J. Jesus Valencia Rojas

Expediente 231/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 44 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
231/2019
Año
2019
Actuaciones
44
Última actuación
02/10/2019

Partes del expediente

  • J. Jesus Valencia Rojas y Otros.
  • J. Jesus Valencia Rojas
  • Tesorero Municipal de Teabo, Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el doce de septiembre del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables cuya residencia se encuentra fuera de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libraron los oficios 22914, 22915, 22916, 22917, 22918, 22919, 22920, 22921 y 22922, en los términos de la minuta que al efecto se anexa. Conste. Jard&.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 231/2019-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintiséis de febrero del año en curso, constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado e informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo y las que exhibió la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, que ofrecieron el agraviado, Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán y la referida presidenta (fojas 8 y 59); a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las documentales de mérito, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 178/2019 de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente juicio de amparo (fojas 44-47). En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 231/2019-VII-I promovido por J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas contra actos que reclama a la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 21 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán y otras autoridades, los cuales los hizo consistir en: a). La omisión o negativa de la responsable. C. Presidente Municipal de Teabo, Yucatán, Fabiola Loeza Novelo, de emitir acuerdo a mi escrito de solicitud hecha en fecha, doce de febrero del 2019, en el que solicito licencia de de funcionamiento para fabricar y distribuir tortillas de harina y maíz y molienda de nixtamal, y recibido en esa misma fecha, según consta en el sello de recibido que dice H. Ayuntamiento Teabo, Yucatán 2018-2021, a cuyo efecto exhibo como anexo 1), a este escrito de amparo con la cual acredito haber comparecido ante el C. Presidente Municipal de Teabo, Yucatán, a fin de solicitarle se me expidiera a mi costa licencia de funcionamiento, señalada con antelación, para abrir una tortillería ubicada en el predio número 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. b). La orden girada por la C. Presidente Municipal de Teabo, Yucatán, al Director de Seguridad Pública de Teabo, Yucatán, para que exijan al suscrito J. Jesús Valencia Rojas "alias" Jesús Valencia Rojas, la licencia de funcionamiento para la elaboración y venta de tortillas de harina y de maíz y molienda de nixtamal, para venta al público en general de la tortillería denominada Los Prado, ubicado en el predio número 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. c) La orden girada por el C. Presidente Municipal de Teabo, Yucatán, a sus autoridades ejecutoras, a fin de que sea clausurado el local denominado tortillería Los Prado, que se ubica en el predio número 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán, por no contar con la licencia de funcionamiento, a sabiendas que el suscrito no cuenta con dicha licencia, porque ella misma no la ha autorizado. d) La orden girada por el Presidente Municipal de Teabo, Yucatán, al Director de la Policía Municipal, bajo sus órdenes en su calidad de ejecutora que detengan a la persona del suscrito J. Jesús Valencia Rojas y a mis empleados que transiten en moto, bicicleta o triciclos, que se les sorprenda haciendo el reparto y venta de tortillas de harina, que fabrica mi negocio denominado Los Prado, en toda la ciudad y comisarías de Teabo, Yucatán, que se ubica en el predio número 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. e) Reclamo del Presidente Municipal, la orden girada a sus autoridades ejecutoras para que se me prive de la libertad por fabricar tortillas de harina y venderlas en la ciudad de Teabo, Yucatán. f) Los demás efectos y consecuencias que se deriven de las órdenes impugnadas, entre otros el cobro de piso, embargos, y en su caso el remate de mis bienes, que me sean confiscados porque afirma que ella es la autoridad que manda, en Teabo, sin importar que su actuar es en contra de la ley. La omisión consistente en que esta se ha negado a acordar respecto a mi solicitud de expedición de licencia de funcionamiento para fabricar, distribuir tortillas de haría y maíz y molienda de nixtamal. Que le fuera solicitado en fecha doce de febrero de dos mil diecinueve. Segundo. De la misma responsable Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán, reclamo la orden girada al Comandante de la Policía Municipal en su calidad de ejecutora, para que proceda a clausurar la tortillería denominada Los Prado, propiedad del suscrito J. Jesús Valencia Rojas "alias" Jesús Valencia Rojas, asimismo, reclamo de la misma responsable, la orden girada a la misma autoridad ejecutora para que prive de la libertad a la persona del suscrito J. Jesús Valencia Rojas "alias" Jesús Valencia Rojas, en cuanto lo