J. Jesús Zamarripa Molina
Expediente 287/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Jesús Zamarripa Molina
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de doce de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por ***********, por propio derecho, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, y como lo solicita el quejoso mediante su escrito, se ordena la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda y autorizando para recibirlos a la persona referida en el citado ocurso.
- Principal
Autoridad responsable cumple requerimiento. Visto el oficio con anexo, que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa los datos solicitados en el requerimiento formulado por acuerdo de nueve de abril pasado y remite copia certificada del proveído que se reclama en el presente juicio. Cumple prevención. Agréguese a sus autos el escrito que firma *******, por propio derecho, a través del cual se tiene por cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento formulado mediante proveído de nueve de los actuales, esto es, precisa, bajo protesta de decir verdad, que desconoce la fecha del auto reclamado y a quienes les fueron reconocido el carácter de postores, asimismo informa que presentó un escrito el diez del presente mes y año, por el cual se apersona al juicio laboral número *** Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultara indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de piano Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni Ileguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y ocursos de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracci6n III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. Ello en virtud de que la lectura del libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás documentales que obran en el sumario, en relación a los actos precisados, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Por su parte, el artículo 107, fracción IV, del mismo cuerpo de leyes establece: Articulo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valor las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Como se observa, la fracción XXIII transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que esta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y b) En el procedimiento de remate, solo procede el amparo en contra de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y de los escritos de cuenta, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, emerge que la parte quejosa reclama el auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio laboral número *** , mediante el cual fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia de remate respecto del bien inmueble conisstente en lote urbano ubicado en calle ***, conocido comercialmente como *** con superficie de seiscientos metros cuadrados, así como se ordenó llamar a los postores interesados a la audiencia de remate y se ordenó notificar al acreedor ***********, para que compareciera a la audiencia respectiva; determinación que no constituye la última resolución con que culmina esa etapa del procedimiento (remate), dado que la última resolución en el procedimiento de referencia será aquella que, indistintamente, en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de la posesión del bien rematado; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con número de registro 2011474, de la Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, libro 29, abril de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial Por lo antes expuesto, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada. Aunado a que el quejoso tiene pleno conocimiento del juicio laboral del que derivan los actos reclamados, como se advierte de los hechos que narró en su demanda de amparo y de las copias que adjunto de una tercería excluyente de preferencia que promovieron los actores del juicio laboral dentro del juicio sumario civil del cual es parte el aquí quejoso. Por tanto, al haberse reconocido, dentro del juicio laboral del que derivan los actos reclamados, el carácter de acreedor a la institución *******, la cual cedió su derecho hipotecario a la persona moral *******, y esta a su vez hizo una sección onerosa de derechos de crédito al aquí quejoso, es evidente que este puede comparecer al verificativo de la audiencia de remate hacer valer sus derechos. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento laboral tendiente a rematar el aludido bien inmueble, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción Ill, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. A mayor abundamiento debe precisarse que también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha determinación constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que no se lleve a cabo el remate del inmueble o incluso llevándose el mismo que se cubra el crédito de la parte quejosa con el producto de la venta, supuestos en los que desaparecerá cualquier violación que se alega en el presente juicio de amparo.
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