J. Jesus Ortiz Cerda y Otros.

Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
568/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • J. Jesus Ortiz Cerda y Otros.
  • J. Jesus Ortiz Cerda
  • Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario 17 en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites y no se hace mayor pronunciamiento Visto el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 462/2019, donde tuvo por recibida la información sobre la expedición de certificados por parte del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no se hace un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, teniendo en consideración esa información proporcionada directamente a este juzgado por la autoridad agraria registral relativa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa trámites. Vistos los oficios de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa del dictado de los acuerdos de cinco y veinte de los actuales en el juicio agrario de origen y atento a su contenido, se ordena tener en consideración al momento que se realice la calificativa del cumplimiento de la sentencia de amparo o no. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito de cuenta. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el doce de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a J. JESÚS ORTÍZ CERDA y MA. NICOLAZA ORTIZ CERDA, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, ambos con sede en esta ciudad. Así, en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia. Por oficios presentados el veinticuatro de agosto de este año y diez de octubre en curso, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mientras que, el Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, por oficios presentados el ocho de septiembre y tres de octubre, ambos de este año, exhibió las documentales a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia en lo que a su esfera competencial corresponde. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestar lo que a sus intereses corresponde. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "a) El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, provea lo que corresponda en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio agrario número 462/2019, en particular lo relativo a la expedición de los certificados parcelarios que acrediten que los hoy quejosos MA. NICOLAZA y J. JESÚS, ambos de apellidos ORTIZ CERDA, son titulares de las parcelas 135 Z-1 P1/1 y 219 Z-1 P1/1; y, b) El Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, provea de inmediato sobre las solicitudes de inscripción de sentencia y expedición de certificados que los ahora quejosos le presentaron el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno." I. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, dentro del juicio agrario número 462/2019, realizó lo siguiente: - Con fecha veintidós de agosto de dos mil veintidós, ordenó al Encargado del Registro Agrario Nacional, expedir los certificados parcelarios que acreditan a Ma. Nicolaza y J. Jesús ambos de apellidos Ortiz Cerda, como titulares de las parcelas 135 Z-1 P1/1 y 219 Z-1 P1/1, respectivamente, en el ejido denominado "Pueblo Viejo", municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. - Con fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, tuvo al citado órgano Registral, informando que inscribió la sentencia dictada en el juicio de origen en el Folio de Ejidos y Comunidades con número 16103002129111923R; por lo que canceló los certificados que ordena la sentencia y expidió dentro de su Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR9 los certificados parcelarios números 1068454 a favor de J. Jesús Ortiz Cerda y 1068455 a favor de Ma. Nicolaza Ortiz Cerda; y requirió a la autoridad registral para que se remitiera copia certificada de los trámites tendentes a la entrega de los certificados indicados; lo que así reiteró en diverso acuerdo de veinte de este mes y año. II. El Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, allegó el oficio de ejecución número MIC/000045/2022, de veintiocho de septiembre de este año, donde se informa sobre la cancelación de los certificados que ordena la sentencia dictada en el juicio agrario 462/2019, así como la expedición en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), de los certificados parcelarios número 1068454, a favor del quejoso J. Jesús Ortiz Cerda y el diverso número 1068455, a favor de la quejosa Ma. Nicolaza Ortiz Cerda. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa. Por otra parte, en torno al escrito de cuenta presentado por la apoderada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que realiza diversas manifestaciones en torno a los actos que aún deben realizar las responsables para que se les pueda tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Así, en torno al acto atribuido al Encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, refiere que para verificar que sea cierto lo informado en torno a que ya expidió los certificados parcelarios a favor de los quejosos, solicita que se le requiera para que señale día y hora de despacho para acudir a sus oficinas y se le entreguen materialmente los certificados parcelarios que aduce ya se encuentran generados a favor de los quejosos y que una vez que se le sean entregados se le podrá tener al órgano registral por cumplimiento de manera total y definitiva con la sentencia de amparo. Al respecto, dígase a la parte quejosa que no procede requerir a la responsable para ese fin, toda vez que sería imponerle un lineamiento o cuestión que no fue materia de la concesión del amparo dictada en el presente asunto, ya que no se le impuso como obligación que debería señalar un día y