J. Jesús Rodríguez García
Expediente 195/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2018
Partes del expediente
- J. Jesús Rodríguez García
Actuaciones
- Principal
MESA VI,. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de trece de los cursantes (fojas 27 a 31), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio de este Juzgado no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número ****. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "." En ese sentido, es necesario precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en el auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitido en el expediente ****, por medio del cual el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, turna los autos a la ejecutora de su adscripción a efecto de poner en posesión a *********************, del inmueble ubicado en *****************************, autorizando el uso de la fuerza pública y en su caso el rompimiento de cerraduras. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "." A efecto de tener por acreditada la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra el quejoso en su escrito de demanda se advierte que fue llamado al juicio ordinario civil y en ejercicio de la acción plenaria de posesión ****, en su carácter de demandado, al cual se ordenó su emplazamiento, e incluso dio contestación a la demanda, mismo que fue resuelto en definitiva el doce de mayo de dos mil diecisiete, y resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada, con motivo del recurso de apelación ****, interpuesto por la parte demandada (aquí quejosa); incluso, se promovió el juicio de amparo directo **** que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de lo cual, se desprende que el acto reprochado en este juicio fue dictado dentro del período de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio del que deriva el acto reclamado, pues el propio quejoso refiere que posterior a la devolución de los autos con motivo del juicio de amparo directo promovido, fue que se ordenó la ejecución de la sentencia definitiva. En ese sentido, es que se considera que el acto reclamado -auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ****, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, mediante el cual se turnaron los autos a la ejecutora a efecto de poner en posesión a la parte actora el inmueble ********************************, fue emitido en etapa de ejecución de sentencia. Al respecto, cabe precisar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos de ejecución, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán alegarse las violaciones procesales cometidas en el mismo. Es decir, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia como presupuesto de procedencia del juicio de amparo promovido en la vía indirecta, que se reclame "la última resolución" dictada en el procedimiento respectivo; en el entendido que, en tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, cuando la parte quejosa, es parte en el procedimiento y ha comparecido al mismo, se considera que la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía bi-instancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J.32/2001 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31 del tomo XIII (abril de 2001), Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: "." Con lo cual se persigue limitar la procedencia del amparo hasta la última resolución que se dicte en la fase de ejecución de sentencia, a efecto de evitar abusos del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia. Por otra parte, también debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado supuestos de excepción a aquella regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata, siempre y cuando sean independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que puedan generar al quejoso una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, entendido como aquello en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; b) Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos que no se vinculen a la ejecución de la sentencia. Por tanto, si el acto reclamado en este juicio consiste en el auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ****, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, mediante el cual se turnaron los autos a la ejecutora a efecto de poner en posesión material del inmueble materia de la Litis a la parte actora, para dar cumplimiento a la resolución definitiva dictada en autos del juicio de origen, debe decirse que ésta no constituye la última determinación en la etapa de ejecución de sentencia, pues el juicio de amparo, de conformidad con la causa de improcedencia en estudio, sólo puede controvertirse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en la que se podrán reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. En efecto, si de los antecedentes narrados por el quejoso se advierte que tuvo conocimiento del juicio de origen, por haber sido llamado en su carácter de demandado, el amparo en la vía indirecta es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, tuvo conocimiento del juicio natural y en su caso la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. Sirve de apoyo a lo determinado la Jurisprudencia VI.2º.C.J/253 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de 2005, Novena Época, Materia Civil, consultable en la página 1331, que a la letra dice: "." Por lo expuesto, atento a lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, relación con el diverso numeral 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por *********************, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, por así haberlo señalado el quejoso expresamente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************** y **********************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a *******************, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN A SECRETARIOS. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Notifíquese.
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