J. Jesús Tadeo Salazar
Expediente 1150/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- J. Jesús Tadeo Salazar
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el veintidós de julio de dos mil diecinueve, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de su esfera jurídica los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que fue recurrida y confirmada por el órgano colegiado revisor mediante ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el tres de agosto de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el diez de junio del presente año realizó una transferencia bancaria SPEI al impetrante valiosa por $20,361.75 (veinte mil trescientos sesenta y un pesos 75/100 moneda nacional), la cual fue ordenada el trece de febrero de este año. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, y que ordenó la devolución de la cantidad el trece de febrero de dos mil veinte, la cual se realizó mediante la transferencia bancaria precisada en el párrafo que antecede, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes marzo del año próximo pasado entre el mes de enero de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476 y para el mes de enero del presente año fue de 106.447, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028711971858209. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos cuarenta y cuatro centavos moneda nacional) menos el monto de $3.00 (tres pesos) por concepto de comisión bancaria, da como resultado el importe de $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.028711971858209), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,361.74 (veinte mil trescientos sesenta y un pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $568.3 (quinientos sesenta y ocho pesos y treinta centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; además, que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tepic, Nayarit, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio 1119/2019-C signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada por dicho Tribunal, en la que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra la sentencia dictada el veintidós de julio de este año y remite los autos originales del juicio de amparo 1150/2019. En consecuencia, acúsese recibo y agréguese el cuadernillo de antecedentes formado con motivo de la interposición del mencionado recurso de revisión. Ahora bien, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la sentencia de veintidós de julio de dos mil diecinueve, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que acate en sus términos el fallo protector de que se trata, dentro del término de DIEZ DÍAS, siguiente a la legal notificación de este auto y remita las constancias que así lo acrediten. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Asimismo, con sustento en el ordinal 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable en cita dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. ...." Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veintinueve de agosto del año en curso, del que se advierte que el Magistrado Presidente de ese Tribunal Colegiado, admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el que quedó registrado con el número 668/2019; en consecuencia, agréguese a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes. **
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