J. Jesús Salvador Moctezuma

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • J. Jesús Salvador Moctezuma

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de cuatro de febrero del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un auto que desechó la demanda; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones archivo Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en el Municipio de Cárdenas, San Luis Potosí y otra autoridad; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- respectivamente, bajo el númeral 51/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario señala como acto reclamado: La certificación elaborada el uno de enero de dos mil veintidós en el juicio ejecutivo mercantil 229/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas, promovido por Francisco Javier Ramírez Lugo, José Rodrigo Espinoza Hernández y Juan Cornelio Espiricueta, endosatarios en procuración de Gregorio Villalón López, en contra de J. Jesús Salvador Moctezuma Hernández -aquí quejoso-, y el acuerdo publicado por lista el uno de febrero de dos mil veintidós, en dicho juicio, en los que se hizo constar: La imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de muestreó caligráfico a cargo del demandado. La determinación de no admitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado. Que se corrió traslado al demandado con el incidente de falsedad de firma promovido en su contra por la parte accionante; y La determinación de que el demandado ya no tenía el derecho a designar perito de su parte en el incidente de falsedad de firma promovido en su contra y su negativa a estampar su forma en la certificación. Antecedentes del acto reclamado De la narración bajo protesta de decir verdad efectuada por el promovente en su escrito de demanda, se advierten como antecedentes los siguientes: 1. El acto reclamado deriva del Juicio Ejecutivo Mercantil 229/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en el Municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, promovido por Francisco Javier Ramírez Lugo, José Rodrigo Espinoza Hernández y Juan Cornelio Espiricueta, endosatarios en procuración de Gregorio Villalón López en contra de J. Jesús Salvador Moctezuma Hernández. 2. En el citado juicio se dictó sentencia definitiva el nueve de marzo de dos mil doce condenando a la demandada por las prestaciones que le fueron reclamadas. 3. El veintidós de julio de dos mil veinte, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses, el cual se admitió a trámite ordenándose das vista a la parte demandada para que estuviera en posibilidad de dar contestación al mismo. 4. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el juez natural admitió un incidente de falsificación de firma interpuesto por la parte actora en contra del demando, respecto de la firma estampada en el escrito por el cual se dio contestación al incidente de liquidación de intereses; ordenó notificar al demandado ese auto y correrle traslado con el incidente, a efecto de que formulara su contestación en el término de tres días y designara perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por conforme con el dictamen emitido por el perito designado por su contraria. 5. La notificación del referido auto se practicó a la demandada, mediante cédula, fijada en puerta, pues la diligenciaría asentó que se constituyó en el domicilio señalado por dicha parte procesal para oír y recibir notificaciones, sin que nadie atendiera a su llamado. 6. Inconforme con dicha actuación el demandado -aquí quejoso- interpuso incidente de nulidad de notificaciones, pues contrario a lo ordenado por el juez natural no se le corrió traslado con el incidente de falsificación de firma interpuesto en su contra. 7. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el promovente compareció ante el juzgado de origen, a la diligencia de muestreo caligráfico a su cargo, y se asentó una certificación en el expediente del juicio natural en la que se hizo constar: a) La imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de muestreo caligráfico a cargo del demandado y se fijó nueva fecha y hora para tal efecto. b) La determinación de no admitir el incidente de nulidad de notificaciones presentado por el demandado. c) Que se corrió traslado con el incidente de falsificación de firmas al demandado, para que en el término de tres días formulara su contestación, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por confeso de los hechos narrados en ese incidente. e) La especificación de que el demandado ya no tenía oportunidad de designar perito de su parte en el incidente de falsedad de firma, toda vez que para tal efecto ya se le había requerido desde el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. d) La determinación de que no fue deseo del demandado firmar la certificación. 8. El uno de febrero de la presente anualidad en la lista de acuerdos del juzgado de origen se publicó el auto en el que entre otras cuestiones se señaló lo asentado en la certificación de treinta y uno de enero del año en curso. -Determinaciones las dos últimas que constituyen el acto reclamado- Actualización de la causal de improcedencia Ahora bien, el acto reclamado consistente en la certificación elaborada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós en el juicio ejecutivo mercantil 229/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, y el acuerdo publicado por lista el uno de febrero de dos mil veintidós, en dicho juicio, no es un acto de imposible reparación, ya que será hasta que será hasta que se resuelva en definitiva el incidente de liquidación del que deriva el aludido incidente de falsificación, que podría advertirse o no afectación alguna a los derechos sustantivos del aquí quejoso. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como ya se estableció, el juicio natural ya se dictó sentencia definitiva y el acto reclamado fue emitido en un incidente de liquidación; sin embargo, el incidente de liquidación debe considerarse materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues tiene por objeto resolver un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, y dicha resolución obedecerá al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. Consecuentemente, la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación (como en el caso que nos ocupa), participará de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios, y por tanto hasta en tanto sea dictada dicha resolución la misma puede ocasionar una violación a los derechos sustantivos de las partes En ese contexto, debe considerarse que al procedimiento incidental de liquidación de intereses le son aplicables por analogía las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto relativas a los actos dentro de juicio. En esa tesitura, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución es de imposible reparación. También se establece que por "imposible reparación" debe entenderse aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esa determinación, no tiene el carácter de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no vulnera alguno de los derechos sustantivos del inconforme, consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, como son la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad personal, entre otros, sino que en todo caso constituye una mera violación adjetiva o en todo caso, procesal. El Tribunal Pleno se pronunció estableciendo su sentido y alcance de la irreparabilidad de los actos reclamados, precisando que para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Incluso, destacó, que ahora no es factible resolver los asuntos con el anterior criterio, el cual reconocía la procedencia del juicio de amparo "a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior", ya que de continuar aceptando ese criterio se incurría en desacato a la Ley de Amparo vigente. Con base en ello, es claro que en el caso sólo se afectan derechos adjetivos; si bien dicho precedente se emitió bajo la observancia de la ley de amparo actualmente abrogada considerando los conceptos de "afectación en grado predominante y superior" que actualmente abandonó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que sirve para establecer que las resoluciones que desechan o confirman incidentes, solamente producen afectaciones procesales o adjetivas. Resulta pertinente precisar que los actos que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V de artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, por actos de imposible reparación debemos entender aquellos actos intraprocesales que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en la resolución definitiva, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del promovente, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir a los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir. En consecuencia, los actos de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, son aquellos intraprocesales en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por los derechos constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Bajo ese contexto legal, el acto que se pretende combatir, no afecta de manera inmediata y cierta algún derecho sustantivo del peticionario de amparo, no produciéndose la hipótesis contemplada por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, para poder impugnar la resolución mencionada mediante el juicio de amparo indirecto. Máxime que, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que el incidente de liquidación de intereses en el que se promovió el diverso de falsedad de firma interpuesto en contra del aquí quejoso en el juicio ejecutivo mercantil de origen, está en trámite, pues no se ha dictado la resolución correspondiente, por lo que el aquí promovente tiene la posibilidad de obtener una resolución favorable a sus intereses. En tales condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada procede desechar de plano la presente demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, presentada por J. Jesús Salvador Moctezuma Hernández. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Autorizados Se tienen como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Guerrero Jaime y Aritzy Saraith González Soto, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del ordenamiento legal citado a Jorge Hugo Trejo Rivera, toda vez que no cuenta ese requisito. Por lo que hace a María Alejandra Ponce Castillo se le tiene como autorizada en términos de la parte final del segundo párrafo, por así haberse solicitado. Acceso al expediente electrónico Por otra parte, el promovente solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. En vista de que, tiene como nombre de usuario "BCTLEGAL", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio de amparo, mediante ese usuario. Asimismo, hágase del conocimiento al promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del sub-vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Notificación vía electrónica Por otra parte, el promovente señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aun las de carácter personal la vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por esa vía. Usuario sin registro Sin que sea el caso autorizar la consulta electrónica del presente expediente, la realización de notificaciones electrónicas, así como la presentación de promociones en esa vía al nombre de usuario "PabloGuerrero1297", pues, en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, no se encuentra registrado, como se asentó en la certificación secretarial de cuenta. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional (en un horario vespertino de 12:30 a 18:30 horas de lunes a viernes), en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto. Protección de datos personales Conforme a los artículos 9 y 68 de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federalrelativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del AcuerdoGeneral del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, queestablece las disposiciones en materia de transparencia, acceso ala información pública, protección de datos personales y archivos,se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasificacomo de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 108 de la LeyFederal en comento, en las versiones públicas de las resolucionesdictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán laspartes o secciones que en su momento tuviesen informaciónreservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, de conformidad con el acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ante Sheila Taideth Díaz Colín, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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