vea vendiendo tortillas de haría y de maíz que proceda de la tortillería Los Prado en Teabo, Yucatán. Tercero. De la responsable Tesorero Municipal de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 2), reclamo la orden dada al Comandante de la Policía Municipal de Teabo para que clausure el local denominarlo tortillería Los prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Cuarto. De la responsable Síndico Municipal de Teabo, Yucatán, 3) reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su comandante de la policía municipal de Teabo Yucatán, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teatro Yucatán. Quinto. De la responsable Secretario Municipal de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 4), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su comandante de la policía municipal de Teabo, Yucatán, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Sexto. De la responsable Regidor de Seguridad Publica y Transito de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 5), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su Comandante de la Policía Municipal de Teabo para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Séptimo. De la responsable Regidor de Mercado, de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 6), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su Comandante de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Octavo. De la responsable Regidor de Rastro y Salud, de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 7), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su Comandante de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Noveno. De la responsable Regidor de Cementerio y Ecología, de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 8), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su Comandante de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Décimo. De la responsable Secretario de Salud y Director General de Servicio de Salud de Yucatán, de Teabo Yucatán, marcado con el numeral 9), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su Comandante de la Policía municipal de Teabo, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Décimo Primero. De la responsable Coordinador Estatal de Protección Civil, de Teabo, Yucatán, marcado con el numeral 10), reclamo la orden dada a las ejecutoras especialmente a su Comandante de la Policía Municipal de Teabo, Yucatán, para que se haga acompañar de sus subalternos a fin de clausurar el local denominado tortillería Los Prado, ubicado en el predio 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teatro Yucatán. Décimo Segundo. De la responsable ejecutora marcada con el numeral 11), C. Director de Seguridad Pública, René Javier Tuyub Valdez, reclamo la clausura que pretende llevar a cabo junto con su personal a su mando, en la negociación denominado Los Prado. Por órdenes de la C. Presidente Municipal de Teabo, Yucatán. Décimo Tercero. De la responsable ejecutora marcado con el numeral 12) Comandante de Seguridad Jorge Ismael May, reclamo, la clausura que pretende llevar a cabo junto con su personal a su mando en la negociación denominado Los Prado, por órdenes de la señalada en los numerales 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, señalado en el escrito inicial del presente amparo de mi comparecencia Décimo Cuarto. De la responsable en su calidad de ejecutora marcado con el numeral 13), Secretario de Seguridad Pública del Estado Comandante Felipe Saiden Ojeda, reclamo, la orden de clausura, que pretende llevar a cabo junto con su personal a su mando, en la negociación denominada Los Prado, por órdenes de la señalada en los numerales 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, señalado en el escrito inicial del presente amparo de mi comparecencia." II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual previa aclaración, se admitió en acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. Mediante acuerdos de veinticuatro de julio y doce de agosto del año en curso, este juzgado ordenó suspender toda comunicación con las autoridades que el quejoso señaló como Regidor de Cementerios y Ecología, Regidor de Rastro y Salud, Director de Seguridad Pública y Regidor de Mercado, todos de Teabo, Yucatán (fojas 139 y 152). C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclaman actos cuya ejecución podrían tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Tomando en cuenta que la congruencia de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo es una cuestión de orden público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por el quejoso en el presente juicio, son los siguientes: 1. La falta de respuesta a su escrito de doce de febrero del año en curso. 