J. Jesús Paredes Pérez y Otros.

Expediente 838/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
838/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • J. Jesús Paredes Pérez y Otros.
  • Bruno Paredes Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguense en autos el oficio y anexo remitidos por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil número 162/2018 de su índice, interpuesto por ********** y **********, ambos de apellidos **********, por conducto de su autorizado **********, en contra del auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por los quejosos ********** y **********, ambos de apellidos **********, en contra del auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene a autorizado de la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este tribunal determinó el nueve de octubre del año en curso, desechar la demanda de amparo promovida por J. Jesús y Bruno, ambos de apellidos Paredes Pérez, por resultar notoriamente improcedente. IV. Sin que haya lugar a suspender el procedimiento de conformidad con el artículo 102 de la Ley de la materia, toda vez que en el presente asunto no ha iniciado, dado el desechamiento que se combate.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, ambos de apellidos **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 838/2018-II. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio intestamentario ************* de su índice, mediante la cual, al resolver el recurso de revocación que interpusieron los coherederos **********, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, revocó el auto de veintisiete de agosto del año en curso; y declaró procedente la revocación del cargo de albacea de ********** y respecto del nuevo nombramiento de albacea a efecto de respetar la garantía de audiencia de los coherederos que no firmaron, señaló fecha y hora para la junta de herederos. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que: Ante el Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, se encuentra radicado el juicio intestamentario *************, a bienes de **********, en el que se designó como albacea a **********, quien aceptó y protestó el cargo. Seguidos los trámites, el veintitrés de agosto pasado, los coherederos **********, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, promovieron revocación del cargo de albacea ante Juez Único Civil de Partido de Apaseo, el Grande, Guanajuato, quien en providencia de veintisiete de agosto del año en curso, desechó dicha solicitud. Inconforme con dicha determinación, los referidos coherederos interpusieron recurso de revocación, y mediante resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el juez revocó el referido auto, a efecto de declarar procedente la revocación del cargo de albacea de ********** y respecto del nuevo nombramiento de albacea que señalaron, para respetar la garantía de audiencia de los coherederos (hoy quejosos) que no firmaron, señaló fecha y hora para la junta de herederos.-acto que constituye el acto reclamado-. Por lo antes expuesto, se considera que la determinación reclamada, no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, toda vez que únicamente se determina revocar el cargo de albacea que se había conferido a uno de los coherederos y se fija nueva fecha para la junta de herederos, lo que evidencia que no se trata de la resolución que da por concluida dicha etapa, por lo que las violaciones procesales que alega las podrá impugnar mediante amparo indirecto cuando concluya la mencionada etapa. Además, de que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que decida el fondo de dicha sección, si esté es favorable a los intereses de los accionantes, y en caso contrario, de resultar opuesta, pueden reclamarla en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la resolución interlocutoria que decida dicha etapa. Lo anterior es así, en virtud de que el juicio sucesorio intestamentario constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión. Esta comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios y declaratoria de herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos. En la tercera etapa, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas. La cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento. De ese modo, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados al juicio y que tuvieron participación activa en él. Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del juicio sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. Además, que dicha resolución no es autónoma ni independiente de la ponga fin a la indicada sección. Cabe destacar, que dicho criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en la ejecutoria de veinticinco de julio de dos mil dieciocho al resolver el recurso de revisión 87/2018 de su estadística, que se interpuso en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo 823/2017 del índice de este juzgado. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédulas profesionales números **************, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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