J. Jesus Valencia Guerrero
Expediente 298/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Jesus Valencia Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el trece de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que, por una parte, se sobreseyó el presente juicio de garantías, por la otra se negó y por último se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable ********************, Policía Municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán, por informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE a) Dejen insubsistente la infracción de tres de julio de dos mil veinte, consignada en el acta número ********************; y, b) Procedan a la devolución al quejoso de la licencia para conducir ******************** que se le retuvo en la fecha antes indicada; y, por consiguiente, o en su caso, se demuestre fehacientemente que ya le fue restituida. a) El Policía Municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán, ******************** para cumplir con la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la boleta de infracción con número de folio ********************, de fecha tres de julio del año dos mil veinte, surtiendo efectos en los sistemas legales y administrativos del registro digital interno de esa Dirección de Tránsito y Vialidad Municiapl. . b) Asimismo, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que en fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, hizo entrega real y material sin costo alguno para la parte quejosa ********************, de la licencia de conducir número ********************, lo que acredito con el acuse de recibo original firmado por el referido quejo. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues las autoridades responsables siguieron con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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Uruapan, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. INFORMAN CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo, téngase por recibidos y agréguense los oficios de cuenta, enviados por las autoridades oficiantes, por los cuales informan respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexan las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave 2ª./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Uruapan, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías, por otra se negó y finalmente se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsable Director de Tránsito y Vialidad y Policía Municipal Carlos Iván Hernández Méndez, adscrito a dicha Dirección, ambos con residencia en esta ciudad, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, den cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede la depuración del original del incidente, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución en los que se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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I. R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido vía electrónica, el veinte de agosto de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional en esa data, J. Jesús Valencia Guerrero, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán más adelante. II. El veintiuno de agosto del año en cita, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de haberse diferido tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, deben tenerse como actos reclamados en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por las responsables en apoyo a sus informes de ley, los siguientes: Del Ayuntamiento Constitucional, Presidente y Secretario de dicho Ayuntamiento, con residencia en esta ciudad: La aprobación del Reglamento de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad Municipal para el Municipio de Uruapan, Michoacán, como un sistema normativo que regula la conductas y sanciones en materia de seguridad pública, tránsito y vialidad, específicamente de su numeral 134; y, la orden de publicación. Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional, residente en esta ciudad: El inminente cobro de la ilegal multa que sin haber cometido conducta alguna, se impuso al suscrito. Del Director de Tránsito y Vialidad Municipal (denominación correcta), con sede en esta ciudad: La orden dada a todos sus elementos de imponer multas a conductores de esta ciudad. De Carlos Iván Hernández Méndez, agente adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal (denominación correcta), con sede en esta ciudad: El acto de aplicación de dicho numeral consistente en la infracción de tránsito número de folio 29664; y la desposesión de su licencia de conducir. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional, con residencia en esta ciudad, en razón de que al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para demostrar lo contrario; en tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del acto atribuido a dicha responsable, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. La responsable Secretario del Ayuntamiento Municipal, de esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen; empero, queda desvirtuada dicha negativa, pues al tratarse de un cuerpo normativo, acorde al principio que reza "la ley no es objeto de prueba", es innecesario algún medio de convicción para corroborar su existencia. Por su parte, las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional y Presidente Municipal, con residencia en esta ciudad, fueron omisas en rendir su informe de ley, no obstante de encontrarse debidamente notificadas de los oficios 8438/2020 y 8440/2020, deducidos del proveído de veintiuno de agosto pasado, relativo a la admisión de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos dichos actos, para todos los efectos legales a que haya lugar. Aunado a que esa certeza les es implícita atendiendo al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, además, con apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, la cual es del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Por su parte la responsable Carlos Iván Hernández Méndez, policía municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, la responsable Director de Tránsito y Vialidad de esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, se advierte que en el mismo hace valer diversas manifestaciones las cuales evidencian la existencia del mismo; por lo que se le tiene por cierto dicho acto. Por tanto, deberá tenerse