2. La orden de clausura del local denominado tortillería "Los Prado", ubicado en el predio doscientos tres de la calle treinta y uno entre treinta y treinta y dos de la localidad de Teabo, Yucatán y las consecuencias que deriven de ésta. 3. La orden de detención del quejoso J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. Las siguientes autoridades rindieron sus informes justificados en estos términos, respecto del acto reclamado consistente en la orden de clausura del local denominado tortillería "Los Prado", ubicado en el predio doscientos tres de la calle treinta y uno entre treinta y treinta y dos de la localidad de Teabo, Yucatán y las consecuencias que deriven de ésta; así como del diverso acto reclamado consistente en la detención del quejoso: Número de Orden Autoridad Sentido del informe Foja 1 Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. Niega 166 2 Síndico Municipal del Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. Niega 167 3 Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. Niega 168 4 Regidora de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. Niega 169 5 Comandante de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Teabo, Yucatán. Niega 170 6 Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Niega 54-56 7 Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Niega 26 8 Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. Niega 37 Asimismo, la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán, negó el acto reclamado consistente en la orden de detención del quejoso J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas (foja 165). Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables antes relacionadas negaron expresamente los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamado. La Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán, al rendir su informe con justificación, fue omiso en señalar si es o no cierto el acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito del quejoso J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas de doce de febrero del año en curso (fojas 103-107), sin embargo, realiza manifestaciones que evidencia su certeza, por lo que se tiene por cierto el acto en cuestión. Por otra parte, manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en la clausura del local denominado tortillería "Los Prado", ubicado en el predio doscientos tres de la calle treinta y uno entre treinta y treinta y dos de la localidad de Teabo, Yucatán . Lo anterior, se corrobora de las constancias remitidas a su informe con justificación, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo; por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados ya indicados. Quinto. Análisis de causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se realizará el análisis de las causales de improcedencia, previamente a estudiar el fondo de este asunto, en atención al contenido del artículo 62 de la ley de la materia. Precisado lo anterior, en cuanto al acto reclamado consistente en la falta en la falta de respuesta al escrito del quejoso J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas, de doce de febrero del año en curso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de acordar su escrito de doce de febrero del año en curso, a través del cual solicitó se le expida la licencia de funcionamiento para fabricar y distribuir tortillas de harina y maíz y molienda de nixtamal, en la tortillería denominada Los Prado, ubicado en el predio número 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el tres de julio de dos mil diecinueve (foja 117), atendió el escrito de doce de febrero del presente año, en la que determinó negar al aquí quejoso J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas, la licencia de funcionamiento para fabricar y distribuir tortillas de harina, maíz y molienda de nixtamal, en la tortillería denominada Los Prado, ubicado en el predio número 203 de la calle 31 por 30 y 32 de Teabo, Yucatán, en virtud de que no contaba con el dictamen de riesgo previsto por la Ley de Protección Civil Estatal, en su artículo 37, determinación que se hizo de su conocimiento por proveído de nueve de julio del año en curso, emitido por este Juzgado, al ponérsele a la vista dicha constancia, en virtud de que a la Secretaria Municipal de Teabo, Yucatán, no le fue posible entregar el contenido de la respuesta emitida a su petición, en razón de que el domicilio que proporcionó para que se le notificara se encontraba cerrado; todo lo anterior, se realizó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el dieciocho de febrero de esta anualidad. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable, pues es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán, atendió el tres de julio de dos mil diecinueve, la petición que se le formuló y lo hizo del conocimiento de la parte quejosa, constituyéndose los efectos de una situación que definitivamente hizo cesar el acto omisivo reclamado, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de clausura del local denominado tortillería "Los Prado", ubicado en el predio doscientos tres de la calle treinta y uno entre treinta y treinta y dos de la localidad de Teabo, Yucatán y las consecuencias que deriven de ésta, a juicio de este resolutor de amparo, considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ..." El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por otro lado, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, dispone lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud del amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra actos emitidos por tribunales jurisdiccionales, ya que para que la instancia resulte procedente éstos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional. De lo expuesto, se advierten los dos supuestos que generan el interés