J. Jesús Orozco Elviro

Expediente 1572/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1572/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • J. Jesús Orozco Elviro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SE HUBIESE INTERPUESTO RECURSO ALGUNO EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2º DE LA LEY DE AMPARO Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA EN CITA, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY; HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, EMITIDO POR LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EN SUS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, TODA VEZ QUE SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE AMPARO, FUERA DE AUDIENCIA.HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA NO MANIFESTÓ OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO, DEL REFERIDO ACUERDO GENERAL, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO EN ORIGINAL, PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por recibida la constancia que suscribe el actuario judicial adscrito, por la cual informa la imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve, por las razones que expone. Con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, practíquesele la notificación de dicho proveído, mediante lista de acuerdos, para su conocimiento y efectos legales conducentes; así como las subsecuentes notificaciones, inclusive las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA PA LA PARTE QUEJOSA, OR MEDIO DE LISTA EL DIVERSO ACUERDO DE UNO DEL MISMO MES Y AÑO, EL CUAL DICE: Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el cual informa la imposibilidad que tiene para rendir el informe justificado, debido a las razones que expone en el comunicado de mérito, el cual se ordena agregar a las presentes actuaciones para los efectos legales conducentes. Luego, visto el anexo allegado por la citada autoridad, y en atención al artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso en concreto, del escrito de demanda se aprecia que J. Jesús Orozco Elviro, promovió juicio de amparo reclamando la omisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de acordar el escrito presentado el cinco de abril del presente año. En tanto que, de las constancias que allegó la autoridad responsable, el citado Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, acompañó copia del auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, del cual se desprende que atendió el escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, por Hugo Eloy López Rodríguez, quien es apoderado de la parte actora, aquí quejosa. Constancias que gozan de eficacia probatoria plena, por tratarse de documentos públicos, según lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, por tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en tanto que, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho que se hubiese violado a la parte quejosa, y a cumplir lo que el mismo exija, por tener, el acto reclamado naturaleza negativa. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la omisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de atender al escrito presentado el cinco de abril del año en curso, por el apoderado de la parte actora en el juicio laboral 1961/2015-D, quien es parte quejosa en el presente juicio constitucional. Sin embargo, de la constancia allegada por la autoridad responsable, específicamente del auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se desprende que dio contestación al citado escrito presentado por la parte actora. Bajo ese contexto, si la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que la autoridad señalada como responsable había sido omisa en atender el escrito presentado en el juicio laboral de origen, promovida el cinco de abril de dos mil diecinueve; lo cierto es que al haberse atendido mediante auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, han cesado los efectos del acto reclamado. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho violado y cumplir lo que dicho derecho mande, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la omisión de acordar el escrito presentado por el apoderado del aquí quejoso, se traduce en una dilación procesal, cuya naturaleza es una abstención, misma que se encuentra entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación de la autoridad responsable de pronunciarse sobre el acto de molestia, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe el acto materia de reproche, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional, en que la quejosa es parte procesal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús Orozco Elviro, contra la omisión reclamada al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causa que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el hecho de que no obre constancia de notificación a la aquí parte quejosa de la resolución de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, donde se dio contestación al escrito de cinco de abril del mismo año, toda vez que será notificado de manera personal del presente acuerdo, donde se le hace del conocimiento de las actuaciones del juicio de origen. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional, misma que se encuentra fijada para las nueve horas con treinta minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve. Sin que pase inadvertido para quien hoy resuelve, que a la fecha no se haya realizado designación de terceros interesados, pues resulta innecesario en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Notifíquese personalmente.

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