J. Luz González Núñez
Expediente 241/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Luz González Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a las constancias que remitió el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, con sede en León, Guanajuato, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa señaló como acto reclamado: La falta de resolución a la queja administrativa presentada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete ante el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guanajuato. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, con sede en León, Guanajuato, que fueron anexadas a su informe justificado, se desprende que: Que el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Encargado de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio respuesta al planteamiento formulado por el aquí quejoso a efecto de que se regularizara su situación referente a la atención medica que le fue proporcionada. Dicha determinación le fue notificada personalmente al solicitante del amparo el veintiséis de abril del año en curso. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el quejoso y se le notificó a éste, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la respuesta al planteamiento formulado por el aquí quejoso a efecto de que se regularizara su situación referente a la atención medica que le fue proporcionada, así como con la notificación al quejoso de dicha determinación, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de contestación a la petición que formuló el impetrante del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Lo anterior, sin que sea necesario dar vista al quejoso para que amplíe su demanda de amparo respecto del Encargado de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad que emitió la respuesta a su solicitud, en virtud de que la petición se encuentra dirigida a la autoridad señalada como responsable y está de acuerdo a sus atribuciones participó en su tramitación remitiendo dicha solicitud al área correspondiente para su resolución, como se advierte de la contestación contenida en el oficio 119001051100/OI/1362/2017 de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Máxime que a ningún fin practico se llegaría, tomando en consideración que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 66/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", respecto de la contestación dada a la petición del quejoso no resultaría procedente dicha vista, a efecto de que amplíe su demanda, "sino que una vez conocida, y de estimar que no satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en el Estado de Guanajuato en representación del Consejo Consultivo Delegacional, con sede en León, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención la documental que adjunta, la cual se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele designado como delegados a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado del quejoso; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento que se hizo en providencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho; en ese sentido se acuerda: SE ADMITE la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Consejo Consultivo de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guanajuato. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, en el entendido que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. No se forma incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su intención la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza. Ahora bien, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo.
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