jurídico: a) La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, con registro 170500, que dice lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, con número de registro 217651, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Así pues, si en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Presidenta Municipal de Teabo, Yucatán, la orden de clausura del local denominado tortillería "Los Prado", ubicado en el predio doscientos tres de la calle treinta y uno entre treinta y treinta y dos de la localidad de Teabo, Yucatán, es evidente que debe acreditar el interés jurídico para instar este juicio de amparo, pues sólo así podría acreditar la afectación personal y directa que requiere la norma constitucional para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, valoradas positivamente al acreditar la existencia del acto reclamado, se advierte entre otras, la orden de visita dirigida al aquí quejoso Jesús Valencia Rojas, propietario del local denominado tortillería "Los Prado", ubicado en el predio doscientos tres de la calle treinta y uno entre treinta y treinta y dos de la localidad de Teabo, Yucatán (foja 112) y el acta de visita de inspección realizada a las doce horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de esta anualidad, por el Coordinador de Protección Civil Rusel de Jesús Moo Mutul, asistido de Jimi A. Chable Hua y Canche Gaspar Agueo, en la citada negociación, siendo que de la misma se desprende que se entendió la diligencia con el nombrado agraviado, con el fin de verificar que en dicho establecimiento con giro de fabricación de tortillas de harina y maíz y molienda de nixtamal, cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 37 de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, una vez realizada ésta, se pudo constatar con presencia de todos los que participaron en dicha diligencia, que no cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el señalado precepto legal, por tanto, se determinó que no podía funcionar dicho comercio, con fundamento en los artículos 87, 89 y 90, fracción II, de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán (fojas 114 y 115). Sentado lo anterior, cabe señalar que el quejoso acudió a esta vía jurisdiccional aduciendo una afectación a su esfera jurídica de derechos, con la clausura ejecutada, debido a que refiere es propietario de la negociación aludida; sin embargo, no exhibió documento o prueba alguna, para acreditar fehacientemente su interés jurídico para impugnar dicha clausura, lo anterior, en razón de que no cuenta con documento idóneo que acredite que al momento de la ejecución del acto reclamado tuviera los permisos legales correspondientes para tener en ese domicilio una fabrica de tortillas de harina y maíz y molienda de nixtamal, lo que debe ser demostrado fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. Así, ante la falta de las constancias con las que se acredite la afectación a un derecho subjetivo público, que el quejoso aduce violado, la clausura del establecimiento de mérito, no es un acto que afecte su interés jurídico, pues para ello era indispensable la demostración plena de la autorización legal emitida por la autoridad competente, que lo facultara a desarrollar su actividad económica dentro de los marcos legales establecidos en la ley, a fin de acreditar la titularidad de ese derecho. Por tanto, al no haber demostrado fehacientemente el quejoso con prueba suficiente y eficaz, que contara con los permisos referidos, es obvio que no puede inferirse a base de presunciones que tal acto afecta su interés jurídico. Al caso cobra aplicación la jurisprudencia número 321, de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que informa: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sin que sea óbice para resolver las cosas de esta manera, que se haya establecido la existencia del acto reclamado, ya que tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que con la emisión y ejecución de los actos se afecta su interés jurídico o legítimo y la inconstitucionalidad de este acto, de conformidad con las jurisprudencias números 325 y 853, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en las páginas 218 y 581, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden dicen: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías." Y la diversa de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deber observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguir siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En tales circunstancias, al surtirse la causal de improcedencia examinada, respecto de la orden de clausura reclamada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en relación con la clausura reclamada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús Valencia Rojas (o) Jesús Valencia Rojas, en contra de los actos que reclama a las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por la Presidenta Municipal, Tesorero Municipal, Síndico Municipal, Secretaria Municipal, Regidora de Seguridad Pública Municipal y por el Comandante Municipal, todas de Teabo, Yucatán, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, los cuales se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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