hora para la entrega de los certificados expedidos a favor de los quejosos; máxime que, no se advierte un impedimento legal o material para que la parte quejosa, por sí o por conducto de su representante legal, pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable perteneciente a la Delegación en Michoacán del Registro Agrario Nacional, a fin de que se les entreguen los certificados expedidos a su favor. También, no existe un indicio que haga suponer que lo informado por la responsable en torno al cumplimiento de la sentencia no sea cierto y sea necesario verificarlo, ya que en el juicio de amparo rige el principio de buena fe procesal, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan con probidad y el sincero convencimiento de que les asiste la razón; es decir, un obrar honesto sobre la convicción de que la prueba es lícita, pues de lo contrario la propia Ley de Amparo, en su artículo 262, fracción I, prevé y sanciona aquella conducta de la responsable al rendir informe previo o con justificación donde exprese un hecho falso o niegue la verdad. En torno a la manifestación que realiza en el sentido de que se tenga al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, por cumpliendo con la ejecutoria de amparo, hasta que haya corroborado que el órgano registral ya generó y expidió los certificados parcelarios en favor de los quejosos, con base en la sentencia dictada en el juicio agrario número 462/2019; en ese sentido, es preciso señalar que la concesión del amparo en torno de dicha autoridad también fue muy específica y se delimitó únicamente a que se proveyera en torno a la expedición de los certificados parcelarios en favor de los quejosos, más no que tuviera que vigilar actos subsecuentes a los ordenados, máxime que esa actuación de vigilar la expedición de los certificados será en función del cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen, como ya lo hizo a través de su acuerdo dictado el cinco de octubre de este año, donde requirió al órgano registral para que en el término otorgado le remita las constancias sobre el trámite para la entrega de los certificados aludidos. Por tanto, no procede requerir a los responsables en los términos que solicita la parte quejosa, ya que se estaría requiriendo diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo y ésta no puede abarcar actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse; con lo cual, además se estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; ya que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su alcance los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, en los términos en que fue dictado el fallo protector. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintidós. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio d ejecución número MIC/000045/2022, donde se informa sobre la cancelación de los certificados que ordena la sentencia dictada en el juicio agrario 462/2019, así como la expedición en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), de los certificados parcelarios número 1068454, a favor del quejoso J. Jesús Ortiz Cerda y el diverso número 1068455, a favor de la quejosa Ma. Nicolaza Ortiz Cerda. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, como en autos ya obra rendida la información sobre los requerimientos que formuló el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, para que la autoridad registral cumpliera con la sentencia dictada en el juicio agrario número 462/2019, procede, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Parte quejosa deberá de estarse a lo acordado. Por otra parte, visto el escrito de cuenta que suscribe la autorizada de la parte quejosa, a través del cual solicita que se requiera al Registro Agrario Nacional en el Estado, a fin de que cumpla con la sentencia de amparo; al respecto, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en párrafos precedentes donde se tuvo al encargado de dicha dependencia remitiendo las constancias con las que intenta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con las que se ordenó dar vista a la parte promovente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintidós. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Visto el oficio de cuenta que suscribe el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio d ejecución número MIC/000045/2022, donde se informa sobre la cancelación de los certificados que ordena la sentencia dictada en el juicio agrario 462/2019, así como la expedición en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), de los certificados parcelarios número 1068454, a favor del quejoso J. Jesús Ortiz Cerda y el diverso número 1068455, a favor de la quejosa Ma. Nicolaza Ortiz Cerda. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, como en autos ya obra rendida la información sobre los requerimientos que formuló el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, para que la autoridad registral cumpliera con la sentencia dictada en el juicio agrario número 462/2019, procede, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Parte quejosa deberá de estarse a lo acordado. Por otra parte, visto el escrito de cuenta que suscribe la autorizada de la parte quejosa, a través del cual solicita que se requiera al Registro Agrario Nacional en el Estado, a fin de que cumpla con la sentencia de amparo; al respecto, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en párrafos precedentes donde se tuvo al encargado de dicha dependencia remitiendo las constancias con las que intenta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con las que se ordenó dar vista a la parte promovente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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