pago expedidos el catorce y quince de enero de dos mil diecinueve, expedidos por dicho municipio a nombre del aquí quejoso. Más aún, la pretensión del quejoso es que frente al despido que invoca, a través del presente juicio constitucional se le restituya en sus derechos laborales y en consecuencia, continúen sus trámites de valoración a efecto de obtener una declaratoria de incapacidad que contempla el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo; especialmente ".poder seguir obteniendo los beneficios del servicio médico." que presta a los trabajadores del aludido Ayuntamiento. Por tanto, deviene inconcuso que la pérdida de sus prestaciones médicas incluyendo la negativa de brindarle atención medica en la clínica contratada por el Ayuntamiento de Villa de Reyes ("Centro Médico de Excelencia") para prestar servicio a sus trabajadores, y ello a consecuencia de su despido como trabajador del departamento de Salud y Asistencia Social de la Dirección de Salud Pública del Municipio de Villa de Reyes, atienden a dicho contexto, en el caso la aludida relación laboral. Es así, porque para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario: 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, los actos reclamados tienen su origen en la circunstancia de que el quejoso se desempeña como trabajador del departamento de Salud y Asistencia Social de la Dirección de Salud Pública del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, prestando sus servicios como chofer de ambulancia categoría "G", y derivado de dicha relación es que fui despedido con la consecuencia de perder sus prestaciones laborales. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre el aquí quejoso y la Dirección de Salud Pública del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, a la cual presta sus servicios en el departamento de Salud y Asistencia Social como trabajador con nombramiento de operador de ambulancia categoría "G"; atento a lo anterior: en el marco de una relación laboral. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica del quejoso. En el caso, ante su despido del departamento de Salud y Asistencia Social de la Dirección de Salud Pública del Municipio de Villa de Reyes, se constituye en la pérdida de las prestaciones médicas, a que tenía derecho como trabajador. Y ante lo cual pretende que se le restituya en sus derechos laborales (continúe siendo trabajador de tal dependencia), continúen sus trámites de valoración a efecto de obtener una declaratoria de incapacidad que contempla el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo y obtenga los beneficios del servicio médico que le son otorgados como prestación laboral. Sobre esas premisas, sin duda alguna los actos reclamados referidos tienen su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar mediante el amparo indirecto, como lo pretende la parte quejosa, si la pérdida de sus prestaciones médicas a consecuencia de su despido, entre la que se encuentra el servicio médico que es brindado por la clínica "Centro Médico de Excelencia" del Ayuntamiento de Villa de Reyes, es violatorio de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino una conducta derivada de la relación laboral entre el quejoso y el Ayuntamiento de villa de Reyes, San Luis Potosí, en donde prestaba sus servicios, por lo que los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse a través del juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determiné si tiene o no derecho a ser reinstalado y ".se me restituya en mi derecho a las prestaciones médicas.", atento a los derechos que invoca el empleado o servidor público como violados por su empleador. Ello, pues debe tenerse en cuenta que el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por disposición de su artículo 4° (normatividad que regula las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales de conformidad con lo estatuido en el numeral 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí), prevé la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan prevista tramitación especial; aquí el litigio versa sobre la interpretación o cumplimiento de una norma de carácter laboral, con independencia de la jerarquía de la norma; el procedimiento en esta clase de juicios está previsto en los artículos 870 a 871 de la Ley Federal del Trabajo y en el Capítulo I del Título Décimo Segundo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. Lo cual es relevante, dado que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, y con este carácter las relaciones que se den con los particulares como patrón, serán en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación; entonces, sus actos y consecuencias, verbigracia las prestaciones médicas que tienen su origen en esa relación, quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado (incluso siendo persona moral oficial) ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Por consiguiente, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención, lo cual en el caso no acontece por los motivos expuestos. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen concretamente en el despido del cual fue objeto el aquí promovente, y en virtud de ello la perdida de la prestación laboral (servicio médico), es incuestionable que todo ello se actualiza en el marco de la relación que existe entre el quejoso y la aludida Dirección de Salud Pública del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, a la cual prestaba sus servicios, por lo que evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia 2a./J. 111/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 444, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad". En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo respecto de tales actos. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a José María Ocampo Salcedo y/o Lilia María Eugenia Cuevas Méndez, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.

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