por existente, conforme a lo expuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 206, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, registro número 394261, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, la certeza del acto de aplicación en cuestión, se corrobora con la documental que en original acompañó el quejoso a su demanda de amparo, consistente en la boleta de infracción número 29664 de tres de julio de dos mil veinte, de donde se desprende entre otras cosas, que se le retuvo al quejoso su licencia de conducir. Documental a la que se estima con valor probatorio pleno, al no impugnarse por las partes y por ser expedida por una autoridad, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar cualquier análisis, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, pues constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables Director de Tránsito y Vialidad y el policía municipal Carlos Iván Hernández Méndez, adscrito a dicha Dirección, ambas con residencia en esta ciudad, señalaron que los actos reclamados por la parte quejosa carecen de definitividad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicha causa es infundada, derivado de que el presente juicio de amparo contra leyes, se promovió con motivo del primer acto de aplicación concreta en perjuicio del quejoso del artículo 134 del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de esta ciudad; y, conforme al párrafo tercero de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. Así se establece textualmente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad." De ahí lo infundado de la causa propuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la tesis de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, tesis: I.6o.C.86 K, página: 968; de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR RECURSO ALGUNO. De acuerdo con el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el quejoso en el juicio de garantías puede, a voluntad, contra el primer acto de aplicación de la ley, agotar el recurso que proceda y posteriormente acudir al amparo contra la resolución que en éste se dicte, o bien ejercitar la acción constitucional, pero en ninguno de estos supuestos, si no se agota el recurso establecido por la ley estimada inconstitucional trae como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías, dado que si bien es cierto la fracción XIII del artículo y ley invocados establecen su improcedencia cuando existen recursos o medios de defensa dentro del procedimiento judicial que rige el acto reclamado, también lo es que cuando opera la excepción prevista en el comentado tercer párrafo de la fracción XII, que imperativamente preceptúa que si en contra del primer acto de aplicación combatido procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado "... será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo", por consiguiente, antes de acudir a éste, no existe la obligación de agotar recurso alguno cuando se reclama principalmente la inconstitucionalidad de una ley, en virtud de que sería contrario a los principios de derecho el que se exija a los quejosos someterse a las disposiciones de la ley cuya obligatoriedad impugnan, por conceptuarla contraria a la Constitución." Al no existir diversas causas de improcedencia qué analizar, ni que se adviertan de oficio, procede el examen de fondo del presente juicio. SEXTO. Estudio de constitucionalidad. Por cuestión de técnica jurídica, en primer lugar se analizarán los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en contra del reglamento tildado de inconstitucional; sin que sea necesaria la transcripción de los mismos, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevarla a cabo; además de que dicha omisión no lo deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia 2ª/J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En primer lugar, es necesario precisar que el juicio de amparo contra leyes tramitado en la vía indirecta encuentra sustento en la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Constitución Federal, y en la fracción I, inciso d) del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora bien, cuando como en el caso, la ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, la procedencia del juicio de amparo no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Una vez anotado lo anterior, como se señaló uno de los actos reclamados en el presente juicio lo constituye el proceso legislativo que dio origen al artículo 134, del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, para el Municipio de Uruapan, Michoacán. Así, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por el quejoso J. Jesús Valencia Guerrero, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". La parte quejosa señala en sus conceptos de violación que el artículo 134 del Reglamento en cita, contraviene lo establecido en los artículos 14, 16, 17, 21 y 22, , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho numeral viola el derecho a la presunción de inocencia, porque no contempla una multa fija donde previamente se le conceda la garantía de audiencia, por lo que se incumplen las formalidades esenciales del procedimiento, y la multa que se establece es excesiva. Dichos argumentos son inoperantes, por las razones que se expondrán a continuación. Lo anterior, toda vez que primeramente debe precisarse que, los conceptos de violación deben consistir, en su mejor expresión, en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Los elementos propios de estos argumentos deben ser, ordinariamente, los de cualquier razonamiento; esto es, la precisión de o las partes del acto reclamado contra las que se dirigen; las disposiciones o principios jurídicos que se estiman contravenidos y los elementos suficientes para demostrar racionalmente la infracción alegada. Empero, con el ánimo de optimizar el goce del derecho constitucional a la jurisdicción, conocido en otros países como la garantía del acceso efectivo a la justicia, los criterios de los tribunales federales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración en el viejo principio procesal relativo a que: 'las partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho'; la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, aunada a la manifestación sencilla y natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, familiar, laboral, etcétera, sufrida por el peticionario del