J. Jesús Solórzano Cisneros

Expediente 33/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
33/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • J. Jesús Solórzano Cisneros
  • J. Jesús Solórzano Cisneros y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso J. Jesús Solórzano Cisneros, a través del cual da cumplimiento a la prevención de catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 73) y precisa el acto reclamado de la siguiente autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio hipotecario 1119/2008, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que tiene el carácter de parte demandada, y en el cual se le instruye para que ocurra ante notario a firmar la escritura de adjudicación, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Independencia norte número cuarenta y siete de la ciudad de Huixtla, Chiapas. Acto reclamado que de acuerdo a su naturaleza, presenta efectos de ejecución material, pues a decir del impetrante de derechos fundamentales, la orden de embargo ya se materializó, así como el remate del inmueble que aduce ser de su propiedad, continuando con la escrituración de la adjudicación del mismo; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conociendo y resolver el presente asunto, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado en Turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejerce competencia esos órganos de control constitucional, en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. De lo que se sigue que no existe indicio alguno de ejecución del acto reclamado en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional, pues es evidente que las consecuencias del acto que se reclama solo tendrán verificativo en aquélla demarcación, a saber, en Huixtla, Chiapas. En efecto, el dispositivo 37 en cita, establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, sí tienen efectos positivos, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad a quien se atribuye dicho acto y lleva el indicado asunto. Por analogía cobra aplicación, en lo conducente, la tesis XIX.2o.P.T.9 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que tiene por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE". En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a quien se considera competente para conocer del asunto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a fin de que se tramite hasta su resolución Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, solicitando de no existir inconveniente legal alguno, remita el mismo, vía fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo de la misiva 4448/2019, con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que no obstante que en acuerdo de catorce de enero del año en curso (fojas 68 a 73), este Juzgado haya señalado haber recibido un certificado de depósito por la cantidad de $10, 000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), con lo que el quejoso garantizó la suspensión concedida; lo cierto es, que dicho documento se refiere a la constancia que obra a foja 42, la cual el Juzgado Primero Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denominó como certificado de depósito con folio ***, mismo que corresponde al comprobante que se le otorgó con la entrega del numerario que el quejoso exhibió para que surtiera efectos la medida concedida. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención de catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 73) y precisa el acto reclamado de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, previo a exponer las consideraciones por las que esta Juzgadora estima carecer de competencia para conocer y resolver el presente asunto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del Juicio Especial Hipotecario ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde el quejoso tiene el carácter de parte demandada, y en el cual se le instruye para que ocurra ante notario a firmar la escritura de adjudicación, respecto del bien inmueble ubicado en ***, apercibido que de no hacerlo la responsable lo hará en su rebeldía. Acto reclamado que de acuerdo a su naturaleza, presenta efectos de ejecución material, pues ordena otorgar formalmente la propiedad de un predio que ha sido rematado; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que en el acuerdo combatido se haya señalado notario en esta ciudad para que el amparista otorgue la escritura de bien adjudicado, pues ello no constituye un elemento objetivo para fincar competencia a esta autoridad de amparo, en virtud que, dicho fedatario fue designado libremente por la parte ejecutante en el juicio especial hipotecario, por lo que se entiende que dicha parte pudo optar por un notario de cualquier ciudad, ello aunado a que tampoco le reviste el carácter de autoridad responsable a este último, pues su intervención habrá de limitarse a dar fé de un acto traslativo de dominio en ejercicio de una función del Estado que le ha sido delegada y mediante la cual no crea, modifica o extingue un derecho u obligación, sino que constata su realización. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis I.3o.C.88 K , de rubro y texto siguiente: NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. En cambio, la ubicación del inmueble sobre el que versará la transmisión sí constituye un dato objetivo de ejecución, pues dicho bien es precisamente sobre el que versó el procedimiento de remate sustanciado en el juicio natural, es decir, la materia de la fase de ejecución que a la fecha ha concluido, restando únicamente que el bien le sea formalmente y materialmente entregado al adjudicatario. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conociendo y resolver el presente asunto, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado en Turno, con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejerce competencia esos órganos de control constitucional, en donde el acto reclamado deba tener ejecución. De lo que se sigue que no existe indicio alguno de ejecución del acto reclamado en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional, pues es evidente que las consecuencias del acto que se reclama solo tendrán verificativo en aquélla demarcación, a saber, en Huixtla, Chiapas. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado será ejecutado. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a quien se considera competente para conocer del asunto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a fin de que se tramite hasta su resolución Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, solicitando de no existir inconveniente legal alguno, remita el mismo, vía fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 144 de la Ley de Amparo se: RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ***, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable 7. Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva que solicitó ***, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables 8. Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, y 9. Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, todos con residencia en esta ciudad, por los motivos, fundamentos y efectos expuestos en los considerandos cuarto, quinto y sexto de esta interlocutoria. Notifíquese.

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