amparo, desde su punto de vista y mediante el uso de un lenguaje directo y llano, con el propósito evidente de abandonar las exigencias técnicas extremas a las que se había llegado, que sólo los abogados con suficiente experiencia en cada materia jurídica podían satisfacer con la consecuencia no intencional pero real, de alejar cada vez más a la generalidad de la población de obtener la protección de la justicia, a través de la aplicación e interpretación del derecho. Para abordar el estudio de los conceptos de violación recién sintetizados, es necesario transcribir el artículo 134 del Reglamento del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, para el Municipio de Uruapan, Michoacán, el cual dispone: "Artículo 134. Queda prohibido dar la vuelta en «u» en bulevares y avenidas con o sin camellón central divisorio, con excepción de los lugares autorizados por la Dirección". Del precepto transcrito, se desprende que literalmente señala que queda prohibido dar la vuelta en 'u' en bulevares y avenidas con o sin camellón central divisorio, con excepción de los lugares autorizados por la Dirección; sin embargo, el quejoso en el cúmulo de manifestaciones que hace valer como conceptos de violación, no indica cuál es la fuente de su consulta para concluir que el artículo 134 del Reglamento del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, para el Municipio de Uruapan, Michoacán es inconstitucional. Lo cual, como se anotó provoca la inoperancia de los conceptos de violación sujetos a estudio, ya que el quejoso es omiso en señalar o, en su caso allegar a este juicio, el elemento de prueba en el que apoya sus afirmaciones, las cuales no pueden ser materia de estudio en función de que no existe un medio objetivo de convicción que sirva de punto de partida para emprender tal estudio. En otras palabras, el quejoso no contrasta ni pone en evidencia en este juicio, el porqué de la calificativa de inconstitucional del artículo reclamado; ello conduce a su vez que no se estime probado el estado de indefensión que destaca en su demanda En tales condiciones, ante lo inoperante de los argumentos expuestos por el quejoso, respecto del acto reclamado consistente en la expedición del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, para el Municipio de Uruapan, Michoacán, específicamente su artículo 134, con motivo del primer acto de aplicación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por J. Jesús Valencia Guerrero. SÉPTIMO. Análisis de los vicios propios del acto de aplicación. No obstante la determinación anterior, es factible analizar la boleta de infracción folio 29664, de tres de julio de dos mil veinte, emitida por la responsable Carlos Iván Hernández Méndez, policía municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con residencia en esta ciudad. Ello, pues es factible analizar las cuestiones de legalidad planteadas en la demanda respecto del acto en cita, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado con relación al ordenamiento legal impugnado. Ahora bien, respecto del acto que reclama el quejoso J. Jesús Valencia Guerrero, y que se hace consistir de manera esencial en la boleta de infracción de tránsito 29664, levantada el tres de julio del presente año, por la responsable Carlos Iván Hernández Méndez, policía municipal adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad, con residencia en esta ciudad, de la que derivó la retención de la licencia de conducir N04080926 tipo A del peticionario de amparo, y en el que aduce medularmente en uno de sus conceptos de violación que dicho acto de privación carece de fundamentación y motivación, requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo solicitado, como a continuación se verá. Ahora bien, conforme al artículo 16 de la Constitución General de la República, todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, pues dicho precepto es tajante al expresar que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por otra parte, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; así mismo, que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley. Que el requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 Constitucional, implica una obligación para la autoridad, de cualquier categoría que ésta sea, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución; que dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley y que los actos de autoridad administrativa que no estén autorizados por ley alguna, implican violación de derechos fundamentales. El artículo 16 Constitucional, tal y como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad de los actos de autoridad y, por ende, prevé la exigencia de justificar racionalmente sus actos que impliquen alguna molestia para los particulares y que se manifiesten en dos requisitos esenciales que deben concurrir necesariamente, fundar y motivar dicho acto de autoridad. La exigencia de fundamentación es el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretende imponer el acto de autoridad. La exigencia de motivación ha sido referida a la expresión de las razones o circunstancias por las cuales la autoridad consideró que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que aplicó. Así mismo, si bien el artículo 21, párrafo cuarto Constitucional, faculta a las autoridades administrativas para la imposición de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativo y de policía; sin embargo, dicha facultad no es absoluta ni el órgano de autoridad la puede ejercer de un modo arbitrario, sino que debe cumplir con la obligación de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, es decir, citando en forma clara y precisa la disposición violada cuya infracción se atribuye al gobernado, así como la que lo faculte a imponer determinada sanción y la sanción misma, de tal forma que si no cumple con tales requisitos, su actuación resulta transgresora de los derechos fundamentales contenidos en el diverso numeral 16 de la Carta Magna. Tiene aplicación la jurisprudencia número 86, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo III, Quinta Época, Materia Administrativa, del Apéndice 1995, que dice: "INFRACCIONES. SANCIONES IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACIÓN. Si bien, conforme al artículo 21 constitucional, tienen facultades para castigar las faltas, también lo es que deben fundar debidamente sus determinaciones, citando la disposición municipal, gubernativa o de policía cuya infracción se atribuye al interesado, y si no cumplen con tales requisitos, violan las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución." Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de la medida de que fue sujeta la parte quejosa, invocada en los hechos de que se trata. De lo anterior, se puede concluir que en materia administrativa, específicamente para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en el mismo se citen los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto; es decir, los supuestos normativos en que se encuentra la conducta del gobernado, además de especificarse los cuerpos legales y preceptos que otorguen la competencia o facultades para emitir el acto en agravio del gobernado. En esas condiciones, de la simple lectura de la boleta de infracción número N04080926, se advierte una falta de fundamentación y motivación. En efecto, de la documental levantada por el Oficial de Tránsito Carlos Iván Hernández Méndez, se obtiene que el quejoso J. Jesús Valencia Guerrero fue infraccionado el tres de julio de dos mil veinte, por el siguiente motivo: "Dar vuelta en "U" en lugar no autorizado" y dicha hipótesis la regula el artículo 134, del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, de esta ciudad, por lo cual se le retuvo la licencia para conducir N04080926 tipo A, a efecto de garantizar el interés fiscal del municipio, fundamentándose para ello en los artículos 191, 193, 199 y 204 del citado reglamento, los cuales en esencia disponen que las infracciones cometidas a dicho reglamento, se sancionaran con el equivalente en días de salario mínimo general vigente en la zona económica a que pertenece el Municipio, de acuerdo con el tabulador correspondiente. Sin embargo, el rubro de 'cantidad a pagar' se encuentra en blanco; por lo que, la retención de la licencia presupone la existencia de una sanción impuesta al ciudadano precisamente por la comisión de una infracción; y del acta de la responsable se aprecia que no se hizo especificación alguna al respecto, es decir, no se estableció expresamente la sanción que corresponde a la falta cometida, cuyo monto sería, en su caso, la cantidad cuyo pago se garantice con la retención de la licencia de conducir (sin que se haya especificado). En ese contexto, no es dable estimar que en el caso que nos ocupa la actuación de la responsable sea apegada a derecho, puesto que el acta en la cual se contiene el hecho constitutivo de infracción, no se encuentra debidamente fundada y motivada al carecer de la especificación expresa de la sanción que corresponde a la infracción cometida, cuyo pago o cumplimiento se garantizaría con la retención de la licencia para conducir N04080926 tipo A, lo cual es necesario para que el quejoso esté en aptitud de formular una defensa adecuada contra el acto de autoridad. Contrario a ello, se impuso una infracción y se llevó a cabo la retención de la referida licencia de que se duele el quejoso, sin darle a conocer cuál es el interés fiscal a pagar o la sanción a cumplir. Circunstancias que tampoco fueron complementadas por las autoridades policiacas, al rendir su informe justificado, pues se concretan a reiterar lo asentado en la boleta de infracción referida. En ese entorno, si bien el acto reclamado emana de una autoridad de tránsito y consta por escrito, es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 constitucional, el cual impone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado de manera suficiente, expresándose con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisión del mismo; y que exista, entre los motivos aducidos y las normas aplicables, una verdadera adecuación, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 178, Tomo VI, Novena Época, Materia Común, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.". También resulta ilustrativa la jurisprudencia número 40, visible en la página 146, Tomo III, Materia Administrativa, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación analizado, procede conceder a la parte quejosa J. Jesús Valencia Guerrero el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables Director de Tránsito y Vialidad y el policía municipal Carlos Iván Hernández Méndez, adscrito a dicha Dirección, ambas con residencia en esta ciudad, procedan en la forma siguiente: a) Dejen insubsistente la infracción de tres de julio de dos mil veinte, consignada en el acta número 29664; y, b) Procedan a la devolución al quejoso de la licencia para conducir N04080926 tipo A, que se le retuvo en la fecha antes indicada; y, por consiguiente, o en su caso, se demuestre fehacientemente que ya le fue restituida. Resulta innecesario el análisis de los demás conceptos de violación, pues con independencia de los planteamientos que ahí se contienen, su análisis no irrogaría a la parte quejosa un mayor beneficio, ya que la autoridad no podrá reiterar el acto reclamado. Es aplicable al respecto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 18, Tomo X, Agosto de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA, TRATÁNDOSE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE EMITE DE MANERA AUTÓNOMA, SI SE CONCEDE EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO BASTA CON DEJARLO SIN EFECTOS. Conforme a lo que prevé el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional son los de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que ocurriera la violación. Consecuentemente, si el amparo se concede ante la ausencia de fundamentación y de motivación de una orden administrativa que se emite de manera autónoma, es decir, sin atender a ninguna gestión, para su cumplimiento basta con que ese acto se deje sin efectos, pues tal era el estado que guardaban las cosas antes de que se cometiera la precisada violación constitucional." En el entendido de que diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". OCTAVO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús Valencia Guerrero por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso J. Jesús Valencia Guerrero, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente determinación. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso J. Jesús Valencia Guerrero, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente determinación CUARTO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables.
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